El caso que sacude al Ayuntamiento de Móstoles ha dado un nuevo giro con la dimisión de un alto cargo municipal vinculada al equipo de la exconcejala que denunció acoso sexual y laboral por parte del alcalde, Manuel Bautista. La renuncia, comunicada a través de una carta interna en la que se invocan motivos de “coherencia”, “honestidad” y “compromiso con la veracidad”, añade una nueva dimensión a un conflicto que ya había pasado del ámbito político al judicial tras la presentación de una querella de 93 páginas en los tribunales.
La renuncia por la veracidad de los hechos
La coordinadora de Digitalización, Nuevas Tecnologías y Archivo del consistorio dejó su puesto de forma voluntaria el pasado 16 de febrero, argumentando que su nombramiento estaba vinculado a una relación de confianza con la exconcejala, que abandonó el cargo en octubre de 2024 después de denunciar internamente un supuesto episodio continuado de acoso y la falta de respuesta eficaz por parte de su partido. Aunque la trabajadora municipal permaneció en el puesto tras aquella salida, ha decidido ahora apartarse alegando principios personales y responsabilidad institucional.
En su carta de despedida, dirigida a los trabajadores municipales, subraya que existen decisiones que no se toman desde la comodidad sino desde la coherencia ética. También expresa su deseo de no interferir en el funcionamiento cotidiano de los equipos técnicos ni en el trabajo administrativo del Ayuntamiento. Sus palabras han sido interpretadas por distintos sectores como un gesto político y personal que, aunque no entra a valorar jurídicamente los hechos denunciados, sí conecta su salida con la situación que se ha hecho pública en las últimas semanas.
La querella
La dimisión llega en un momento especialmente sensible. Solo un día antes, la exconcejala presentó una querella ante la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Móstoles contra el alcalde y contra el Partido Popular como persona jurídica. El escrito, elaborado por el abogado Antonio Suárez-Valdés, plantea varios delitos presuntos: acoso sexual, acoso laboral, atentado contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. La denuncia sostiene que tras rechazar supuestas propuestas de carácter sexual por parte del regidor, la concejala habría sufrido un progresivo aislamiento político y profesional que desembocó en un deterioro personal y en su salida definitiva del consistorio y del partido.
La relevancia del caso no se limita a la esfera individual. El texto judicial describe un contexto en el que, según la defensa, los mecanismos internos de protección del partido no habrían funcionado adecuadamente. La exedil habría solicitado durante meses que se activaran protocolos internos y que se investigaran los hechos, sin lograr —según su versión— una respuesta que le ofreciera garantías suficientes. El asunto terminó así trasladándose a la vía penal tras agotarse las opciones internas.
Veracidad y coherencia
En ese marco, la dimisión del alto cargo municipal cobra una dimensión simbólica. Aunque la coordinadora no detalla en su carta elementos concretos sobre el contenido de la denuncia, la referencia explícita a la “veracidad” y a la “coherencia con los hechos conocidos públicamente” introduce un elemento de presión política adicional para el equipo de gobierno local. La renuncia no implica una validación jurídica de las acusaciones, pero sí refleja el impacto interno que la crisis está provocando dentro de la estructura municipal.
El alcalde Manuel Bautista, hasta ahora, mantiene su posición al frente del Ayuntamiento mientras el procedimiento judicial inicia su recorrido. Desde el entorno municipal y del partido se insiste en la presunción de inocencia y en la necesidad de esperar al desarrollo del proceso judicial para valorar responsabilidades. Sin embargo, el debate político ya ha trascendido el ámbito local, en buena parte por la implicación indirecta de figuras relevantes del partido en la gestión previa del caso y por la petición de la defensa de que varias personas declaren como testigos, entre ellos la presidenta Ayuso.
La salida de la coordinadora también pone de relieve la fragilidad de los llamados puestos de confianza dentro de la administración local. Son cargos que dependen directamente de la relación política con responsables electos y cuya continuidad suele estar ligada a cambios internos o crisis de liderazgo. En este caso, la renuncia se produce no por un relevo institucional ordinario, sino en medio de una controversia que cuestiona el funcionamiento interno del consistorio y la gestión del conflicto.
El PP de Madrid y su huida hacia adelante
A nivel social y político, el caso ha reactivado el debate sobre cómo responden las organizaciones cuando una denuncia de acoso surge en el seno de estructuras jerárquicas de poder. La secuencia relatada por la exconcejal —peticiones internas, falta de medidas eficaces, abandono del cargo y posterior judicialización— es observada por analistas y colectivos como un ejemplo de las dificultades que enfrentan quienes denuncian situaciones de este tipo en entornos altamente politizados.
La causa acaba de comenzar y será el juzgado quien determine la solidez de las pruebas y la existencia o no de responsabilidad penal. Mientras tanto, la dimisión del alto cargo introduce un nuevo elemento narrativo que refuerza la percepción de que el conflicto ya no es únicamente un asunto personal entre una exedil y su antiguo superior político, sino una crisis con implicaciones institucionales más amplias.
El futuro inmediato dependerá del avance del procedimiento judicial y de cómo evolucione la situación interna en el Ayuntamiento de Móstoles. Pero lo que ya parece claro es que la renuncia de esta coordinadora ha añadido un nuevo capítulo a una historia que continúa creciendo y que obliga a reflexionar sobre la gestión del poder, la protección frente al acoso y la responsabilidad de las instituciones cuando sus propios mecanismos de control son puestos a prueba.