La educación pública desborda Madrid: miles de docentes desafían las restricciones de Ayuso y exigen negociar

UGT denuncia que las nuevas instrucciones de la Consejería de Educación amenazan la libertad sindical y el derecho de huelga, mientras el profesorado reclama menos alumnos por aula, mejores condiciones laborales y más recursos para los centros públicos

21 de Noviembre de 2026
Actualizado a las 11:33h
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Miles de docentes, estudiantes y familias participan en la manifestación por la educación pública celebrada este viernes 20 de noviembre de 2026 en Madrid. Fotografía Agustín Millán
Miles de docentes, estudiantes y familias participan en la manifestación por la educación pública celebrada este viernes 20 de noviembre de 2026 en Madrid. Fotografía Agustín Millán

Las calles del centro de Madrid han vuelto a teñirse de verde este viernes 20 de noviembre. Miles de docentes, estudiantes y familias han recorrido la Gran Vía para defender la educación pública y reclamar al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso una negociación que permita resolver la huelga indefinida iniciada hace más de un mes. La manifestación ha reunido a 12.000 personas, según la Delegación del Gobierno, y 70.000, según el comité de huelga, en una nueva demostración de la magnitud del conflicto educativo que atraviesa la Comunidad de Madrid.

Miles de docentes, estudiantes y familias participan en la manifestación por la educación pública celebrada este viernes 20 de noviembre de 2026 en Madrid. Fotografía Agustín Millán
Miles de docentes, estudiantes y familias participan en la manifestación por la educación pública celebrada este viernes 20 de noviembre de 2026 en Madrid. Fotografía Agustín Millán

La movilización, respaldada por UGT Servicios Públicos Madrid junto con otras organizaciones sindicales y colectivos educativos, ha estado marcada por el rechazo a las nuevas instrucciones de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, dirigida por Mercedes Zarzalejo. Unas medidas que, según los convocantes, pretenden restringir la expresión sindical en los centros y dificultar el ejercicio del derecho de huelga.

La protesta ha trasladado a las calles una reivindicación que va más allá de las condiciones laborales del profesorado: garantizar una enseñanza pública con recursos suficientes, plantillas estables, instalaciones adecuadas y tiempo para atender las necesidades del alumnado.

Galería fotográfica de la manifestación

Los sindicatos denuncian un ataque al derecho de huelga

UGT Servicios Públicos Madrid ha mantenido una posición activa en las movilizaciones y ha anunciado que recurrirá ante los tribunales las últimas medidas aprobadas por la Administración autonómica.

Javier Becerra García, secretario del Sector de Enseñanza del sindicato, ha denunciado en un comunicado que las nuevas disposiciones presentan indicios de vulneración de derechos fundamentales. Afecta especialmente a la Orden 4977/2026, que modifica los servicios mínimos de la huelga indefinida. La normativa obliga a determinados docentes de segundo de Bachillerato a impartir con normalidad el 50 % de sus horas lectivas en las materias de la PAU, porcentaje que aumentará al 75 % desde febrero y al 90 % a partir de mayo.

«Eso no es un servicio mínimo: es el funcionamiento ordinario del servicio», advierte el comunicado de UGT encabezado por Becerra, que considera que estas obligaciones pueden dejar sin eficacia la huelga para una parte importante del profesorado.

El sindicato sostiene que la Administración debe garantizar los servicios esenciales sin vaciar de contenido un derecho constitucional. Su servicio jurídico ha anunciado que acudirá a los tribunales para cuestionar las medidas.

Las instrucciones sobre neutralidad encienden la protesta

El endurecimiento de los servicios mínimos no ha sido el único motivo de indignación. La Consejería ha distribuido instrucciones sobre neutralidad institucional que restringen la exhibición de determinados mensajes políticos y sindicales en fachadas, vallas y espacios comunes de colegios e institutos. También impiden utilizar las clases para promover la adhesión del alumnado a una huelga o protesta.

Las disposiciones mantienen la excepción de los tablones sindicales reconocidos legalmente, pero incorporan mecanismos para que familias, estudiantes y trabajadores puedan comunicar posibles incumplimientos a la Inspección Educativa.

El Gobierno regional defiende que estas normas buscan evitar el adoctrinamiento y preservar la neutralidad de los centros públicos. Sin embargo, los sindicatos consideran que pueden confundir la propaganda partidista con el ejercicio legítimo de la libertad sindical.

Para el comité de huelga, el problema no consiste en cuestionar la neutralidad institucional, sino en impedir que esta se convierta en un instrumento para restringir derechos.

Miles de docentes, estudiantes y familias participan en la manifestación por la educación pública celebrada este viernes 20 de noviembre de 2026 en Madrid. Fotografía Agustín Millán
Miles de docentes, estudiantes y familias participan en la manifestación por la educación pública celebrada este viernes 20 de noviembre de 2026 en Madrid. Fotografía Agustín Millán

«Etiquetar de comunista a quien ejerce un derecho constitucional y, al mismo tiempo, abrir en los centros un canal para comunicar a la Inspección la conducta del profesorado nos recuerda uno de los episodios más bochornosos de la historia».

Menos alumnos por aula, menos burocracia y más inversión pública

La huelga indefinida comenzó el 14 de octubre y sus reivindicaciones siguen sin resolverse. Los docentes reclaman una reducción de las ratios de alumnado, mejoras salariales, la disminución del horario lectivo y la eliminación de tareas burocráticas que restan tiempo a la preparación de clases y la atención individualizada.

Entre sus demandas figura reducir de 19 a 17 las horas lectivas semanales en Secundaria y de 25 a 22 en Primaria, además de aumentar las plazas públicas y mejorar la climatización y las infraestructuras educativas.

Estas reivindicaciones afectan directamente a la calidad de la enseñanza. Un aula con menos estudiantes permite una atención más personalizada, mientras que una menor carga lectiva puede facilitar la preparación de materiales, las correcciones y la coordinación pedagógica.

Para UGT Servicios Públicos Madrid, las condiciones laborales del profesorado están estrechamente relacionadas con el derecho del alumnado a recibir una educación pública de calidad.

Los sindicatos también rechazan que las movilizaciones sean presentadas exclusivamente como una confrontación política. La convocatoria de huelga es anterior al anuncio de las elecciones generales del 29 de noviembre y reúne a organizaciones de distintas orientaciones sindicales.

Las familias y los equipos directivos también cuestionan las medidas

La preocupación por las nuevas instrucciones ha llegado a las familias y a los responsables de los centros educativos.

La Asociación de Directores de Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad de Madrid (ADIMAD) ha advertido de la inseguridad jurídica que pueden generar las disposiciones y de la carga administrativa adicional que suponen para los equipos directivos.

Entre las nuevas obligaciones figuran el seguimiento de las sesiones lectivas afectadas, la elaboración de informes y la organización de actividades para recuperar contenidos.

La Confederación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la Comunidad de Madrid también ha reclamado que se retiren las instrucciones.

El desacuerdo ha alcanzado igualmente a algunas administraciones municipales. El Ayuntamiento de Alcorcón ha anunciado que no aplicará las indicaciones autonómicas que impliquen retirar carteles y pancartas con reivindicaciones sindicales legítimas de sus instalaciones educativas municipales.

En Getafe, docentes de varios centros han iniciado encierros para reclamar que la Consejería se siente a negociar con el comité de huelga.

La batalla por los servicios mínimos llega a los tribunales

La vía judicial se ha convertido en otro escenario del conflicto. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado este viernes la solicitud de suspensión cautelarísima presentada por CSIF contra los nuevos servicios mínimos. La decisión no implica que el tribunal haya declarado legales las medidas: únicamente descarta, por ahora, paralizarlas sin escuchar previamente a la Administración.

La petición continuará tramitándose por la vía cautelar ordinaria.

Por su parte, el comité de huelga ha anunciado nuevas impugnaciones judiciales contra los servicios mínimos y las instrucciones de neutralidad. Mientras se resuelven estos procedimientos, el profesorado mantiene sus protestas y reclama una respuesta negociada a sus reivindicaciones.

Miles de docentes, estudiantes y familias participan en la manifestación por la educación pública celebrada este viernes 20 de noviembre de 2026 en Madrid. Fotografía Agustín Millán
Miles de docentes, estudiantes y familias participan en la manifestación por la educación pública celebrada este viernes 20 de noviembre de 2026 en Madrid. Fotografía Agustín Millán

Una Marea Verde que mantiene abierto el conflicto educativo

La manifestación del 20 de noviembre ha demostrado que, después de más de cinco semanas de huelga, las movilizaciones continúan reuniendo a miles de personas.

La protesta también ha puesto de manifiesto que el conflicto ya no se limita a cuestiones salariales o de organización del trabajo. Las restricciones a la actividad sindical, la neutralidad de los centros y el alcance de los servicios mínimos han abierto un debate sobre cómo compatibilizar el derecho a la educación y el derecho de huelga.

UGT Servicios Públicos Madrid insiste en que la salida debe pasar por el diálogo y la mejora de las condiciones de la enseñanza pública.

«El profesorado madrileño no está solo», afirma el sindicato, que mantiene su compromiso de defender los derechos laborales y educativos mediante la movilización y los recursos judiciales.

La Marea Verde ha vuelto a ocupar Madrid con una reivindicación central: una escuela pública con recursos suficientes y una negociación efectiva que permita superar el conflicto. El siguiente movimiento corresponde a la Consejería de Educación, mientras la huelga continúa y los tribunales estudian las medidas cuestionadas.

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