La rebelión de los hosteleros está en marcha en todo el país. Los dueños de bares y restaurantes creen que no son responsables de la propagación del virus y ha iniciado una campaña judicial para reclamar sus derechos. Ya han conseguido la reapertura en el País Vasco, donde el TSJ de esta región no ha encontrado indicios que prueben que detrás del incremento de la curva epidemiológica esté el sector de la hostelería.
Las valoraciones negacionistas del presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Euskadi, Luis Ángel Garrido (llegó a decir que los epidemiólogos son simples médicos de cabecera que han hecho un cursillo sobre los virus) han quedado ya en pura anécdota. Los hosteleros están dispuestos a llegar hasta el final y ayer la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) admitía a trámite el recurso que presentado por la asociación SOS Hostelería contra la resolución de 19 de enero de la Conselleria de Sanidad que estableció el cierre total del sector "como consecuencia del agravamiento de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19", según ha informado la plataforma.
El presidente de SOS Hostelería, Fidel Molina, ha mostrado su satisfacción por la decisión del TSJCV y ha denunciado que la resolución de la Generalitat es "contraria a Derecho" y "gravemente lesiva para los intereses del colectivo de hosteleros y restauradores", ha indicado la entidad en un comunicado, informa Europa Press. Para el representante, el hecho de que el recurso haya sido admitido a trámite "supone un balón de oxígeno para los hosteleros" ya que, a su juicio, "existen muchas posibilidades de que el TSJCV acabe decretando la medida cautelar de reapertura del sector, como así ha sucedido en el País Vasco".
Por su parte, el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel, ha sido el primero en alentar a todos los hosteleros de España a que “presenten reclamaciones patrimoniales ante el Estado y las comunidades autónomas”, informa La Razón. Yzuel ha cifrado ya en 24 los contenciosos presentados en Aragón, Valencia, País Vasco, Murcia, La Rioja, Galicia, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Andalucía, Navarra y Madrid tras las “muchas decisiones gravísimas” que se han adoptado y que están “arruinando de verdad” a los hosteleros.
Fidel Molina considera que la concesión de la medida cautelar "es fundamental para evitar graves y perjudiciales consecuencias para los administrados", al tiempo que ha censurado que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, "no ha explicado los motivos que le llevan a cerrar determinados tipos de establecimientos y a suspender ciertas actividades y otras no, ni tampoco por qué el empeoramiento de la pandemia justifica el cierre de establecimientos y la suspensión de ciertas actividades mientras se mantienen otras de alto riesgo.
El presidente del Consell, Ximo Puig, que se ha destacado por su mano dura a la hora de decretar impopulares medidas de confinamiento, contiene ahora la respiración. Si prospera la iniciativa judicial, el trabajo de meses de la Generalitat puede irse al traste.
Según la demanda presentada por SOS Hostelería, "estos cuestionamientos ponen de manifiesto el criterio discriminatorio y arbitrario contenido en los apartados de la resolución que se impugna". El presidente de SOS Hostelería ha insistido en que la disposición impugnada "afecta directamente no sólo a derechos fundamentales de los afectados, sino también a intereses públicos especialmente intensos, y de forma terrible a los principios de libertad de empresa, igualdad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".
La demanda presentada por SOS Hostelería señala que el "concienzudo" informe de evaluación y seguimiento de la situación por la pandemia covid-19 en la Comunitat Valenciana de fecha 19 de enero de 2021, elaborado por la Subdirección General de Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental, así como el informe de misma fecha elaborado por la Directora General de Asistencia Sanitaria a los que se hace referencia en la resolución, ponen de manifiesto un "sustancial" repunte de los casos y un "agravamiento" de la situación epidemiológica en los últimos días "aunque no existen motivos objetivos u objetivables que justifiquen el criterio de cerrar el sector de la hostelería y restauración, en contraposición a la decisión adoptada en otros sectores como por ejemplo el de las grandes superficies y centros comerciales".
Por ello, los hosteleros valencianos consideran que el cierre de la actividad de la hostelería en los términos descritos "carece de justificación, no siendo ni proporcional ni idónea ni motivada dicha drástica medida, no superando por lo tanto el test o juicio de proporcionalidad". En este sentido, Fidel Molina ha defendido que "ni la causa del actual repunte ni la solución al mismo pasa por cerrar el sector de la hostelería, máxime teniendo en cuenta las estrictas medidas de higiene y seguridad con las que cumplían dicho sector con anterioridad a acordarse el cierre de la actividad del mismo".
Molina ha remarcado que, a causa del carácter "extraordinario y especial" que supone el cierre total del sector, así como "las implicaciones que las medidas suponen desde un punto de vista constitucional, empresarial, laboral, social y económico", la resolución "debería haber abordado adecuadamente las implicaciones que tiene para la salud pública el mantenimiento o la suspensión de unas actividades no esenciales frente a otras sobre las que se ha decidido su mantenimiento con menos lesivas".
Cabe suponer que en los próximos días los hosteleros de otras comunidades autónomas van a sumarse a la ofensiva judicial para defender lo que consideran su derecho a abrir locales pese a la pandemia. La rebelión está en marcha.