Isabel Díaz Ayuso ha encontrado un nuevo argumento contra el Gobierno de Pedro Sánchez en el final del Plan de Recuperación, para no dar explicaciones sobre su ático. La presidenta madrileña ha compartido en X una información de El Español que asegura que España deberá renunciar «al menos» a 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation por no haberlos repartido a tiempo y ha añadido una conclusión todavía más contundente: "los fondos están mal gestionados y no han servido para nada". Según Ayuso, el resultado sería "dinero perdido, resultados nulos", consecuencia de una "obsesión ideológica intervencionista" del Ejecutivo, al que vuelve a calificar de "cada vez más totalitario", antes de expresar su deseo de conocer "la corrupción que habrá habido ahí".
Todo lo que va saliendo a la luz confirma lo que dijo la CM desde el principio: los fondos están mal gestionados y no han servido para nada. ¿Por qué?
— Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 1, 2026
Por una obsesión ideológica intervencionista de este Gobierno cada vez más totalitario.
El resultado es el de siempre: dinero…
El problema es que la información disponible a 1 de septiembre no permite sostener varias de esas afirmaciones en los términos empleados por la presidenta madrileña.
Es cierto que el 31 de agosto venció un plazo fundamental. El Reglamento europeo establece que todos los hitos y objetivos comprometidos en los planes nacionales debían haberse completado antes de esa fecha, pero eso no significa exactamente que «todo el dinero no repartido» a beneficiarios finales el 31 de agosto tenga que devolverse automáticamente. Los Estados disponen hasta el 30 de septiembre para presentar su última solicitud de pago y la Comisión tiene hasta el 31 de diciembre para efectuar los desembolsos. El propio sistema europeo funciona por cumplimiento de hitos y objetivos, no mediante una simple comparación entre dinero adjudicado y dinero disponible.
Los 10.000 millones no son, por ahora, una pérdida certificada
La cifra que da título a la información de El Español no procede de una resolución de la Comisión Europea. El propio artículo reconoce que se trata de una estimación realizada por economistas consultados por el periódico y fuentes próximas al Ejecutivo, y admite además que el ajuste definitivo no se conocerá hasta final de año.
La estimación parte fundamentalmente de los datos de ELISA, la herramienta del Ministerio de Economía que contabilizaba 70.391 millones de euros en convocatorias resueltas hasta el 30 de junio. Quedaban fuera, por tanto, las adjudicaciones de julio y agosto.
Pero existe otro problema metodológico todavía más importante: la propia ficha oficial de ELISA advierte literalmente de que sus datos "no deben interpretarse en ningún caso como medida del grado de ejecución presupuestaria". Una convocatoria resuelta significa que se han identificado beneficiarios, pero adjudicación, obligación reconocida, pago, gasto realizado por el beneficiario y cumplimiento de un objetivo europeo son conceptos diferentes.
Convertir automáticamente la diferencia entre los aproximadamente 80.000 millones de transferencias disponibles y los 70.391 millones adjudicados a finales de junio en «10.000 millones perdidos» es, por tanto, una extrapolación, no una cifra oficial de Bruselas.
La Comisión Europea presenta actualmente el plan español con un valor aproximado de 102.000 millones: 79.000 millones en subvenciones y 23.000 millones en préstamos. El 11 de agosto comunicó que España había recibido ya 78.000 millones, equivalentes al 76,5% de la financiación actualmente asignada, después del sexto desembolso.
Sí hay dinero que España ha perdido
Negar los problemas de ejecución sería igualmente incorrecto. España ha llegado al final del mecanismo con retrasos, una enorme presión administrativa y algunos compromisos incumplidos.
Hay, además, una pérdida ya definitivamente acreditada: 197.971.828 euros.
La Comisión Europea aprobó el 3 de agosto una decisión formal reduciendo en esa cantidad la subvención concedida a España después de considerar incumplido parcialmente el hito fiscal que incluía, entre otras medidas, un incremento de la tributación del diésel. El dinero inicialmente suspendido ascendía a 475,3 millones, pero Bruselas reconoció posteriormente el cumplimiento de otros elementos de la reforma y redujo finalmente la penalización a esos 197,97 millones.
Hay también 626,6 millones suspendidos relacionados con las medidas contra el abuso de la temporalidad en las administraciones públicas. Esa partida representa otro problema serio, aunque su situación jurídica no debe confundirse todavía con la reducción definitiva de los 198 millones correspondiente al hito fiscal.
Por tanto, criticar la gestión del Gobierno tiene fundamento en determinados ámbitos. Lo que no tiene actualmente respaldo oficial es elevar esas cantidades a una pérdida mínima confirmada de 10.000 millones.
Los 60.000 millones de créditos tampoco se han "perdido"
Hay otro elemento de la información de El Español que necesita contexto. El artículo suma a la discusión los aproximadamente 60.000 millones de préstamos europeos a los que España decidió renunciar en 2025 y concluye que finalmente se utilizará una proporción mucho menor de los 163.000 millones contemplados anteriormente.
Pero préstamos y subvenciones son cosas diferentes.
España disponía inicialmente de unos 83.000 millones en créditos europeos reembolsables y decidió reducir su solicitud hasta aproximadamente 22.800 millones, alegando que el Tesoro podía financiarse en los mercados en condiciones suficientemente favorables y que no era necesario endeudarse por todo el importe disponible. El Gobierno mantuvo, en cambio, el objetivo de utilizar la totalidad de las transferencias no reembolsables, cercanas a 80.000 millones. (Plan de Recuperación)
Se podrá discutir si fue acertado renunciar a esos préstamos, pero presentarlos como otros 60.000 millones «perdidos» por incapacidad para gestionarlos confunde deliberadamente una ayuda a fondo perdido con una línea de endeudamiento que España decidió no solicitar.
"No han servido para nada" choca con los datos
Mucho más difícil de sostener es la afirmación de Ayuso de que los fondos "no han servido para nada". No hace falta recurrir al balance del Gobierno. Funcas y Afi, en un estudio publicado en abril, estiman que Next Generation explica entre el 10% y el 14% del crecimiento medio anual del PIB español entre 2021 y 2025, equivalente a entre 1,4 y 2,1 puntos porcentuales acumulados sobre el nivel del PIB. El mismo informe es bastante crítico con la gestión: a finales de 2025 solo unos 39.000 millones se habían materializado como gasto en términos de Contabilidad Nacional y el efecto verdaderamente transformador sobre productividad y estructura económica seguía siendo limitado. Es decir, existe una crítica seria posible sin necesidad de afirmar que los resultados han sido nulos.
El Banco de España también ha encontrado efectos concretos. Su evaluación del Kit Digital, dotado con más de 3.000 millones y más de 900.000 ayudas a pymes y autónomos, detecta mejoras de productividad entre las empresas beneficiarias. Otros trabajos de la institución estiman igualmente un impacto positivo significativo de las inversiones Next Generation sobre actividad, inversión y empleo.
La propia Comunidad de Madrid desmiente a Ayuso
La contradicción resulta todavía más evidente cuando se consulta la web de la propia Comunidad de Madrid.
El Gobierno de Ayuso define Next Generation como "una nueva oportunidad para seguir progresando como región" y mantiene una página específica dedicada a sus inversiones.
Hace apenas unos días, la Comunidad anunciaba que su red de Centros de Capacitación Digital, que ya ha formado a casi 3.000 personas, cuenta este año con cerca de un millón de euros de financiación Next Generation. En marzo, Ayuso inauguró personalmente la remodelación de los Teatros del Canal: de los 5,3 millones invertidos, 3,6 millones procedían de estos mismos fondos europeos. Y promociones del Plan Vive que la Comunidad presenta como parte de su política de vivienda se están construyendo en una decena de municipios con financiación Next Generation.
Resulta difícil conciliar esos proyectos, promocionados por el propio Ejecutivo madrileño, con la afirmación de que los fondos «no han servido para nada».
Y sobre la corrupción, ninguna prueba
Finalmente está la insinuación de Ayuso de que espera conocer «la corrupción que habrá habido ahí». La información de El Español no aporta ninguna prueba de corrupción relacionada con esos 10.000 millones, ni la Comisión Europea ha relacionado los problemas de ejecución señalados con una trama corrupta.
La discusión legítima es otra y suficientemente importante: España ha tenido problemas de burocracia, absorción, diseño de algunas convocatorias y cumplimiento de determinados hitos; puede terminar renunciando a una parte de las subvenciones disponibles y ya ha perdido casi 198 millones.
Pero la verificación realizada hasta ahora conduce a una conclusión bastante diferente de la difundida por Ayuso: hay razones para fiscalizar duramente la gestión de los Next Generation, pero ni Bruselas ha certificado una pérdida de 10.000 millones, ni los 60.000 millones de créditos rechazados son subvenciones desperdiciadas, ni los resultados económicos han sido nulos.
Y existe una última paradoja difícil de ignorar: mientras la presidenta madrileña asegura en X que los fondos europeos «no han servido para nada», su propio Gobierno continúa inaugurando, financiando y publicitando proyectos realizados precisamente gracias a ellos.
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