La intervención de Isabel Díaz Ayuso en los premios de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) fue un homenaje encendido a quienes sostienen miles de negocios en España. El problema aparece cuando, entre aplausos, se deslizan afirmaciones imprecisas o directamente inexactas. Repasamos con datos verificados y con lenguaje claro y sin tecnicismos, lo que se dijo y lo que acreditan las cifras públicas disponibles.
Qué dicen los datos
La presidenta describió una “situación inconcebible” para los autónomos: cargas, incertidumbre y burocracia. Es cierto que la tramitación es pesada y las obligaciones, numerosas. Pero el diagnóstico no puede quedarse en el cliché. En España hay en torno a 3,3 millones de autónomos afiliados. Son muchos, pero no equivalen a “casi el 70 % de las empresas”, como se insinuó. Esa proporción confunde el peso del conjunto de pymes (microempresas, pequeñas y medianas) con el colectivo de autónomos como tal. La foto real es que la mayoría del tejido empresarial son pymes, sí, pero el autónomo persona física es un subconjunto de ese universo, no su práctica totalidad.
El “70 %” que no es tal
Cuando se afirma que los autónomos “son casi el 70 % de las empresas”, se induce a pensar que siete de cada diez compañías del país son autónomos individuales. No es así. Lo que sí ocurre es que las microempresas sin asalariados y las muy pequeñas representan la abrumadora mayoría del censo empresarial. Pero dentro de ese grupo hay de todo: autónomos, sociedades limitadas con uno o dos socios, y otras figuras. Atribuir todo ese bloque únicamente a los autónomos exagera su peso estadístico y confunde al público.
Impuestos, cuotas y “32 bajadas”
Ayuso sostuvo que su gobierno ha bajado impuestos “32 veces”. Es una forma política de presentar cambios normativos, deflactaciones y ajustes en tributos autonómicos. ¿Alivia esto al autónomo? Puede ayudar, sobre todo en IRPF autonómico o en algunos beneficios concretos, pero la carga principal del autónomo no está en los impuestos autonómicos sino en:
- Cuotas a la seguridad social: dependen de la base elegida y de los ingresos reales; es un pago mensual ineludible;
- IVA: se ingresa trimestralmente si procede, aunque el cliente no haya pagado aún;
- Retenciones e IRPF: pagos fraccionados que adelantan liquidez al fisco.
Es decir: aunque haya rebajas autonómicas, el “dolor de cabeza” cotidiano se juega sobre todo en la cuota, el calendario fiscal y la morosidad. Prometer grandes alivios sin explicar este reparto de competencias puede generar expectativas que, en la práctica, no se cumplen.
Madrid, el PIB y la tentación del triunfalismo
También se afirmó que la Comunidad de Madrid aporta el 20 % del PIB nacional y que es “un motor que sostiene” la economía. Madrid tiene un peso alto en la riqueza del país: concentra sedes de grandes empresas, servicios avanzados y turismo. Pero convertir este dato en un “uno de cada tres euros” o en la explicación única de las cifras macroeconómicas de España es ir demasiado lejos. Otras comunidades crecen a ritmos similares y el ciclo económico responde a factores nacionales e internacionales que ningún gobierno autonómico controla por sí solo.
¿Menos burocracia? bien; ¿Mercado abierto? con matices
El discurso presumió de programas de ayudas, relevo generacional, tarifa cero ampliada y una ley de mercado abierto que “evita que trabajemos como si hubiera 17 mercados distintos”. La idea de eliminar duplicidades es positiva, pero en la práctica la unificación total de trámites entre comunidades es limitada: existen competencias propias, licencias municipales y requisitos sectoriales que no desaparecen con una ley autonómica. Simplificar es imprescindible, pero vender una armonización plena crea una ilusión que luego se estrella con la ventanilla.
Empleo y tejido real
Otra idea reiterada: “apoyar a quien crea empleo”. De nuevo, incuestionable en el plano discursivo. Sin embargo, conviene recordar que la inmensa mayoría de autónomos no tiene asalariados o cuenta con plantillas muy reducidas. Sus márgenes son estrechos, la financiación cuesta y afrontar una primera contratación supone un salto de riesgo notable. El problema no se resuelve solo con premios, ni con un titular sobre la “libertad económica”: exige medidas concretas sobre cuotas reducidas cuando se contrata por primera vez, una lucha real contra la morosidad (también pública), plazos de pago más cortos y seguridad jurídica estable.
Qué sí ayuda (y qué no)
- Sí: simplificar formularios y obligaciones duplicadas; ventanillas únicas que funcionen; interoperabilidad real.
- Sí: ayudas claras y rápidas, con criterios comprensibles y sin laberintos de justificación.
- Sí: combatir la morosidad con sanciones efectivas y plazos exigibles, también a las administraciones.
- No: prometer “desregulación” genérica sin explicar qué trámites concretos desaparecen y cuáles siguen vigentes.
- No: presentar como “bajada de impuestos” ajustes menores que no alivian la tesorería del día a día.
Menos eslóganes, más certezas
Reconocer a los autónomos es justo. Hacerlo con datos imprecisos, no. El discurso de Ayuso logró aplausos, pero mezcló pymes con autónomos, sobredimensionó porcentajes y atribuyó a decisiones autonómicas efectos que dependen de normas estatales o europeas. Si de verdad queremos ayudar a quien abre la persiana cada mañana, el camino es otro: claridad normativa, menos papeles, pago puntual, cuota ajustada a ingresos reales y estabilidad.
En política económica, la épica es gratis; lo difícil es que la caja cuadre y el calendario fiscal no asfixie. Por eso, la exigencia debe ser doble: discursos honestos y medidas medibles. Solo con certezas —y no con proclamas— los autónomos podrán pasar de sobrevivir a crecer.