El alto el fuego, ya frágil desde su firma, se desmorona. La orden de reanudar los ataques parte de la cúpula política israelí sin apenas comunicación pública y con una narrativa que vuelve a colocar toda la responsabilidad en la parte más asediada y devastada. Entretanto, la población civil paga otra vez el precio de las decisiones militares.
La instrucción llegó en forma de comunicado escueto, casi administrativo: se retoman los bombardeos. Sin conferencias, sin explicaciones de fondo, sin un mínimo reconocimiento del desgaste social acumulado tras meses de asedio. La secuencia se repite: se atribuye a Hamás la ruptura del frágil acuerdo, se activa la maquinaria militar y, con ello, se clausura cualquier espacio para la búsqueda de cuerpos, para la entrega de restos, para la mínima humanidad que requiere un proceso de duelo colectivo.
Las fuerzas palestinas habían comunicado horas antes su intención de aplazar la entrega de los restos de uno de los rehenes fallecidos. No por cálculo político, sino porque los ataques y la presencia militar israelí volvieron a convertir las zonas de escombros en un terreno imposible. La recuperación de cadáveres, en Gaza, nunca ha sido una operación técnica: es una cuestión de supervivencia en medio de las ruinas.
El relato oficial y sus zonas opacas
El Gobierno israelí insiste en que sus tropas fueron atacadas en Rafah. Pero el relato se presenta sin verificación independiente y en un contexto donde el acceso de periodistas internacionales continúa bajo control estricto. La narrativa es conocida: una acusación puntual sirve como detonante para una ofensiva de amplio alcance. La desproporción entre causa y respuesta se mantiene como patrón estructural.
Mientras tanto, se sostiene un discurso que intenta reducir la guerra a un intercambio entre actores armados, invisibilizando deliberadamente a la población civil atrapada en medio. La destrucción acumulada en Gaza desde 2023 ha reconfigurado completamente el territorio: hospitales inutilizados, barrios convertidos en polvo, infraestructuras básicas destruidas. Sin embargo, se sigue hablando de precisión y “objetivos estratégicos” como si no hubiera cuerpos bajo cada edificio derrumbado.
El desgaste político encubierto tras la ofensiva
No es casual que la vuelta al fuego sirva también para reforzar el liderazgo de un gobierno israelí cuestionado en su propio país. Las familias de rehenes han salido en repetidas ocasiones a las calles para exigir negociaciones reales, no resoluciones militares que solo alejan la posibilidad de recibir a sus seres queridos con vida —o al menos sus cuerpos.
La decisión de suspender la entrega de restos no solo es comprensible: es inevitable en un contexto donde cada incursión militar desplaza toneladas de escombros y destruye evidencias. La devolución de cuerpos requiere estabilidad, no bombardeos. Presentar esa suspensión como una violación es un giro comunicativo que despoja el conflicto de humanidad y lo reduce a una tabla de cifras intercambiables.
Gaza como laboratorio del límite
La discusión internacional vuelve a retomar el lenguaje de siempre: “proporcionalidad”, “defensa”, “responsabilidad”. Pero sobre el terreno, lo que se observa es el ensayo permanente de un tipo de guerra donde la población civil se convierte en variable táctica. Un territorio reducido a escombro sobre escombro, sin espacio para entierros dignos ni pausas para el recogimiento.
La orden de reanudar los ataques no sorprende a nadie en la región. Lo que sí preocupa es que, bajo esta lógica, cada frágil tregua no es más que una pausa técnica para redistribuir fuerzas y no una oportunidad política. No hay final cerrado, porque en Gaza el final nunca llega. Sólo la repetición.