La Agencia de la Vivienda Social de la Comunidad de Madrid (AVS), el ente autonómico heredero del antiguo e histórico IVIMA y reconocido como el mayor casero público de la Comunidad de Madrid, ha acelerado el paso de su maquinaria ejecutora y aplica una doctrina de tolerancia cero contra los inquilinos que ellos consideran como “irregulares”. Con un balance sin precedentes que alcanza los 255 desahucios ejecutados únicamente en los primeros nueve meses del año, la administración autonómica que preside Isabel Díaz Ayuso exhibe músculo judicial y policial. La premisa oficial es clara y contundente: recuperar cada inmueble desviado del cauce legal para readjudicarlo de inmediato a otras familias vulnerables que aguardan pacientemente su turno en las listas de espera.
Sin embargo, esta contundente ofensiva en los juzgados y en los portales convive de manera paradójica con una sombra ruidosa e incómoda. La existencia de cientos de pisos públicos vacíos que permanecen clausurados con puertas de acero durante años. Este fenómeno, denunciado de forma sistemática por plataformas vecinales, colectivos de barrio y activistas del derecho a la vivienda, pone en tela de juicio la eficacia real del modelo. Mientras el Gobierno de Ayuso enarbola la bandera del restablecimiento del orden y la protección de la propiedad pública frente a la ocupación, la realidad a pie de calle en distritos populares como Carabanchel, Villaverde o Vallecas revela un parque inmobiliario paralizado por la burocracia. El acero que blindaba los accesos se ha terminado convirtiendo en el símbolo de una disfunción administrativa difícil de justificar.
Jurisprudencia, despachos externos y el giro implacable
Para comprender la magnitud de la embestida institucional contra la ocupación y el fraude en la vivienda social, es necesario analizar la evolución estadística de los últimos años. Los 255 desahucios registrados hasta el 30 de septiembre de este año no solo pulverizan los registros históricos de la última década, sino que superan con holgura los 198 procedimientos completados durante todo el ejercicio anterior y dejan a una distancia astronómica los 121 ejecutados en 2024.
Desde la AVS, organismo dirigido desde 2023 por Eusebio González, un perfil técnico con amplia trayectoria previa al frente del área social del propio ente, se atribuye este incremento vertiginoso al respaldo sin fisuras de los tribunales ordinarios. Y, de manera muy particular, a la doctrina fijada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). El respaldo judicial, sin embargo, no ha actuado en solitario. La estrategia autonómica cuenta con un potente brazo ejecutor contratado en el sector privado a través de la externalización de servicios jurídicos a través de bufetes especializados que cobran contratos que rondan el millón de euros para agilizar los trámites de recuperación de inmuebles.
Bajo esta directriz, el departamento dirigido por el consejero de Vivienda, José María Gómez, sostiene sin ambigüedades que la ocupación de un piso público representa «una conducta inadmisible» que atenta contra el conjunto de los ciudadanos. Desde la administración se enfatiza de forma vehemente que las viviendas públicas pertenecen a la colectividad y que no pueden ser apropiadas por quienes se saltan los cauces de baremación, perjudicando directamente a miles de solicitantes que cumplen escrupulosamente con la legalidad.
Ocupación mafiosa y casos grises
Uno de los aspectos más debatidos por los juristas y las organizaciones sociales que intervienen en los procesos de desahucio es la heterogeneidad de los perfiles afectados por los expedientes de la AVS. Si bien el discurso político de la Puerta del Sol centra su diana en las ocupaciones violentas o en la actuación de mafias organizadas, los propios datos oficiales revelan algo. Las usurpaciones de vivienda por la fuerza siguen constituyendo una fracción minoritaria del total de actuaciones: apenas 30 casos computados en el último ejercicio cerrado. La inmensa mayoría de los desahucios responde a procedimientos administrativos por impagos sobrevenidos o a situaciones de irregularidad sobrevenida dentro de familias que originalmente accedieron al inmueble por vías legales.
Es en estos denominados "casos grises" donde la actuación del organismo autonómico despierta las críticas más severas desde el ámbito del derecho social y la abogacía de oficio. Abogados especializados en la defensa de colectivos vulnerables señalan que la AVS aplica el mismo rasero inflexible tanto para una usurpación mafiosa como para un núcleo familiar que entra en situación irregular tras el fallecimiento del titular del contrato, simplemente por retrasos o trabas burocráticas al solicitar la subrogación. Quienes cuestionan esta deriva sostienen que el organismo ha arrinconado el trabajo de su cuerpo de trabajadores sociales en favor de la labor punitiva de sus inspectores. Llegan a calificar la gestión del parque público como un intento de optimizar recursos bajo una lógica propia del mercado privado o de la gestión de pisos turísticos carente de la proporcionalidad y "mano izquierda" que exhiben otras administraciones municipales.
Los pisos acorazados
Frente a la contundencia de las cifras de desahucio, la gestión del volumen de viviendas vacías se ha convertido en el gran talón de Aquiles de la política residencial de Ayuso. La AVS gestiona un patrimonio cercano a las 25.000 viviendas públicas en toda la región. A mitad del presente ejercicio, los registros oficiales contabilizaban un total de 817 pisos desocupados. A pesar de que el organismo no publica desglose alguno sobre la ubicación exacta de estos inmuebles ni sobre el tiempo medio que permanecen deshabitados, las investigaciones sobre el terreno conducidas por colectivos de barrio y medios de comunicación como El País han sacado a la luz situaciones sangrantes.
En distritos como Carabanchel, se ha llegado a documentar la presencia de hasta 18 pisos de la AVS cerrados a cal y canto en una sola calle, permaneciendo algunos de ellos tapiados o protegidos con placas de acero antiocupación durante periodos que rozan los ocho años. Esta dilatada inactividad administrativa resulta difícil de asimilar en un contexto de emergencia residencial donde el acceso al alquiler en el mercado libre resulta inaccesible para los salarios medios y bajos. La contradicción entre desplegar recursos millonarios para desahuciar inmuebles y mantenerlos posteriormente cerrados durante años evidencia un cuello de botella en los procesos de rehabilitación y adjudicación. Diluye el impacto social de la propia empresa pública.
Comparativa municipal
La opacidad que rodea a la AVS no se limita al estado de sus inmuebles vacíos. Afecta de lleno a la estimación real de la demanda habitacional en la región. El organismo autonómico rechaza publicar el censo actualizado de solicitantes de vivienda pública, una variable fundamental para evaluar el déficit estructural de cobertura social. Diversos análisis de la oposición estiman que la demanda desatendida en la Comunidad de Madrid supera con creces los registros de la capital, donde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid mantenía inscritos a cerca de 78.000 candidatos a mitad de año.
La comparativa entre la gestión de Ayuso y la municipal pone de manifiesto dos filosofías operativas diferenciadas. Aunque el equipo de gobierno de José Luis Martínez-Almeida tampoco se ha librado de las críticas por la presencia de pisos cerrados en barrios céntricos como Lavapiés, la EMVS modificó su reglamento interno para acelerar los procedimientos mediante cuatro sorteos públicos anuales. En sus propios informes de evaluación, la empresa municipal reconoce de forma explícita el grave perjuicio que supone la inactividad del parque público. Admite que mantener pisos habitables vacíos mientras existen miles de familias en situación precaria constituye una «disfunción grave en términos de política pública» y una quiebra inadmisible de los principios de equidad y eficiencia.
Batalla ideológica
El celo mostrado por la AVS en la expulsión de inquilinos irregulares trasciende las fronteras de la mera gestión administrativa y se alinea con la batalla del relato político que Isabel Díaz Ayuso abandera a nivel nacional. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha situado el combate contra la ocupación en el núcleo de su discurso defensivo de la propiedad privada y la seguridad jurídica. Mediante la creación de recursos específicos como el teléfono de atención 112 para alertas vecinales de ocupación o el impulso de leyes autonómicas de protección, Ayuso utiliza la gestión del espacio público para confrontar directamente con la legislación estatal sobre vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez a la que acusa de proteger al infractor y maniatar a las fuerzas de seguridad y a los jueces.
Por su parte, las fuerzas de la izquierda reprochan a Ayuso la utilización de la bandera antiocupación como una cortina de humo agitada con fines electorales y que oculta la raquítica inversión regional en la construcción de nuevo parque público. Mientras el pulso político se eterniza en las tertulias y en la Asamblea de Madrid, el drama cotidiano de la vivienda se dirime en los portales. Allí, entre notificaciones judiciales de lanzamiento y puertas metálicas de chapa pesada que sellan ventanas y accesos, la política de mano dura de la AVS se enfrenta al juicio inapelable de una sociedad que observa cómo el parque de vivienda pública, llamado a ser un refugio social, continúa atrapado entre la inflexibilidad punitiva y la parálisis burocrática.
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