La Puerta del Sol se ha convertido en el epicentro de una batalla política por la vivienda y el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha elegido situar el desalojo de la acampada en el centro de su respuesta. La Comunidad de Madrid ha dado al Ejecutivo central un plazo de 48 horas para ordenar la retirada de las tiendas de campaña y ha advertido al delegado del Gobierno, Francisco Martín, de posibles acciones judiciales, incluso penales, si no adopta medidas.
Mientras desde la Real Casa de Correos se habla de “impunidad”, “desorden” y perjuicios para comerciantes y vecinos, cientos de jóvenes continúan durmiendo en la plaza y miles pasan diariamente por una movilización que nació después del desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, y que ya ha conseguido condicionar la agenda política nacional. Los manifestantes han decidido permanecer en Sol, al menos hasta conocer qué ocurre con los dos decretos de vivienda que deberán ser convalidados en el Congreso.
La protesta ha adquirido además una dimensión que va mucho más allá del caso de Maricarmen. El campamento se ha organizado con asambleas, actividades culturales, debates y espacios de convivencia. Sus participantes aseguran que las medidas aprobadas por el Gobierno son solamente un primer paso y rechazan abandonar la plaza mientras consideren que siguen sin resolverse los problemas estructurales del alquiler. Markdown pegado
Ayuso exige desalojar una protesta que reclama soluciones a la vivienda
El Gobierno madrileño formalizó su ultimátum a través de un requerimiento dirigido a la Delegación del Gobierno. El portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, sostuvo que los madrileños están sufriendo una “acampada ilegal” y acusó al Ministerio del Interior de no hacer “absolutamente nada”. La Comunidad exige que Francisco Martín dé las instrucciones necesarias para desalojar Sol y advierte de que, si no lo hace dentro del plazo establecido, estudiará “cualquier tipo de acción judicial”.
La Delegación del Gobierno mantiene una posición distinta. Francisco Martín ha defendido que la Policía Nacional debe garantizar la seguridad y ha pedido al Ejecutivo autonómico respeto al derecho fundamental de reunión. La Delegación sostiene que no se han producido alteraciones del orden público que justifiquen una intervención policial contra la acampada.
El Ayuntamiento de Madrid comparte la presión sobre la Delegación. José Luis Martínez-Almeida ya había amenazado anteriormente con estudiar acciones legales si la Policía Nacional no intervenía, asegurando además que la Policía Municipal solicitó ayuda cuando comenzaron a instalarse las tiendas. La disputa institucional ha terminado así desplazándose desde las políticas de vivienda hasta una pregunta mucho más inmediata: quién tiene que ordenar el desalojo de Sol y bajo qué circunstancias.
De Maricarmen a una movilización que ya no quiere marcharse
La paradoja para las administraciones es que uno de los principales motivos que originaron la protesta ya ha cambiado sustancialmente.
Maricarmen podrá regresar a la vivienda de la que fue desahuciada después del preacuerdo alcanzado con Urbagestión. Sin embargo, los acampados no consideran resuelto el conflicto. La asamblea decidió continuar en la Puerta del Sol y el Sindicato de Inquilinas sostiene que la movilización no nació únicamente para resolver la situación de una mujer de 87 años, sino para exigir cambios generales en el mercado del alquiler. “De aquí no se mueve nadie” resume el clima descrito dentro del campamento. Algunos de sus participantes consideran que los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros son insuficientes y reclaman medidas permanentes contra el encarecimiento de las rentas y la inseguridad contractual. Markdown pegado
La protesta ha conseguido algo difícil de ignorar: en pocos días, el Gobierno ha negociado y aprobado de urgencia dos normas en materia de vivienda, mientras el conflicto residencial ha desplazado otros asuntos de la agenda política. La propia Sumar ha reconocido públicamente el peso que ha tenido la movilización social en la aceleración de las medidas.
El choque con Ayuso también es un choque sobre el modelo de vivienda
La confrontación de Sol no puede entenderse únicamente como un problema de orden público. El Gobierno de Ayuso mantiene desde hace años una posición contraria a buena parte de los instrumentos de intervención previstos en la Ley estatal de Vivienda. La Comunidad de Madrid no ha utilizado la posibilidad de declarar zonas de mercado residencial tensionado y el Ejecutivo regional defiende que el incremento de la oferta, la construcción y la seguridad jurídica para los propietarios constituyen los principales mecanismos para abordar el problema.
Los colectivos de vivienda sostienen precisamente lo contrario: que aumentar la oferta no resulta suficiente sin limitar determinadas subidas, reforzar la estabilidad contractual y proteger a los inquilinos frente a los desahucios. Esa confrontación ideológica explica en buena medida por qué la protesta tiene una carga especialmente significativa al desarrollarse delante de la sede de la Presidencia autonómica.
El propio material de la acampada recoge críticas expresas a la política residencial de Ayuso y señala que la presidenta madrileña ha rechazado la aplicación de algunas medidas contenidas en la normativa estatal. Markdown pegado
El contraste con Maricarmen aumenta la presión sobre la Comunidad
El caso de la mujer desahuciada ha adquirido además una potente dimensión simbólica. Maricarmen perdió el piso en el que había vivido durante más de 70 años. Su situación provocó las primeras protestas, una movilización multitudinaria, la posterior acampada y una negociación que finalmente abrió la posibilidad de que pueda regresar a su vivienda. Desde entonces, la discusión ya no gira solamente alrededor de un desahucio concreto.
Los manifestantes plantean quién puede permitirse vivir en Madrid, cuánto puede destinar una familia al alquiler y qué capacidad deben tener las administraciones para intervenir cuando una persona vulnerable corre el riesgo de perder su hogar. El Gobierno regional, en cambio, ha colocado ahora en primer plano la legalidad de la acampada, la convivencia, los comerciantes y el uso del espacio público.
Las dos cuestiones pueden coexistir: las autoridades tienen competencias sobre seguridad y utilización del espacio público, pero los manifestantes mantienen que la causa que los llevó hasta allí continúa sin resolverse. Sol permanece mientras el Congreso prepara la batalla decisiva
La siguiente fecha marcada en el calendario es el viernes.
Los dos decretos sobre vivienda deberán enfrentarse a una aritmética parlamentaria complicada. EH Bildu ha anunciado su apoyo a ambos textos, mientras el PP ha adelantado que votará en contra. Otros grupos continúan siendo decisivos para determinar si las normas sobreviven a su paso por el Congreso.
Uno de los decretos incluye medidas relacionadas con la protección frente a los desahucios y diferentes modalidades de alquiler; el segundo aborda la renovación automática de determinados contratos. La división de las medidas en dos normas ha provocado críticas incluso entre organizaciones que reclamaban cambios urgentes, porque permite que una pueda ser convalidada y la otra decaiga.
Por eso la acampada continúa.
Después de conseguir que Maricarmen tenga una vía para regresar a su casa y de empujar la vivienda hasta el centro del Consejo de Ministros, los acampados han comprobado que su presencia en Sol tiene capacidad para condicionar la agenda política.
Ayuso quiere que abandonen la plaza en 48 horas. Ellos han decidido esperar al Congreso. La batalla política por la vivienda se juega ahora, literalmente, delante de la puerta de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.