Israel afronta unas elecciones que van mucho más allá de decidir quién ocupará el despacho del primer ministro. Benjamin Netanyahu se somete al juicio de las urnas con el peso de la devastación de Gaza, los fallos de seguridad del 7 de octubre y un proceso judicial por corrupción que sigue abierto. El dirigente del Likud pretende prolongar su permanencia en el poder apoyándose, una vez más, en los sectores más radicales de la derecha israelí.
Más de 7,3 millones de ciudadanos están llamados a votar en los primeros comicios desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Aquella jornada, que dejó una herida profunda en la sociedad israelí, también puso al descubierto las deficiencias de un aparato de seguridad que Netanyahu llevaba años presentando como una garantía para el país. Las informaciones sobre advertencias previas al ataque han reabierto el debate sobre las responsabilidades políticas de una catástrofe que el primer ministro no ha conseguido dejar atrás.
Netanyahu ha intentado sostener su liderazgo sobre la respuesta militar posterior. Sin embargo, la destrucción de Gaza, el sufrimiento de la población palestina y el deterioro de la imagen internacional de Israel han terminado convirtiéndose en cuestiones centrales de su gestión. La ofensiva israelí ha provocado una crisis humanitaria de enormes dimensiones y ha situado al Gobierno ante graves acusaciones internacionales.
La Corte Penal Internacional dictó una orden de detención contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, acusaciones que Israel rechaza. A esa situación se suma el juicio por corrupción que afronta en su propio país, relacionado con presuntos delitos de soborno, fraude y abuso de confianza. El primer ministro niega haber cometido irregularidades.
El resultado es un escenario político en el que la continuidad de Netanyahu está ligada tanto a su gestión de la guerra como a la capacidad de sus aliados ultranacionalistas para sostenerlo parlamentariamente.
La extrema derecha como sostén del poder
Las opciones del Likud pasan por reeditar su alianza con Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, además de los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá. Netanyahu necesita que ese bloque alcance los 61 escaños que garantizan la mayoría en la Knesset, un objetivo que las encuestas no dan por asegurado.
Ben Gvir y Smotrich no han sido socios secundarios. Su influencia ha condicionado decisiones sobre Cisjordania, los asentamientos y las relaciones con la población palestina, además de contribuir al endurecimiento del discurso político israelí. Ambos representan una corriente ultranacionalista que considera insuficientes muchas de las posiciones tradicionales de la derecha.
Netanyahu ha convertido esa dependencia parlamentaria en una pieza central de su supervivencia política. La alianza le ha permitido conservar el Gobierno, pero también ha profundizado las tensiones internas y las críticas internacionales a la actuación israelí.
El desgaste democrático tampoco comenzó con la guerra. La reforma judicial impulsada por su Ejecutivo provocó antes del 7-O algunas de las mayores movilizaciones de la historia del país. Miles de ciudadanos denunciaron entonces que el Gobierno pretendía debilitar los mecanismos de control institucional y reducir la independencia de la Justicia.
La guerra agravó una fractura que venía de lejos. A las protestas por la reforma judicial se sumaron las exigencias de responsabilidades por los fallos de seguridad y las movilizaciones de las familias de los rehenes, que cuestionaron las prioridades del Ejecutivo y reclamaron acuerdos para conseguir su liberación.
Netanyahu llega así a las elecciones defendiendo su actuación militar y reivindicando su liderazgo, pero con una parte importante de la sociedad que cuestiona sus decisiones y la dirección política que ha tomado Israel.
Una oposición unida contra Netanyahu, pero dividida sobre el futuro
Frente al primer ministro aparece Gadi Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor del Ejército y dirigente de Yashar, una formación de centroderecha que ha conseguido reunir apoyos alrededor de una prioridad compartida por fuerzas políticas muy diferentes. Poner fin a la etapa de Netanyahu.
En el bloque opositor conviven la alianza de Naftali Bennett y Yair Lapid, el partido de Avigdor Lieberman y Los Demócratas, formación surgida de la unión del Partido Laborista y Meretz. Sus diferencias ideológicas son importantes, pero comparten el propósito de impedir que el Likud vuelva a gobernar con sus actuales socios.
El rechazo a Netanyahu puede servir para construir una mayoría electoral, aunque no garantiza un proyecto político común. Las discrepancias aparecen en asuntos como la relación con los palestinos, el papel de la religión en el Estado y la política de seguridad.
Eisenkot tampoco representa una ruptura completa con las posiciones tradicionales del aparato militar israelí. Fue jefe del Ejército y mantiene planteamientos de seguridad alejados de los defendidos por los sectores más favorables al reconocimiento de un Estado palestino. Por eso, un relevo en el Gobierno no supondría necesariamente una transformación profunda de la política israelí hacia los territorios ocupados.
Los sondeos previos a las elecciones apuntan a una competición ajustada entre Yashar y el Likud, sin que ninguno de los bloques tenga garantizada la mayoría parlamentaria. La oposición dispone de diferentes vías para negociar apoyos, pero su capacidad para convertir los votos en un Gobierno dependerá de acuerdos difíciles.
Una de las principales contradicciones aparece en el papel de los partidos árabe-israelíes. La Lista Conjunta y la Lista Árabe Unida podrían resultar decisivas para facilitar una alternativa, pero Eisenkot ha rechazado depender de su respaldo.
La representación política de los ciudadanos árabes vuelve a quedar atrapada entre su importancia parlamentaria y el rechazo de buena parte de los partidos judíos a incorporarlos a una mayoría de gobierno. Netanyahu ha utilizado reiteradamente la desconfianza hacia esas formaciones como argumento electoral, pero tampoco sus adversarios han conseguido superar completamente esa división.
Otra posibilidad sería atraer a diputados del Likud dispuestos a romper con Netanyahu o conseguir abstenciones que permitieran investir a Eisenkot al frente de un Ejecutivo minoritario. El propio dirigente de Yashar ha descartado un acuerdo de rotación con el actual primer ministro, aunque no ha cerrado la puerta a negociar con su partido.
La incertidumbre es considerable. Incluso si Netanyahu pierde la posibilidad de formar Gobierno, las dificultades para construir una mayoría alternativa podrían conducir a nuevas negociaciones o a una repetición electoral.
Israel decide la continuidad de un dirigente que ha marcado profundamente su política durante años, pero también el alcance de un posible cambio. La derrota de Netanyahu, si se produce, no resolvería por sí sola las consecuencias de la guerra de Gaza, las tensiones democráticas ni el conflicto con los palestinos.
Los ataques de Hamás del 7 de octubre exigen responsabilidades a sus autores. Las decisiones adoptadas posteriormente por el Gobierno israelí también deben someterse al escrutinio político y jurídico que corresponda. Una responsabilidad no anula la otra.
Netanyahu pretende conservar el poder reivindicando su papel como garante de la seguridad, pese a los fallos que precedieron al 7-O y a las consecuencias de la ofensiva sobre Gaza. Sus adversarios prometen abrir otra etapa, aunque todavía no han demostrado que puedan ponerse de acuerdo sobre su contenido.
Las urnas determinarán quién está en condiciones de gobernar. La cuestión de fondo es si Israel puede superar la fractura política y democrática de estos años sin revisar las decisiones que la han profundizado.
Añadir DiarioSabemos como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.