Hay un hilo invisible pero de acero que conecta los rascacielos financieros de la América de Donald Trump con las aulas de los colegios concertados en la periferia de Madrid. Es el hilo de la codicia desregulada, el dogma que dicta que no existe derecho humano, servicio público o infancia que no pueda ser empaquetado, troceado y vendido al mejor postor en el mercado de futuros. Bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular, la región madrileña se ha convertido en el laboratorio europeo de un trumpismo ideológico y económico agresivo. Una estrategia que utiliza fondos públicos y suelo vecinal para alimentar el apetito de los tiburones de la especulación internacional, destruyendo de paso la vida cotidiana de las familias trabajadoras.
Tal y como ha publicado El País, el epicentro de este terremoto social se localiza en Villalbilla, el segundo municipio de mayor crecimiento demográfico en la región. Allí, en el colegio concertado El Mirador, levantado sobre una parcela que cedió gratuitamente el Ayuntamiento y sostenido con los impuestos de todos los madrileños, las familias asisten atónitas a la metamorfosis de la educación de sus hijos en un mero plan de rentabilidad financiera. De la noche a la mañana, la entrada del grupo inversor Corporación Financiera Azuaga en el control de la empresa propietaria ha transformado las aulas en una trampa de peajes.
Al imponer de forma unilateral la jornada partida, el centro ha destruido la conciliación familiar para forzar a los padres a contratar servicios voluntarios de comedor y transporte. Se trata de una estafa planificada que puede elevar el coste escolar en hasta 4.375 euros anuales por dos hijos, un chantaje intolerable para el 97% de los padres afectados.
La retórica oficial de la Comunidad de Madrid se llena la boca con conceptos como la libertad de elección y el apoyo a la natalidad, pero la realidad sobre el terreno desmiente el argumentario gubernamental. La reactivación de licencias de suelo público para beneficio de entidades privadas, una política que el ejecutivo de Cristina Cifuentes frenó por el riesgo evidente de enriquecimiento ilícito, pero que la actual presidenta autonómica ha acelerado exponencialmente, es la prueba de un hostigamiento económico sistemático contra las clases medias.
La trampa es perfecta: el sector público pone el dinero de la fianza, los ayuntamientos regalan el patrimonio del suelo, y las empresas de inversión se llevan los beneficios. Todo ello a costa de unas familias que carecen de plazas educativas alternativas en la red puramente pública del municipio.
El descaro comercial de este modelo de privatización de servicios públicos del PP se traduce en la creación de conceptos ficticios como el "Proyecto Excelente". Una tasa encubierta de 180 euros obligada por el propio vacío horario diseñado por la jornada partida. A esto se suman micro-peajes aberrantes que cobran por el uso de la enfermería escolar, el gabinete psicopedagógico o la mal llamada "mochila digital".
Mientras las grandes multinacionales del seguro, como Swiss Life, compran colegios concertados madrileños por cientos de millones de euros, las economías domésticas se desangran pagando entre 500 y 600 euros mensuales por alumno para sostener un servicio que constitucionalmente debería ser gratuito.
Este modelo asfixiante de mercantilización de la educación no es un hecho aislado, sino la consecuencia lógica de aplicar los principios del trumpismo corporativo a la gestión del Estado del bienestar. Cuando el éxito de un proyecto educativo se evalúa según los márgenes de beneficio de una cartera de activos estratégicos y no por el desarrollo y bienestar de los niños, la democracia se vacía de contenido.
Madrid capitula ante los intereses de los fondos de inversión, demostrando que la libertad de Ayuso no es más que el derecho de los poderosos a mercantilizar las rutinas, la infancia y el futuro de las familias madrileñas.
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