Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha vuelto a demostrar por qué es uno de los portavoces más polémicos de las élites empresariales. Sus últimas declaraciones, realizadas en el Forbes Spain Economic Summit, no solo desprecian a los jóvenes trabajadores, sino que además responsabilizan a toda la sociedad de los problemas que su propio modelo económico ha creado.
Según Garamendi, en España hay “un problema de actitud” y “mucha gente que no quiere trabajar”. En su discurso, volvió a recurrir a metáforas deportivas, comparando a los jóvenes con Rafa Nadal o Carlos Alcaraz para reprocharles que no trabajan “37 horas y media a la semana”. La comparación, además de grotesca, parece ignorar que el esfuerzo en el deporte profesional está acompañado de condiciones dignas, contratos blindados y remuneraciones millonarias, justo lo contrario de lo que ocurre en muchos de los sectores que representan la patronal.
Mano de obra barata y discursos peligrosos
El presidente de la CEOE afirmó sin sonrojo que los jóvenes son “mano de obra barata porque tienen que aprender” y que son las empresas las que deciden “cuándo dejan de serlo”. Estas palabras no son una anécdota: describen perfectamente el modelo laboral que defiende Garamendi, donde la juventud queda atrapada en prácticas interminables, contratos temporales encadenados y salarios que apenas alcanzan el Salario Mínimo Interprofesional.
El mensaje es claro: para la patronal, el problema no es la precariedad, sino que los jóvenes reclamen derechos. Garamendi se queja de que “si trabajo 7 horas no puedo hacer turnos de 15”, como si exigir respeto a los límites legales de la jornada fuera un capricho y no una garantía básica para evitar abusos.
Su receta es simple: menos regulación, menos protección y más sacrificios de parte de los trabajadores. Llega incluso a calificar el marco normativo español de “veneno”, en referencia a las leyes laborales aprobadas en los últimos años para controlar abusos, reforzar el registro horario y garantizar descansos. Resulta especialmente grave que el máximo representante de los empresarios vea como un “enemigo” la legislación que protege la salud y la vida de quienes trabajan.
Criminalizar a quienes exigen derechos
Lejos de hacer autocrítica por las condiciones que sufren miles de empleados, Garamendi prefiere desviar la atención culpando al Gobierno y acusando a los trabajadores de no estar a la altura. Criticó el proyecto de reducción de jornada —que busca que las 37,5 horas semanales sean un derecho y no una excepción— y acusó al Ejecutivo de “romper el diálogo social” por impulsar un nuevo registro horario.
Este tipo de declaraciones son peligrosas, porque instalan en el debate público la idea de que la culpa del desempleo y la escasez de mano de obra es de los jóvenes, cuando en realidad las estadísticas muestran que España está a la cola de Europa en vacantes sin cubrir. Lo que realmente ocurre es que muchos puestos ofrecen sueldos tan bajos que ni siquiera permiten pagar el alquiler.
Además, Garamendi no dudó en utilizar ejemplos extremos para atacar leyes como la del “solo sí es sí”, vinculando la normativa que protege a las mujeres con la inseguridad jurídica que, según él, amenaza a las empresas. Es un discurso calculado para desacreditar al Gobierno y reforzar la agenda de la patronal, que busca abaratar despidos y frenar cualquier avance en derechos laborales.
Una visión de país al servicio de unos pocos
Las declaraciones de Garamendi muestran con crudeza el modelo social que defiende: un país en el que las empresas tengan manos libres para exprimir a sus trabajadores y en el que la juventud asuma que su destino es cobrar menos y trabajar más. Cuando dice que “hay que defender a los que se queden fuera”, no está pidiendo redistribución de la riqueza, sino restringiendo la ayuda social a quienes no puedan trabajar, mientras se exige que el resto acepte sin rechistar condiciones cada vez más duras.
El problema no es de actitud, sino de salarios, vivienda y derechos básicos. Lo que los jóvenes piden no es un “sueldazo”, sino que se cumpla la ley: que no se les contrate por debajo del SMI, que se respeten las jornadas y que no se les condene a la temporalidad eterna.
Mientras Garamendi siga defendiendo un modelo en el que la legislación laboral es “veneno” y el esfuerzo es un deber unilateral, el diálogo social que dice defender será imposible. Lo que sus palabras evidencian es que para la CEOE el verdadero objetivo no es mejorar el país, sino mantener los privilegios de quienes ya tienen el poder económico..