La acampada de la Puerta del Sol de Madrid ha llegado a su fin durante la madrugada de este martes, 3 de noviembre, después de más de cinco semanas de movilizaciones por el derecho a la vivienda. Un amplio dispositivo de la Policía Nacional y la Policía Municipal ha desalojado a las 334 personas que permanecían en la plaza, en una actuación que se ha saldado con dos detenciones por desobediencia y resistencia, según los datos facilitados por la Delegación del Gobierno.
La intervención comenzó alrededor de las tres de la madrugada, cuando numerosos participantes todavía dormían en sus tiendas. En el operativo participaron 220 agentes de la Policía Nacional y 180 de la Policía Municipal, además de efectivos de bomberos, servicios sociales y equipos municipales de limpieza encargados de retirar las instalaciones.
El desalojo se produce después de que buena parte de las comisiones organizadoras anunciara su decisión de abandonar progresivamente la plaza y trasladar las reivindicaciones a los barrios, con la mirada puesta en la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.
Dos versiones sobre la intervención policial
La Delegación del Gobierno sostiene que la operación se desarrolló sin disturbios ni episodios de violencia y que el desmantelamiento fue una medida de último recurso, adoptada después de varias semanas de conversaciones con los representantes de la acampada.
Sin embargo, integrantes del Movimiento 26S han denunciado una actuación policial violenta, con golpes y utilización de gas pimienta contra algunos manifestantes. También aseguran que varias personas resultaron heridas, aunque por el momento no se dispone de un balance médico independiente que permita confirmar el número de afectados.
Los organizadores han solicitado imágenes y grabaciones del operativo para documentar lo sucedido y estudiar posibles actuaciones legales.
Dos requerimientos antes del desalojo
La decisión de poner fin a la acampada estuvo precedida por dos comunicaciones oficiales. La primera fue remitida el 26 de octubre por el entonces delegado del Gobierno, Francisco Martín, mientras que la segunda, fechada el 29 de octubre, reclamaba el desmantelamiento de las instalaciones a la mayor brevedad.
La institución considera que, durante las semanas anteriores, se había garantizado el ejercicio del derecho de reunión y que las circunstancias habían cambiado desde el inicio de las protestas.
En su argumentación, la Delegación señala que la retirada de las principales organizaciones, la permanencia de personas especialmente vulnerables y la existencia de incidentes comunicados por la Jefatura Superior de Policía justificaban la intervención.
Entre las razones expuestas figuran posibles hechos delictivos en el entorno de la acampada y situaciones que, según las autoridades, podían comprometer la seguridad de quienes permanecían en ella y de los transeúntes. Se trata de circunstancias alegadas por la Administración, sin que se haya difundido una relación detallada de los incidentes ni de sus eventuales consecuencias judiciales.
De la protesta contra los desahucios a la movilización en los barrios
La acampada comenzó el 26 de septiembre, después de una manifestación para exigir soluciones a la crisis de acceso a la vivienda. Su origen estuvo vinculado al desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante décadas de alquiler en su domicilio madrileño y que falleció pocos días después de abandonarlo.
A partir de aquella movilización, el Sindicato de Inquilinas y distintos colectivos impulsaron una protesta que reunió a personas afectadas por los alquileres, activistas sociales y ciudadanos que reclamaban mayores garantías frente a los desahucios.
Con el paso de las semanas, la organización pasó a depender de diferentes comisiones encargadas de coordinar la actividad cotidiana y mantener el funcionamiento del asentamiento.
El 31 de octubre, la mayoría de estas comisiones anunció su disolución progresiva y su intención de continuar trabajando fuera de Sol. La propuesta consistía en extender la movilización a los barrios y participar en la preparación de la huelga general del 11 de noviembre.
Las personas sin hogar, la situación más delicada tras el desalojo
La composición de la acampada también había cambiado. Durante sus últimas semanas, una parte de quienes dormían en la plaza eran personas sin hogar, algunas de las cuales habían encontrado en las instalaciones un lugar provisional donde pasar la noche.
Tras la retirada de las principales comisiones, varios participantes defendieron la continuidad de la protesta para reclamar medidas específicas contra el sinhogarismo y una mayor protección para quienes carecen de alojamiento.
Esta situación plantea una cuestión que sigue sin resolverse con el desmantelamiento de las tiendas: qué alternativas habitacionales y qué atención social recibirán las personas vulnerables que permanecían en Sol.
Durante el operativo participaron servicios sociales municipales, aunque no se ha hecho público un balance completo de las soluciones de alojamiento ofrecidas ni del número de personas que las hayan aceptado.
Los equipos de limpieza del Ayuntamiento retiraron tiendas y pertenencias tras la intervención. Según fuentes policiales recogidas por EFE, los materiales recuperados serían trasladados a depósitos municipales para su posible devolución a sus propietarios.
Termina la acampada, pero continúa la reivindicación
La retirada de las instalaciones pone fin a la presencia continuada del Movimiento 26S en la Puerta del Sol, aunque no supone necesariamente el cierre de las movilizaciones que comenzaron a finales de septiembre.
Los colectivos que decidieron trasladar su actividad a los barrios mantienen como principales reivindicaciones el acceso a una vivienda asequible y la protección de las personas afectadas por los desahucios.
La próxima convocatoria del 11 de noviembre permitirá comprobar si las demandas que durante más de un mes ocuparon el centro de Madrid consiguen mantener su capacidad de movilización fuera de la plaza.
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