El Ministerio de Trabajo no da marcha atrás. Habrá ajustes en el texto del nuevo registro horario, sí, pero no en lo esencial. La reforma seguirá adelante con su planteamiento original, que el control de la jornada sea digital, verificable y accesible para la Inspección de Trabajo.
Tras el dictamen desfavorable del Consejo de Estado, el Ministerio que dirige Yolanda Díaz ha optado por introducir modificaciones puntuales, más orientadas a reforzar el encaje jurídico que a alterar el contenido de la norma. Se trata de anticiparse a posibles impugnaciones y cerrar grietas legales, no de cambiar el modelo.
Uno de los puntos donde se pondrá más cuidado es en el tratamiento de los datos. El texto incorporará un mayor énfasis en la protección de la información derivada del registro horario, un terreno en el que la patronal ya ha dejado claro que dará batalla. También se abrirá la puerta a que la negociación colectiva pueda adaptar ciertos aspectos del sistema a las particularidades de cada sector, sin que eso suponga rebajar las exigencias básicas.
Porque ahí es donde Trabajo marca la línea roja. No habrá un modelo más flexible para pequeñas empresas. Desde el Ministerio consideran que introducir diferencias en función del tamaño acabaría generando desigualdades en el cumplimiento de la ley. El argumento es sencillo: si el objetivo es evitar abusos en la jornada, ese control debe ser igual para todos, independientemente de la dimensión de la empresa.
En paralelo, el departamento rechaza la propuesta que ha defendido el Ministerio de Economía de suavizar algunos aspectos de la norma. La intención, insisten, no es facilitar la implantación a costa de rebajar el control, sino asegurar que las 40 horas semanales se cumplen de forma efectiva y que las horas extraordinarias dejan de ser un terreno opaco.
El choque de posiciones dentro del propio Ejecutivo no se oculta, aunque desde Trabajo se insiste en que existe un acuerdo de fondo sobre la necesidad de reforzar el registro horario. Las diferencias, apuntan, tienen más que ver con los matices que con el objetivo final.
El informe del Consejo de Estado ha sido recibido con dureza en el Ministerio. Lo consideran “demoledor” y entienden que reproduce argumentos ya conocidos, tanto de la patronal como de otros departamentos del Gobierno. Especialmente, en lo que respecta a la carga que la norma podría suponer para las pymes o a las dudas sobre su encaje jurídico.
Desde Trabajo, sin embargo, recuerdan que el registro horario no es una novedad. Es una obligación vigente desde hace más de una década y, en la práctica, la mayoría de empresas ya cuentan con algún tipo de sistema digital. Lo que ahora se plantea es reforzar su fiabilidad y su capacidad de control.
La intención es seguir adelante con el calendario previsto. Aunque no se ha fijado una fecha concreta para su aprobación en Consejo de Ministros, el Ministerio da por hecho que la norma verá la luz en las próximas semanas. Incluso si el texto pasa por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el retraso sería limitado.
El despliegue, en cualquier caso, no será inmediato. La norma contempla un periodo de adaptación de seis meses para que las empresas ajusten sus sistemas a los nuevos requisitos técnicos. Un margen que busca facilitar la transición sin renunciar al objetivo de fondo.
Y ese objetivo sigue siendo el mismo, que el registro de jornada deje de ser un trámite formal y pase a convertirse en una herramienta real de control. Porque, en la práctica, lo que está en juego no es el formato del sistema, sino algo mucho más concreto, que el tiempo trabajado se registre, se respete y se pague.