El Grupo Parlamentario Socialista de Galicia, al amparo de lo dispuesto en el artículo 147 del Reglamento de la Cámara, ha presentado ante la Mesa del Parlamento gallego una interpelación sobre las adjudicaciones de contratos a dedo en la Xunta de Galicia en tiempos de Feijóo.
Un total de 13 contratos formalizó la Xunta de Galicia bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo con Equipo Económico, el bufete del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro (investigado penalmente por organización criminal y tráfico de influencias) a través del cual intercambiaba con empresas leyes favorables a cambio de beneficios económicos.
El Ejecutivo autonómico de Feijóo, entre 2009 y 2011, formalizó una serie de contratos con esta consultora, investigada por la Justicia y por la que el exministro durante el Gobierno de Mariano Rajoy y su equipo al frente de Hacienda fueron imputados. El montante de estos 13 contratos entre la Xunta y Equipo Económico asciende a 172.838 euros. Cuatro de ellos corresponden a 2009, seis a 2010 y tres a 2011; mientras que las consellerías implicadas fueron la de Hacienda y la de Presidencia, en diez y tres ocasiones respectivamente, sin que hasta ahora se haya facilitado una información completa, ordenada y verificable sobre su contenido, objeto, utilidad real y justificación administrativa.
El 12 de septiembre de 2025, la portavoz socialista encargada de transparencia en el Parlamento gallego acudió a las dependencias de la Secretaría General Técnica y del Patrimonio de la Consellería de Hacienda para la consulta de los expedientes administrativos relativos a estas contrataciones menores.
El análisis de la documentación permitió constatar hechos de especial gravedad institucional: la existencia de informes aportados en forma de simples borradores, sin firma, sin fecha y sin identificación del personal responsable. La incorporación de documentos de carácter general sobre normativa fiscal estatal, sin relación directa con las competencias propias de la Comunidad Autónoma de Galicia. Propuestas genéricas de reducciones fiscales en impuestos como patrimonio, sucesiones y donaciones, coincidentes con el ideario político del PP, pero sin adaptación técnica a la realidad normativa gallega.
La inclusión de un documento en formato PowerPoint, sin firma ni autoría, relativo a la fusión de las cajas gallegas, que no contiene conclusiones técnicas ni recomendaciones finales, pese a haberse utilizado como soporte político para una de las decisiones económicas más trascendentes de la historia reciente de Galicia. Ese mismo día, 12 de septiembre de 2025, el Grupo Parlamentario Socialista reiteró formalmente la solicitud de copia íntegra de todos los contratos adjudicados a dedo a Equipo Económico, así como de los informes finales asociados a cada uno de ellos.
A día de hoy, esa documentación de los expedientes de contratación sigue sin ser remitida, incumpliendo los principios de transparencia, colaboración parlamentaria y control democrático de la acción del Gobierno. Esta situación resulta incompatible con el deber de ejemplaridad de la Administración pública, con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, y con el derecho de los grupos parlamentarios a ejercer plenamente sus funciones de control y fiscalización.
La opacidad mantenida por la Xunta de Galicia alimenta dudas legítimas sobre la utilidad real de estos contratos, la correcta justificación del gasto público y la posible utilización de fondos públicos para avalar decisiones ideológicas o partidarias, y no para un asesoramiento técnico riguroso al servicio del interés general. Por todo lo expuesto, las diputadas que suscriben interpelan al Gobierno gallego en los siguientes términos: ¿Por qué motivo no se ha remitido aún al Parlamento de Galicia la copia íntegra de los contratos menores solicitados formalmente el 12 de septiembre de 2025? ¿Considera la Xunta de Galicia adecuado y conforme a derecho pagar informes que carecen de firma, no contienen conclusiones técnicas, o se limitan a reproducir normativa fiscal estatal sin adaptación a la realidad gallega?
“¿Qué criterios técnicos y de interés público justificaron la contratación de un despacho privado para la elaboración de propuestas de reducciones fiscales en impuestos propios de la Comunidad Autónoma? ¿Utilizó la Xunta de Galicia alguno de los informes elaborados por Equipo Económico como base para decisiones estratégicas de política económica, fiscal o financiera? En caso afirmativo, ¿cuáles?”, asegura la nota de prensa del PSOE.