La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha lanzado una advertencia que va mucho más allá del debate técnico sobre las pensiones. Aunque la conocida como regla de gasto de pensiones cumple formalmente los requisitos establecidos por la legislación vigente, el organismo considera que ese cumplimiento no garantiza en absoluto la sostenibilidad futura de las cuentas públicas españolas. En otras palabras: las cifras encajan en el papel, pero los problemas estructurales siguen ahí.
El nuevo Estudio de Evaluación de la Regla de Gasto de Pensiones, publicado el 29 de mayo de 2026, ratifica las conclusiones alcanzadas por la institución un año antes. El gasto en pensiones, una vez descontado el efecto de las medidas de ingresos aprobadas para reforzar el sistema, se sitúa en el 13,0% del PIB en promedio entre 2022 y 2050, por debajo del límite legal del 13,3% establecido en la reforma de pensiones.
Sin embargo, la AIReF insiste en que este dato, por sí solo, no permite concluir que el sistema sea sostenible a largo plazo. De hecho, el organismo alerta de que la deuda pública española podría alcanzar el 123% del PIB en 2050 si se mantienen las políticas actuales y no se adoptan medidas adicionales.
Una regla que se cumple, pero que no resuelve el problema
La llamada regla de gasto de pensiones fue incorporada en la reforma impulsada por el Gobierno para evaluar periódicamente la evolución del sistema. El mecanismo consiste en comparar el gasto medio previsto en pensiones durante el periodo 2022-2050 con el impacto de las medidas destinadas a aumentar los ingresos de la Seguridad Social.
Según el nuevo informe, el gasto bruto público en pensiones se mantiene en el 14,6% del PIB durante ese periodo, mientras que las medidas aprobadas para reforzar los ingresos aportan un efecto medio equivalente al 1,6% del PIB. El resultado final deja el gasto neto en el 13,0%, tres décimas por debajo del límite legal.
La mejora respecto al informe de 2025 se debe principalmente a una revisión al alza del impacto de algunas medidas recaudatorias, especialmente la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos, que ahora puede evaluarse utilizando datos reales de rendimientos declarados.
Pero para la AIReF el problema no es si la regla se cumple o no. El problema es que la propia regla está mal diseñada.
El envejecimiento seguirá presionando las cuentas públicas
Las proyecciones demográficas continúan dibujando un escenario de fuerte envejecimiento de la población española durante las próximas décadas.
La AIReF estima que el gasto total en pensiones pasará del 13% del PIB registrado en 2025 al 16,4% del PIB en 2050. El número total de pensiones crecerá desde los actuales 11,6 millones hasta alcanzar aproximadamente 17,4 millones al final del periodo analizado.
La principal causa de este incremento será el aumento de la población de mayor edad. La institución destaca que la tasa de dependencia de los mayores prácticamente se duplicará entre 2025 y 2050, lo que supondrá una presión creciente sobre el sistema público de protección social.
Aunque las previsiones incorporan una población más elevada gracias al efecto de la inmigración y una ligera mejora del crecimiento económico potencial, estos factores no serán suficientes para neutralizar completamente el impacto del envejecimiento.
Una deuda que seguirá creciendo
El elemento más preocupante del informe es probablemente el referido a la evolución de la deuda pública.
La AIReF subraya que el cumplimiento de la regla de gasto es perfectamente compatible con una trayectoria ascendente de la deuda. En el escenario central elaborado por la institución, la deuda pública española alcanzaría el 123% del PIB en 2050.
Esta situación se produciría porque el aumento del gasto asociado al envejecimiento no afecta únicamente a las pensiones. También crecerán los desembolsos relacionados con la sanidad, la dependencia y los cuidados de larga duración.
Además, la institución recuerda que estas previsiones ni siquiera incorporan otros posibles factores de presión presupuestaria, como los costes derivados del cambio climático o un incremento significativo del gasto en defensa.
La AIReF denuncia tres fallos de diseño
El informe dedica una parte importante de sus conclusiones a explicar por qué considera insuficiente la actual regla de gasto.
El primer problema es conceptual. La AIReF sostiene que la norma ofrece una visión parcial de la sostenibilidad porque únicamente analiza un componente concreto del gasto público: las pensiones. Sin embargo, la sostenibilidad financiera depende del conjunto de ingresos, gastos y deuda del Estado.
La institución calcula además que las transferencias implícitas necesarias para financiar el aumento previsto del gasto en pensiones deberán aumentar en 2,3 puntos del PIB hasta alcanzar aproximadamente el 3% del PIB. Eso supondría destinar más recursos públicos a sostener el sistema o recurrir a un mayor endeudamiento.
El segundo problema tiene que ver con la información utilizada. La regla sigue apoyándose en las previsiones del Informe de Envejecimiento de la Comisión Europea publicado en 2024, pese a que ya existen nuevas proyecciones demográficas de Eurostat que serán la base del próximo informe europeo. Según la AIReF, esto impide incorporar adecuadamente los cambios más recientes de la economía y de la población española.
El tercer defecto es su incompatibilidad con el nuevo marco fiscal europeo. Mientras Bruselas ha situado la deuda pública como principal indicador de referencia, la regla española apenas tiene en cuenta esta variable. Además, Europa supervisa la evolución del gasto primario neto mediante tasas de crecimiento, mientras que la regla española se expresa en porcentaje del PIB.
Una reforma para evitar futuras tensiones
Ante este panorama, la AIReF propone reformar profundamente la regla de gasto de pensiones.
La institución plantea que deje de centrarse exclusivamente en el nivel de gasto sobre el PIB y pase a integrarse plenamente dentro del nuevo marco fiscal europeo. También propone vincularla al Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo y expresarla en términos de crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos de la Seguridad Social.
El mensaje es claro. España cumple hoy la regla legal diseñada para evaluar las pensiones, pero ese cumplimiento no debe confundirse con una garantía de estabilidad futura. La AIReF vuelve a advertir que el verdadero desafío no consiste en superar un umbral estadístico, sino en asegurar que el sistema de pensiones, las finanzas públicas y la deuda del Estado sigan siendo sostenibles dentro de veinte o treinta años. Y ahí, según el organismo independiente, las señales de alerta continúan encendidas.