Las negociaciones para cerrar el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos avanzan a buen ritmo. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reunió este lunes con las principales organizaciones del sector —Uatae, UPTA, ATA, UGT y CCOO— en el marco del diálogo social, en un encuentro que todas las partes calificaron de “constructivo” y que ha servido para perfilar las líneas maestras de la reforma que se aplicará entre 2026 y 2028.
El encuentro abordó cuestiones cruciales para el futuro de los trabajadores por cuenta propia, como la evolución de las cuotas, la situación de quienes menos ingresos generan y la mejora de las prestaciones por cese de actividad. El objetivo, según Seguridad Social, es garantizar que el sistema sea “justo y sostenible”, vinculando las aportaciones de los autónomos a sus ingresos reales y simplificando los procedimientos.
UPTA pone sus propuestas sobre la mesa
El núcleo de la negociación sigue siendo la consolidación del sistema de tramos de cotización, que debe completarse en 2032. El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha señalado que su organización, junto con UGT, ya ha remitido al Ministerio un documento con propuestas concretas para acelerar este proceso y dar seguridad jurídica a los autónomos. “Los tramos reducidos tienen que fijarse en relación con el salario mínimo interprofesional, para que los que menos facturan no queden asfixiados”, ha subrayado Abad.
“Queremos un sistema que acompañe al autónomo en todas las etapas de su vida profesional, que no le asfixie cuando sus ingresos son bajos y que le dé cobertura real cuando tiene que cerrar su actividad”, señaló Abad. Además, UPTA ha propuesto la creación de un observatorio que evalúe cada año el impacto del sistema y permita ajustar las cuotas en función de la situación económica.
Desde Uatae se insiste en que el nuevo modelo debe garantizar que la cuota de quienes se encuentran en la parte más baja de la escala se reduzca de forma efectiva y que los procedimientos para actualizar las bases de cotización sean automáticos y sin burocracia innecesaria. El Gobierno ha confirmado que quienes renuncien a la devolución por pluriactividad podrán actualizar su base de cotización a cierre de 2022 con el IPC, sin realizar trámites adicionales, salvo que expresen lo contrario.
Pluriactividad, el gran escollo
Uno de los puntos más conflictivos es el de la pluriactividad, es decir, los trabajadores que cotizan en más de un régimen de la Seguridad Social. Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, ha expresado su desacuerdo con el modelo propuesto por el Gobierno, asegurando que es “inaceptable que se tenga que esperar más de dos años para que se devuelva el exceso de cotización”. ATA reclama que solo se pague por conceptos que realmente generen derechos y advierte que no dará luz verde al despliegue completo del sistema sin contar antes con evaluaciones y datos económicos que avalen su viabilidad.
Además, Ferrero ha recordado que el primer año de aplicación del sistema de tramos dejó problemas sin resolver, como la imposibilidad de que autónomos societarios o familiares colaboradores mantuvieran su base de 2022 si habían tenido rendimientos cero. “Estos errores no pueden repetirse”, ha advertido, pidiendo que se mejoren los procedimientos y se agilicen los plazos de resolución.
Prestaciones y cese de actividad
Otro de los asuntos tratados ha sido la reforma de la prestación por cese de actividad, conocida popularmente como el “paro de los autónomos”. Aunque el Ministerio no presentó aún una propuesta cerrada, las organizaciones coinciden en que es necesario flexibilizar los requisitos de acceso y hacer el procedimiento más ágil para que sirva de red de seguridad en situaciones de crisis.
Cristina Estévez, secretaria ejecutiva de UGT, ha defendido que este proceso de reforma debe servir para construir un sistema “más justo y equitativo”, en el que cada autónomo cotice exactamente por lo que le corresponde y pueda acceder a prestaciones reales cuando las necesite. Para UGT, esta mejora es clave para equiparar la protección social de los autónomos con la de los trabajadores asalariados.
Por su parte, CCOO puso el acento en la necesidad de contar cuanto antes con una propuesta oficial por escrito del Ministerio para poder hacer aportaciones técnicas y avanzar en los puntos pendientes. Según fuentes del sindicato, el Gobierno se ha comprometido a remitir este documento antes de la próxima reunión, prevista para el 13 de octubre.
Nuevas propuestas en el horizonte
Además de las cuestiones de cotización y prestaciones, ATA ha planteado la creación de un subsidio específico para los autónomos mayores de 52 años y bonificaciones de cuota para quienes tengan que dedicarse al cuidado de menores o familiares con enfermedades graves. También se ha reclamado que el Gobierno aclare el futuro de las “pasarelas” para mutualistas, que permiten el paso de regímenes privados al RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos).
Las organizaciones esperan que la próxima reunión, fijada para el 13 de octubre, sirva para concretar por escrito las propuestas del Ministerio y poder iniciar un debate más técnico sobre los porcentajes, bases y requisitos.
Hacia un acuerdo definitivo
El clima de diálogo parece favorable. Aunque persisten diferencias en puntos clave, todas las partes coinciden en que la reforma debe proporcionar estabilidad a los autónomos y evitar cargas excesivas. El Gobierno aspira a que este sistema sea más equitativo, de forma que quienes más ingresos obtengan contribuyan más y quienes menos ganen vean aliviada su cuota.
“Lo que buscamos es un sistema que no ahogue a los autónomos que están empezando o que atraviesan dificultades, y que premie el esfuerzo de quienes cumplen con sus obligaciones”, explican fuentes del Ministerio. El reto está en equilibrar equidad, sostenibilidad financiera y simplicidad administrativa en un sistema que afecta a más de tres millones de personas en España.
La cita del 13 de octubre será clave: allí se pondrá sobre la mesa la propuesta escrita del Ejecutivo y se abrirá el camino hacia un acuerdo que podría cerrarse antes de final de año. Si las partes logran un consenso, el nuevo marco de cotización entrará en vigor en 2026, marcando el inicio de una década de transición hasta que en 2032 las cuotas estén plenamente alineadas con los ingresos reales de los autónomos.