Vox ha conseguido que la derecha hable su idioma

Vox no necesita ganar unas elecciones generales para comprobar que una parte de su estrategia ha funcionado. Tampoco necesita colocar a Santiago Abascal en La Moncloa. Basta observar de qué habla la política española y, sobre todo, cómo ha empezado a hablar de determinados asuntos.

La inmigración ofrece estos días el ejemplo más evidente. La crisis de Ceuta ha llevado al centro de la conversación las devoluciones, el reparto de menores, la seguridad de las fronteras y la capacidad de acogida. Alberto Núñez Feijóo ha reclamado el retorno de los migrantes que entraron irregularmente desde Marruecos, incluidos los menores, una propuesta que la fiscal de Sala Coordinadora de Menores ha cuestionado recordando las garantías legales que exige cualquier repatriación de niños y adolescentes.

No todo lo que ocurre alrededor de la inmigración puede atribuirse a Vox, pero cuesta ignorar una transformación que lleva tiempo produciéndose, y es que la extrema derecha ha conseguido que una parte creciente de la derecha española discuta dentro de un terreno que ella contribuyó a colocar en el centro y ese poder no siempre se cuenta en escaños.

Durante mucho tiempo, el éxito de un partido se midió por los votos obtenidos, las instituciones gobernadas o las leyes aprobadas. Existe otra forma de influencia menos visible que consiste en  conseguir que los demás respondan a las preguntas que uno ha elegido, Vox lleva años trabajando precisamente ahí.

Primero cambian las palabras

Cuando la formación de Abascal irrumpió en las instituciones, buena parte de su vocabulario quedaba fuera del lenguaje habitual de los grandes partidos. La violencia de género pasó a denominarse violencia intrafamiliar. Las políticas climáticas comenzaron a presentarse como imposiciones ideológicas. La Agenda 2030 se convirtió en objeto de sospecha. La inmigración apareció asociada una y otra vez a inseguridad, saturación de servicios públicos o pérdida de identidad.

Algunas de aquellas expresiones siguen siendo patrimonio casi exclusivo de Vox. Otras han recorrido bastante camino. La «prioridad nacional» es probablemente el ejemplo más claro. Los cuatro pactos alcanzados este año por PP y Vox en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía incorporan ese principio, junto al rechazo de la política migratoria del Gobierno y otras medidas defendidas por la formación de Abascal. La expresión ha dejado de pertenecer únicamente a los discursos de Vox para entrar en acuerdos que sostienen gobiernos presididos por el Partido Popular.

En abril, la propia portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, advertía al PP de que su partido no permitiría que la «prioridad nacional» quedara «diluida» en los gobiernos autonómicos y prometía hacer valer sus postulados. Cuatro meses después, el concepto ya se traduce en políticas concretas en distintos territorios.

Hace unos años habría resultado difícil imaginar a un gran partido conservador aceptando con semejante naturalidad una expresión procedente de la extrema derecha. Ahora la discusión se centra en cómo aplicarla, qué requisitos de residencia o arraigo pueden establecerse y hasta dónde permite llegar la legislación.

Vox ha conseguido algo más importante que colocar una palabra. Ha conseguido abrir una discusión que antes se producía en otros términos.

Algo parecido sucede con la inmigración. La posición del PP durante la crisis de Ceuta muestra hasta dónde ha llegado el endurecimiento. Feijóo ha defendido la devolución de quienes entraron irregularmente y ha incluido a los menores en sus reclamaciones, pese a que estos últimos están sometidos a garantías específicas y a una evaluación individual de su interés superior.

Para el Partido Popular existe además una presión electoral evidente. Vox conserva capacidad para disputar una parte importante del electorado situado a su derecha y los pactos autonómicos han demostrado que puede convertir esa fuerza en condiciones políticas incluso cuando no encabeza el gobierno.

Ahí aparece el dilema de Feijóo. Necesita recuperar votantes de Vox para ampliar su espacio electoral, pero intentar hacerlo acercándose a sus posiciones puede terminar confirmando ante esos mismos electores que la extrema derecha llevaba razón al situar determinados asuntos en el centro.

Es un problema que las derechas tradicionales europeas conocen bien: competir con la extrema derecha en su propio terreno no garantiza reducirla. En ocasiones sirve para normalizar precisamente aquello que pretendía neutralizarse.

Y el desplazamiento de la conversación empieza a resultar visible incluso fuera de la derecha estatal. Junts volvió a registrar este miércoles en el Congreso su proposición para delegar competencias migratorias a la Generalitat. El texto mantiene facultades sobre autorizaciones de residencia y documentación de extranjeros, además de la participación de los Mossos d'Esquadra en determinadas funciones de seguridad en puertos y aeropuertos. La formación ha defendido también que Cataluña no asuma un nuevo reparto de menores procedentes de Ceuta.

Las razones de Junts responden a su propia estrategia política y territorial, no a Vox. También afronta, sin embargo, la presión de una extrema derecha independentista representada por Aliança Catalana. El resultado vuelve a colocar la inmigración en un lugar central de la competencia electoral catalana.

La batalla por decidir de qué se habla

Antes de ganar unas elecciones existe otra disputa que suele recibir menos atención: conseguir que esas elecciones se celebren alrededor de los asuntos que más benefician a cada formación.

La crisis de Ceuta ha vuelto a demostrarlo. Durante semanas, la inmigración ha desplazado otras cuestiones de la conversación política y ha obligado a todos los partidos a fijar posición. Para Vox es un escenario reconocible. Lleva años construyendo buena parte de su identidad alrededor de ese asunto.

Responder a Vox es inevitable. Adoptar sus preguntas como punto de partida es otra cosa. Si la inmigración se presenta fundamentalmente como un problema de seguridad, competencia por los recursos o identidad, las respuestas posibles empiezan a estrecharse. La integración, el envejecimiento demográfico, las necesidades laborales o la aportación económica de la población migrante desaparecen progresivamente del encuadre. Nadie necesita prohibir esos debates, simplemente se habla menos de ellos.

Ahí está una parte importante del éxito político de Vox. No consiste únicamente en conseguir que otros partidos acepten determinadas propuestas. Empieza antes, cuando logra decidir cuál es el problema y obliga a sus adversarios a responder dentro de esa definición.

Los acuerdos autonómicos permiten observar el paso siguiente. La «prioridad nacional», el rechazo a la política migratoria del Gobierno, la oposición a determinadas medidas ambientales o las exigencias en materia educativa aparecen ya en los pactos alcanzados con el PP. Las palabras terminan entrando en los documentos y los documentos, en los gobiernos.

La izquierda tampoco resolverá este problema limitándose a denunciar una derechización del país. Las inquietudes sobre inmigración, seguridad, vivienda o funcionamiento de los servicios públicos existen. Negarlas deja el terreno libre precisamente a quienes ofrecen las respuestas más simples.

Una sanidad tensionada puede conducir a discutir sobre los recursos disponibles, la falta de profesionales y la gestión pública o puede transformarse en una pelea sobre quién merece acceder primero a ella. La dificultad para encontrar vivienda puede llevar a discutir sobre precios, alquiler, salarios y parque público o terminar convertida en una competición entre el ciudadano nacional y quien acaba de llegar.

Las próximas elecciones medirán cuántos ciudadanos están dispuestos a votar a Santiago Abascal. Para saber hasta dónde ha llegado realmente su influencia habrá que mirar también a quienes no llevan sus siglas.