La revalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios de Consumorevalorización de las pensiones conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) es una conquista social que garantiza que las personas jubiladas no pierdan poder adquisitivo con el paso del tiempo. Sin embargo, algunos organismos económicos y fundaciones privadas han vuelto a poner sobre la mesa la idea de desligar las pensiones de la inflación, presentándola como una fórmula para garantizar la “sostenibilidad” del sistema. Para sindicatos como UGT y CCOO, así como para la mayoría de organizaciones de pensionistas, se trata de un planteamiento inaceptable que equivale a condenar a millones de personas a la pobreza.
El debate no es nuevo. En el pasado, gobiernos de distinto signo intentaron aplicar revalorizaciones mínimas que apenas superaban el 0,25 % anual, mientras el coste de la vida se disparaba con subidas de la electricidad, los alimentos y la vivienda. La experiencia de aquella etapa, recuerdan los sindicatos, dejó claro que desligar las pensiones del IPC equivale a recortar de forma sistemática la renta de los jubilados.
El espejismo de la “sostenibilidad”
Los defensores de esta medida, entre ellos la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y su último informe titulado “Una visión actuarial del sistema de pensiones español”, sostienen que el sistema de pensiones es “insostenible” debido al envejecimiento de la población y a la brecha entre cotizaciones e ingresos. Proponen que, para cuadrar las cuentas, las pensiones se revaloricen por debajo del IPC, especialmente las más altas. A su juicio, se trataría de un “mal menor” que afectaría a todos por igual y permitiría garantizar el pago de las prestaciones en el futuro.
Sin embargo, esta argumentación tiene un problema de base: carga todo el peso del ajuste sobre los pensionistas, cuando existen alternativas más justas. Los sindicatos denuncian que esta estrategia oculta una voluntad clara de recorte, disfrazada de tecnicismo. Hablar de sostenibilidad no puede significar recortar derechos. El sistema es sostenible si se refuerzan los ingresos, no si se empobrece a los mayores.
Un derecho conquistado con décadas de lucha
La vinculación de las pensiones al IPC no es un privilegio, sino una garantía básica de dignidad. En un contexto de inflación, incluso moderada, perder cada año un 2 % o un 3 % del poder adquisitivo supone que en una década los jubilados tengan entre un 20 % y un 30 % menos de capacidad de compra. En la práctica, eso significa llenar menos la cesta de la compra, no poder afrontar el pago de suministros básicos o depender de la ayuda de familiares para llegar a fin de mes.
Para los sindicatos, reabrir este debate es un retroceso social inaceptable. Recuerdan que las pensiones no son una dádiva, sino un derecho financiado a lo largo de toda la vida laboral mediante cotizaciones. Quienes hoy son pensionistas han sostenido durante décadas el sistema con sus aportaciones. No se les puede pedir ahora que carguen con los ajustes.
Alternativas para reforzar ingresos
En lugar de recortar, los agentes sociales insisten en que la vía para garantizar la estabilidad del sistema pasa por reforzar los ingresos. Entre las medidas planteadas destacan:
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Reforma fiscal progresiva: acercar la recaudación tributaria española a la media europea permitiría destinar más recursos al sistema público de pensiones.
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Lucha contra la economía sumergida: aflorar el empleo no declarado incrementaría las cotizaciones.
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Políticas de empleo de calidad: salarios más altos y estables suponen más cotizaciones y, por tanto, más recursos para las pensiones.
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Transferencias del Estado: financiar mediante impuestos ciertos gastos impropios que hoy asume la Seguridad Social.
Estas alternativas, recuerdan sindicatos y expertos, ya están recogidas en parte en las últimas reformas y han demostrado ser eficaces. La creación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la cotización de los autónomos por ingresos reales o la subida de las bases máximas son pasos en la dirección correcta.
Un modelo que genera confianza
El sistema público de pensiones español ha sido señalado en múltiples ocasiones como uno de los más sólidos de Europa, gracias a su carácter redistributivo y universal. La revalorización conforme al IPC introdujo un elemento de estabilidad y confianza fundamental, tanto para quienes ya están jubilados como para las generaciones que se acercan a la edad de retiro.
Romper esa garantía, advierten los sindicatos, tendría un efecto devastador no solo en el bienestar de los mayores, sino también en la cohesión social. “Cuando se pone en duda el futuro de las pensiones, se genera miedo e incertidumbre en toda la ciudadanía. Defender el sistema es defender la confianza en el contrato social” defienden desde UGT.
El rechazo sindical es rotundo
UGT y CCOO ya adelantarobn que no entrarán a debatir medidas que supongan revalorizar las pensiones por debajo del IPC. Para ellos, el único camino viable es reforzar los ingresos y mantener la garantía de poder adquisitivo. “No se trata de números, se trata de personas. No vamos a aceptar que la sostenibilidad se construya a costa de empobrecer a los jubilados”, remarcan.
El mensaje es claro: tocar la revalorización es cruzar una línea roja. Las organizaciones sindicales advierten que, de prosperar cualquier intento en esa dirección, habrá una respuesta contundente en las calles.
Un debate que no puede maquillarse
Presentar esta medida como “temporal” o aplicarla solo en épocas de crisis económicas no cambia su naturaleza: se trata de un recorte que siempre termina afectando a quienes menos margen tienen para soportarlo. Los pensionistas no pueden compensar esas pérdidas trabajando más horas ni generando nuevos ingresos. Cada euro que pierden en la revalorización es un euro que desaparece de su bolsillo para siempre.
En definitiva, desligar las pensiones del IPC no es un ajuste técnico ni un debate neutro, es una decisión política con un claro sesgo: trasladar el coste de la sostenibilidad a quienes ya han cumplido con su parte. Los sindicatos lo saben y lo rechazan sin ambages. Y la ciudadanía, cada vez más consciente de la importancia de proteger el sistema público, también. Porque defender las pensiones no es solo defender a quienes ya están jubilados. Es defender la dignidad de toda la sociedad, presente y futura.