Francia ha decidido fijar una frontera allí donde durante años solo hubo recomendaciones, advertencias familiares y mecanismos de control fáciles de sortear. El Parlamento aprobó este martes la prohibición de acceso a las redes sociales para los menores de quince años, una medida que comenzará a aplicarse el próximo curso y que deberá desplegarse progresivamente sobre las cuentas ya existentes.
La Asamblea Nacional dio su respaldo definitivo al texto por 279 votos frente a 81, después del acuerdo alcanzado entre diputados y senadores. La ley impedirá la apertura de nuevas cuentas por menores de quince años desde el 1 de septiembre y obligará a abordar las cuentas anteriores durante los meses siguientes. También amplía las restricciones al uso del teléfono móvil en los institutos, aunque deja margen para determinadas excepciones educativas.
La norma deberá superar todavía el examen del Consejo Constitucional. También tendrá que encontrar un encaje operativo con el Reglamento europeo de Servicios Digitales, que atribuye a la Comisión Europea competencias centrales sobre las grandes plataformas. La versión inicial fue modificada para evitar que el regulador francés asumiera facultades incompatibles con el marco comunitario.
Esas cautelas jurídicas son necesarias pero no alteran la importancia política de la decisión. Francia ha dejado de considerar que la exposición digital de la infancia pertenece exclusivamente al ámbito privado de cada familia.
Durante años, los poderes públicos trasladaron a los padres una responsabilidad casi imposible. Debían vigilar dispositivos permanentemente conectados, conocer aplicaciones que cambian a gran velocidad, interpretar algoritmos opacos y competir con empresas dotadas de una extraordinaria capacidad para estudiar el comportamiento de sus hijos.
El discurso de la libertad individual sirvió con frecuencia para ocultar una desigualdad elemental. De un lado se encontraba un menor, con una capacidad de autocontrol todavía en formación. Del otro, algunas de las compañías tecnológicas más poderosas del mundo, cuyos modelos de negocio dependen del tiempo de permanencia, la segmentación publicitaria y la reiteración del estímulo. Presentar esa relación como una elección libre era una ficción conveniente.
Las redes sociales no son únicamente espacios en los que los adolescentes conversan con sus amigos. Son infraestructuras comerciales construidas para seleccionar contenidos, provocar respuestas y mantener al usuario dentro de una secuencia potencialmente infinita. Cada imagen, cada vídeo y cada notificación forma parte de una arquitectura de persuasión.
La Comisión Europea ha reforzado durante los últimos meses su vigilancia sobre los diseños adictivos y las obligaciones especiales de las grandes plataformas hacia los menores. En julio concluyó provisionalmente que determinados mecanismos de Instagram y Facebook podían vulnerar el Reglamento de Servicios Digitales. Las directrices europeas ya exigen un elevado nivel de privacidad, seguridad y protección para los usuarios más jóvenes. Francia ha optado por ir más lejos.
La prohibición puede parecer excesiva a quienes consideran que la educación digital debe basarse exclusivamente en el acompañamiento. La educación resulta indispensable, pero no basta para corregir una relación comercial tan desequilibrada. También educamos sobre el consumo de alcohol, el juego o el tabaco y, aun así, establecemos límites de edad.
Una sociedad responsable no entrega todos los riesgos al discernimiento de un niño. El argumento de que los menores lograrán eludir la norma tampoco invalida la intervención. Toda prohibición puede ser incumplida. La función de la ley no consiste en garantizar una obediencia absoluta, sino en establecer responsabilidades, modificar comportamientos y determinar quién debe asumir el coste del control.
Hasta ahora, las plataformas podían declarar una edad mínima en sus condiciones de uso y aceptar después verificaciones puramente formales. Bastaba con introducir una fecha falsa para acceder a servicios que conocían con enorme precisión los hábitos, preferencias y fragilidades de sus usuarios.
La nueva legislación desplaza esa carga. Serán las empresas quienes deberán desarrollar sistemas eficaces de verificación, respetando al mismo tiempo la privacidad y evitando la recopilación innecesaria de documentos personales. El método exacto todavía no está definido, lo que constituye uno de los puntos débiles del texto. La Unión Europea trabaja en soluciones comunes de acreditación de edad que permitan demostrar que se supera un determinado umbral sin revelar la identidad completa del usuario.
La dificultad técnica es real. También lo fue en otros momentos comprobar la edad para acceder a productos regulados. No debería utilizarse como coartada para perpetuar la ausencia de reglas. La decisión francesa contiene además una reflexión sobre la escuela. Prohibir o restringir el teléfono en los institutos no supone negar la tecnología, sino preservar espacios en los que la atención, la conversación y el aprendizaje no queden subordinados a una pantalla.
El aula necesita tiempo lento. Necesita lectura, concentración y una relación directa con otras personas. La permanente expectativa de una notificación fragmenta esas condiciones y transforma el teléfono en una prolongación del cuerpo que reclama atención incluso cuando no se está utilizando.
No toda la responsabilidad pertenece a las plataformas. Las familias, el sistema educativo y las administraciones deberán acompañar la norma con alfabetización digital, apoyo psicológico y alternativas de ocio. Prohibir sin educar generaría clandestinidad. Educar sin limitar ha demostrado ser insuficiente.
Francia está ensayando una combinación de ambas políticas. La medida también posee una dimensión europea. Emmanuel Macron ha defendido su extensión a otros países y ha situado la protección digital de los menores entre las prioridades francesas en el G7. Grecia ha anunciado iniciativas semejantes y otros gobiernos estudian fórmulas de limitación por edad.
Europa puede convertir esta materia en una de sus señas regulatorias. Ya lo hizo con la protección de datos y trata ahora de hacerlo con la inteligencia artificial y los servicios digitales. Frente a un modelo estadounidense dominado por la autorregulación empresarial y otro chino basado en el control político, la Unión intenta construir un espacio tecnológico sometido a derechos.
La protección de la infancia es un buen lugar para recuperar la autoridad democrática frente al poder de las plataformas. La ley francesa no resolverá por sí sola la ansiedad, el acoso, la presión estética ni la dependencia digital. Tampoco devolverá automáticamente a los adolescentes una vida libre de pantallas. Puede, sin embargo, marcar un cambio cultural decisivo.
Durante demasiado tiempo se aceptó que una generación entera participase en un experimento tecnológico de dimensiones desconocidas. Francia ha decidido que la infancia no debe continuar siendo el territorio más rentable y menos protegido de la economía digital.
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