El último movimiento del gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra el pequeño comercio de Galicia muestra un profundo aroma a desconexión con la realidad de la calle. Que el brazo sancionador de Ayuso haya cruzado fronteras autonómicas para notificar multas estratosféricas a tiendas de ropa infantil en Vilanova de Arousa, Viveiro, Cambados y Foz no es solo una anomalía administrativa; es el reflejo de un sistema que penaliza al débil mientras predica la libertad de mercado.
La sorpresa e indignación en el sector es absoluta. Según ha publicado El País, negocios familiares que apenas levantan la persiana cada mañana se han topado con expedientes sancionadores que superan los 13.000 euros por supuestos incumplimientos de la normativa en la información de sus páginas de ventas online. La paradoja roza el absurdo de la literatura kafkiana: algunos de estos modestos establecimientos ni siquiera han llegado a vender un solo producto a través de internet. Sin embargo, el rodillo de la inspección madrileña ha actuado con una frialdad matemática, amenazando con llevar al cierre definitivo a negocios que sostienen la economía de sus municipios.
Durante años, las distintas administraciones públicas han bombardeado al comercio de proximidad con campañas institucionales que urgían a la digitalización para competir frente a las multinacionales y las plataformas globales. Muchos pequeños empresarios invirtieron tiempo, dinero y altas dosis de ilusión en diseñar páginas web sencillas sin imaginar que sus portales digitales se convertirían en su propia trampa legal. La inspección de consumo de la Comunidad de Madrid ha fundamentado estas duras sanciones en omisiones técnicas como no especificar con precisión la composición textil de las prendas en la web o cometer erratas en la cláusula de sumisión expresa de la política legal, exigiendo multas de 10.000 euros a una comerciante por indicar que las reclamaciones se dirimirían en los juzgados locales de Foz en lugar de referenciar el marco nacional.
La actuación del Ejecutivo madrileño choca frontalmente con su habitual relato de desregulación y alfombra roja para el empresariado. La Consejería de Economía y Hacienda de Madrid argumenta que se encuentra obligada a actuar dentro del Plan Sectorial de Control de Productos Textiles coordinado por el Ministerio de Consumo al detectar limitaciones en los derechos de reclamación y etiquetado. No obstante, la ausencia de un aviso previo que permitiera la subsanación del error delata un afán puramente recaudatorio que el propio presidente de la Federación Galega de Comercio ha tachado de abuso sin precedentes, abriendo un peligroso escenario donde cualquier autonomía puede fiscalizar e intervenir el tejido empresarial de otro territorio con normativas no homologadas.
La crisis ha puesto a prueba los puentes del mapa autonómico y las costuras del propio partido que gobierna a ambos lados del telón administrativo. Las asociaciones de comerciantes acudieron este lunes a Santiago de Compostela con la esperanza de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ejerciera una mediación directa ante su homóloga madrileña para reconducir la situación mediante el diálogo institucional. Sin embargo, los responsables de Consumo del Gobierno gallego han optado por el perfil bajo y no intercederán políticamente ante el equipo de Ayuso, evitando un choque directo entre barones de las filas populares.
La Consellería de Emprego, Comercio e Emigración ha limitado su intervención a un papel de asesoramiento técnico y acompañamiento jurídico para tres de las afectadas que han decidido plantar cara y presentar alegaciones en busca de una reducción drástica de la cuantía. Los otros tres comercios restantes, asfixiados por la presión psicológica y el temor a costes judiciales mayores, ya han optado por abonar las multas. El desenlace deja un poso amargo y enciende las alarmas en el sector comercial de toda España: la vulnerabilidad del pequeño comercio ante las normativas de venta online evidencia que la digitalización, lejos de ser el salvavidas prometido, se ha transformado en un terreno minado donde un simple despiste formal puede costar la supervivencia de todo un proyecto de vida local.