Durante los últimos años, el debate sobre la vivienda en España ha sido secuestrado por una palabra: okupación. Convertida en eje central del discurso político de la derecha, repetida hasta la saciedad en tertulias, campañas y redes sociales, la imagen que se ha construido es la de un país asediado, donde cualquiera puede perder su casa de la noche a la mañana. Sin embargo, cuando se abandona el ruido y se acude a los datos, la realidad es mucho más compleja —y mucho menos alarmante—.
España no vive una epidemia de okupaciones
España no vive una epidemia de okupaciones. Vive, en cambio, una crisis estructural de vivienda que se intenta ocultar tras una narrativa del miedo.
El primer elemento que conviene aclarar es que bajo el término “okupación” se están mezclando fenómenos jurídicamente distintos. No es lo mismo la usurpación de una vivienda vacía —el caso más habitual— que el allanamiento de morada, es decir, la entrada en una vivienda habitual. Este último supuesto es un delito grave que permite la actuación inmediata de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, buena parte del discurso político borra esta diferencia para alimentar la sensación de inseguridad generalizada.
Esa estrategia tiene efectos claros: convierte casos excepcionales en amenazas universales.
Si se observan los datos oficiales, el contraste con el relato es evidente. En España se registran del orden de quince mil denuncias anuales por ocupación ilegal. Puede parecer una cifra elevada en términos absolutos, pero pierde toda dimensión cuando se contextualiza: representa una fracción mínima del parque total de viviendas. Hablamos de un fenómeno estadísticamente marginal.
Y, sin embargo, el miedo es masivo.
Miedo infundado
¿Por qué? Porque el debate no se está construyendo sobre datos, sino sobre percepciones. Y esas percepciones han sido alimentadas deliberadamente. La okupación se ha convertido en un instrumento político útil: genera alarma, moviliza votantes y desplaza la conversación pública hacia un terreno emocional donde los matices desaparecen.
El segundo concepto clave en esta estrategia es el de “inquiocupación”. Un término que suena técnico, casi jurídico, pero que en realidad no existe en el ordenamiento legal español. No hay ningún delito tipificado con ese nombre. Lo que se describe con esa palabra es, en esencia, el impago del alquiler y la permanencia en la vivienda mientras se tramita un procedimiento judicial.
Es decir, un conflicto civil convertido en eslogan político.
Esto no significa que no existan problemas reales. Los hay. Existen propietarios —especialmente pequeños— que se enfrentan a situaciones difíciles cuando un inquilino deja de pagar y el proceso judicial se alarga. Existen mafias en determinados contextos que utilizan la ocupación de viviendas vacías como negocio. Existen barrios donde la concentración de casos genera tensiones sociales.
Pero reconocer esa realidad no justifica construir un relato desproporcionado.
Hay inquilinos que no pagan
Porque la clave está en la escala. Y la escala, en este caso, desmonta el alarmismo. La mayoría de ocupaciones afectan a viviendas vacías, muchas de ellas propiedad de entidades financieras o grandes tenedores. Los casos en los que una familia pierde su vivienda habitual por una ocupación son extremadamente raros. Sin embargo, son esos casos los que dominan el imaginario colectivo.
No es casual.
La política del miedo funciona mejor con ejemplos extremos que con datos generales. Y en ese terreno, la derecha ha jugado con ventaja. Ha sabido convertir un fenómeno minoritario en una amenaza percibida como omnipresente. Ha sabido simplificar un problema complejo hasta reducirlo a un enemigo claro: el “okupa”.
Mientras tanto, el verdadero problema ha quedado en segundo plano.
España tiene uno de los parques de vivienda pública más bajos de Europa. El acceso al alquiler se ha vuelto cada vez más difícil en las grandes ciudades. Los precios han crecido muy por encima de los salarios. Miles de viviendas permanecen vacías, muchas de ellas en manos de grandes propietarios, mientras una parte creciente de la población tiene dificultades para acceder a una vivienda digna.
Ese es el núcleo del problema.
La okupación no es un problema masivo
La okupación no es la causa de la crisis de vivienda. Es, en muchos casos, una consecuencia de ella. Una manifestación de un sistema que no está garantizando el acceso a un derecho básico. Pero abordar esa raíz exige políticas complejas: inversión pública, regulación, planificación urbana, negociación con grandes propietarios.
Mucho más difícil que lanzar un mensaje contundente en campaña.
Aquí es donde también hay que introducir una crítica equilibrada. La izquierda ha tenido razón al señalar que la okupación es un fenómeno minoritario y al denunciar su uso político. Pero en ocasiones ha caído en el error contrario: minimizar el impacto real en determinados contextos o ignorar el problema que puede suponer para pequeños propietarios.
Negar el problema no lo resuelve. Exagerarlo, tampoco.
Menos titulares y más política
La diferencia es que uno de esos enfoques genera titulares; el otro exige políticas.
La historia comparada ayuda a poner las cosas en perspectiva. Ninguna sociedad está libre de conflictos relacionados con la propiedad, el acceso a la vivienda o la desigualdad. Tampoco lo estaban las sociedades europeas que conquistaron América, donde la violencia, la expropiación y la desigualdad eran prácticas habituales. Por eso resulta especialmente llamativo que se utilice un fenómeno relativamente limitado como la okupación para construir un relato de colapso social.
No estamos ante una sociedad desbordada por la ilegalidad. Estamos ante una sociedad con un problema estructural de acceso a la vivienda que se está abordando, en parte, con respuestas equivocadas.
El riesgo de esta estrategia no es solo político, sino social. Cuando se instala la idea de que cualquiera puede perder su casa en cualquier momento, se genera desconfianza, se tensiona la convivencia y se legitiman soluciones simplistas que pueden acabar vulnerando derechos.
La especulación sobre la vivienda sigue creciendo
Y todo ello mientras el problema de fondo sigue creciendo.
Porque la realidad es tozuda: la okupación no explica la crisis de vivienda en España. No la provoca, no la define y no la resuelve. Es un fenómeno que existe, sí, pero cuya dimensión ha sido amplificada hasta convertirse en una cortina de humo.
Una cortina que permite evitar las preguntas incómodas.
¿Por qué hay tan poca vivienda pública?
¿Por qué el acceso al alquiler es cada vez más difícil?
¿Por qué miles de viviendas permanecen vacías?
¿Por qué el mercado no está funcionando para garantizar un derecho básico?
Responder a estas preguntas exige algo más que eslóganes. Exige voluntad política, capacidad de gestión y, sobre todo, honestidad.
Porque, al final, la cuestión no es si la okupación existe o no. La cuestión es por qué se ha convertido en el centro del debate mientras el verdadero problema sigue sin resolverse.
Y la respuesta, aunque incómoda, es bastante clara: porque es más fácil gobernar el miedo que solucionar la realidad.