En la madrileña calle de Ferraz, en la sede histórica del Partido Socialista Obrero Español, la política se mezcla con la burocracia, la estrategia electoral. Durante años, esa maquinaria interna ha funcionado como un reloj hasta que la investigación del caso Koldo comenzó a levantar el velo sobre la cara menos visible del engranaje socialista.
Hoy, una nueva declaración en el Tribunal Supremo ha añadido otra pieza al rompecabezas. El ex gerente del PSOE, Mariano Moreno, ha confirmado ante el juez que Koldo García, ex asesor del exministro José Luis Ábalos, era el encargado de distribuir el dinero destinado a los gastos de la Secretaría de Organización del partido. Esta afirmación, más allá de su literalidad contable, abre interrogantes sobre los controles internos del principal partido del Gobierno y sobre la delgada línea que separa lo administrativo de lo político.
Moreno compareció ante el Supremo después de que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectara un descuadre entre los gastos declarados por el PSOE y los soportes documentales que los acreditaban. Algunos pagos carecían de justificación escrita; otros aparecían en metálico, sin trazabilidad clara.
Interrogado por la naturaleza de esos fondos, el ex gerente admitió que no podía precisar su destino exacto, pero sí apuntó a un patrón constante: “Koldo era quien siempre recibía las entregas de dinero”. Según su versión, esos importes eran liquidaciones colectivas que el ex asesor de Ábalos se encargaba de repartir entre los miembros del equipo de la Secretaría de Organización. En apariencia, una práctica interna sin mayor trascendencia; en la práctica, una anomalía que inquieta tanto a los investigadores como a los observadores del funcionamiento orgánico de los partidos políticos.
Koldo, el gestor sin cargo
Lo más llamativo es que Koldo García no tenía cargo orgánico en el PSOE. No era tesorero, ni gerente, ni ocupaba posición alguna en la estructura de Ferraz que le autorizase a manejar fondos.
Sin embargo, su nombre aparece cada vez más en los circuitos financieros de la Secretaría de Organización, un espacio clave en la vida interna del partido. Desde allí se gestionan los desplazamientos de campaña, los actos públicos, los suministros logísticos y parte de los recursos destinados a la movilización territorial.
El propio PSOE reconoció esta semana, en un escrito remitido al juez Leopoldo Puente, que Koldo podría haber tenido “alguna intervención en la gestión de los cobros de liquidaciones de gastos en metálico”. Una admisión que busca, quizá, anticiparse a los hallazgos judiciales, pero que pone en evidencia la falta de control sobre los flujos internos de dinero.
Para los investigadores, esa frase fue una señal: el partido empezaba a reconocer, de forma indirecta, que presuntamente podría haber zonas grises en su contabilidad interna.
Dinero y “chistorras”
Durante la declaración, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, fue al grano. Le preguntó al ex gerente si en la sede de Ferraz se manejaban billetes de 500 euros, que en la jerga de la trama eran conocidos como “chistorras”.
Moreno respondió con un rotundo “no”. Tampoco pudo aclarar si la cuenta de donaciones del partido operaba únicamente por transferencia o también en efectivo. Detalles técnicos, sí, pero que para los investigadores resultan cruciales: el rastro del efectivo es, en cualquier caso, el rastro del poder discrecional.
La declaración de Moreno dejó más sombras que certezas. Y en ese terreno de ambigüedad, el caso Koldo sigue expandiéndose hacia ámbitos que tocan el núcleo financiero del partido.
Mientras tanto, en Ferraz se impone la prudencia. En el partido repiten el mismo argumentario: “Colaboramos con la Justicia y aportamos toda la documentación requerida”. Sin embargo, internamente, el malestar crece.
Algunos cuadros medios admiten que el episodio revela una estructura de gestión envejecida, donde los procedimientos se confunden con los hábitos y donde la proximidad al poder otorga, de facto, atribuciones informales. El caso Koldo, que comenzó como una investigación sobre presuntas mordidas en contratos de mascarillas durante la pandemia, ha derivado en un examen moral sobre la cultura del PSOE.
Burocracia bajo sospecha
Los partidos políticos españoles arrastran, desde hace décadas, una debilidad estructural en su gestión financiera interna. Aunque las leyes de financiación de partidos imponen auditorías y límites a las donaciones, la zona de los gastos menores sigue siendo un espacio opaco, difícil de fiscalizar.
En teoría, son fondos de funcionamiento; en la práctica, un terreno fértil para el clientelismo y la informalidad. Koldo García se movía con naturalidad en ese terreno: hombre de confianza, intermediario, figura intermedia entre el aparato y la acción política. El tipo de perfil que los partidos suelen premiar por su eficacia y fidelidad, y que rara vez deja huella documental.
Lo más inquietante del caso no es el volumen del dinero, sino la normalización de la opacidad. La práctica de “liquidaciones colectivas” en metálico, sin identificación de destinatarios ni soporte documental, sugiere una cultura de gestión donde la trazabilidad es secundaria.
En otras palabras: un sistema basado más en la confianza personal que en el control institucional. Esa lógica, según expertos en gobernanza partidaria, explica por qué la frontera entre lo orgánico y lo privado se desdibuja con tanta facilidad. En los partidos, el dinero pequeño siempre ha sido el gran problema. Nadie roba millones, pero todos miran hacia otro lado cuando el efectivo se mueve con discreción.
Herencia incómoda
El caso ha colocado en una posición incómoda al presidente Pedro Sánchez. Aunque el gobierno y la dirección socialista insisten en desvincular la trama de la actual gestión, cada nueva revelación devuelve el foco a un pasado reciente donde Koldo García era parte del círculo de confianza de Ábalos, uno de los hombres más poderosos del Ejecutivo.
La erosión no es solo judicial: es simbólica. La imagen del PSOE como partido garante de la transparencia y la integridad pública se ve afectada por una sucesión de episodios que evocan los vicios de una vieja política que el sanchismo prometió superar.