El enfrentamiento entre el Partido Popular madrileño y el exdelegado del Gobierno Francisco Martín ha dado un nuevo salto a los tribunales. El Ayuntamiento de Madrid, presidido por José Luis Martínez-Almeida, ha presentado una denuncia penal contra el antiguo representante del Ejecutivo central por presunta prevaricación administrativa por omisión, al considerar que permitió la permanencia de la acampada instalada en la Puerta del Sol entre el 26 de septiembre y el 3 de noviembre.
La vicealcaldesa y responsable municipal de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha explicado este lunes los términos de una denuncia de 30 páginas en la que el Consistorio atribuye a Martín una actuación contraria a sus obligaciones legales. El Gobierno municipal sostiene que el exdelegado tenía competencias para ordenar el desalojo y que su falta de intervención permitió prolongar una situación que, según el Ayuntamiento, ocasionó problemas de seguridad, daños al patrimonio y perjuicios económicos a los comerciantes.
La acusación, sin embargo, todavía debe superar el examen judicial, la presentación de una denuncia no acredita la comisión de un delito y será la Justicia quien determine si existen indicios suficientes para abrir una investigación penal.
El precedente judicial que incomoda al PP
La iniciativa de Almeida llega después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también denunciara penalmente a Francisco Martín por presunta prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.
Pero existe un antecedente importante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó el pasado 7 de octubre la petición de medidas cautelares formulada por la Comunidad de Madrid para forzar el desalojo, al considerar que no había quedado acreditada la inactividad administrativa alegada.
Aquella resolución no resolvió definitivamente el fondo del conflicto ni descartó cualquier posible responsabilidad posterior. Sí recordó que la disolución de una concentración debe ajustarse a criterios de proporcionalidad y que la falta de comunicación previa no basta, por sí sola, para justificarla. La Delegación del Gobierno había defendido que se adoptaron medidas para garantizar el tránsito peatonal, el acceso a los inmuebles y la intervención policial ante incidentes concretos.
El Ayuntamiento sostiene una interpretación diferente y considera que Martín debía haber actuado antes y pretende que los tribunales examinen si su conducta puede constituir un delito. El conflicto enfrenta así dos obligaciones de los poderes públicos, el de garantizar la seguridad y el uso del espacio público, y proteger el derecho fundamental de reunión y manifestación. La existencia de incidentes o daños debe investigarse, pero no convierte automáticamente en delictiva la decisión administrativa de no disolver una protesta.
Almeida había anunciado su intención de acudir a la vía penal a finales de octubre, cuando calificó a Martín de «comisario del sanchismo» y cuestionó su actuación al frente de la Delegación del Gobierno. La acampada fue finalmente desalojada el 3 de noviembre, después de que Pilar Trinidad asumiera la Delegación del Gobierno.
La nueva denuncia abre otro procedimiento en un enfrentamiento institucional que se ha prolongado durante semanas. Lo que está por determinar no es si Almeida y Ayuso discrepan de la gestión de Francisco Martín, algo que han dejado suficientemente claro, sino si esa gestión reúne los requisitos jurídicos de un delito de prevaricación, y esa decisión corresponde a los tribunales, no a las declaraciones políticas.
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