Las guerras destruyen ciudades, infraestructuras y vidas. También arrasan la posibilidad de recuperar la normalidad cuando las decisiones políticas convierten la reconstrucción en un nuevo campo de batalla. La negativa del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a permitir la reconstrucción de Gaza hasta que Hamás entregue las armas refleja una estrategia de presión que añade un nuevo obstáculo a una población exhausta tras meses de devastación.
Hamás debe ser desarmado. Su acción terrorista del 7 de octubre de 2023 desencadenó una escalada de violencia que provocó un sufrimiento inmenso y dejó una herida profunda en la sociedad israelí. Ninguna organización armada puede aspirar a formar parte del futuro de Gaza desde la violencia. Ese principio resulta irrenunciable.
Pero una cuestión muy distinta consiste en condicionar la reconstrucción de un territorio devastado a un proceso político y militar cuya duración nadie puede prever. Las víctimas de esa decisión no son los dirigentes de Hamás. Son los cientos de miles de familias que siguen viviendo entre edificios derruidos, campamentos improvisados y una escasez crónica de agua, alimentos, medicamentos y servicios básicos.
La comunidad internacional lleva meses alertando de una crisis humanitaria de enorme magnitud. Hospitales destruidos, escuelas convertidas en refugios, infraestructuras básicas inutilizadas y una población desplazada que depende de la ayuda exterior dibujan una realidad incompatible con cualquier horizonte de estabilidad. Retrasar la reconstrucción significa prolongar unas condiciones de vida que ningún ser humano debería soportar.
El Gobierno israelí justifica su posición por razones de seguridad. Es comprensible que un Estado quiera impedir que Hamás recupere capacidad militar o vuelva a utilizar recursos civiles para reforzar su estructura armada. Israel tiene derecho a proteger a su población frente al terrorismo. Ese derecho no admite discusión.
Sin embargo, la seguridad tampoco puede convertirse en un argumento ilimitado. El derecho internacional humanitario obliga a proteger a la población civil y a facilitar la asistencia cuando la supervivencia de millones de personas depende de ella. La lucha contra una organización terrorista no puede traducirse en un castigo colectivo que condene a generaciones enteras a vivir sin vivienda, sin servicios esenciales y sin expectativas de futuro.
Europa tampoco puede resignarse a contemplar el conflicto desde la distancia. La defensa de la solución de los dos Estados exige mucho más que declaraciones diplomáticas. Requiere impulsar un marco político capaz de garantizar la seguridad de Israel, reconocer el derecho del pueblo palestino a disponer de un Estado viable y asegurar que la ayuda humanitaria llegue sin convertirse en un instrumento de presión o de negociación permanente.
La reconstrucción de Gaza no representa una concesión a Hamás. Representa una obligación moral y política con la población civil. Identificar el futuro de más de dos millones de palestinos con el destino de una organización armada supone aceptar una lógica que acaba deshumanizando a quienes únicamente intentan sobrevivir.
Cada edificio derrumbado necesitará años para volver a levantarse. La confianza entre dos pueblos enfrentados desde hace décadas tardará todavía más. La paz nunca será el resultado exclusivo de una victoria militar. También dependerá de la capacidad para ofrecer esperanza, derechos y seguridad a quienes llevan demasiado tiempo viviendo entre el miedo y la destrucción.
Ningún proceso de paz puede consolidarse sobre un paisaje de ruinas permanentes. Derrotar al terrorismo es imprescindible. Reconstruir la vida de millones de civiles también lo es. Ambas tareas deben avanzar juntas si la comunidad internacional aspira realmente a que Gaza deje de ser el símbolo de un conflicto sin final y pueda convertirse, algún día, en el comienzo de una paz duradera.
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