El Partido Popular ha decidido poner por escrito lo que hasta ahora había sido una práctica variable: cómo pactar con Vox sin parecer que pacta con Vox. El documento marco presentado por la dirección de Alberto Núñez Feijóo fija líneas rojas y requisitos de estabilidad institucional, pero también revela hasta qué punto el PP ha asumido que su alternativa territorial pasa, hoy por hoy, por entenderse con la formación de Santiago Abascal.
El equilibrio imposible entre identidad propia y dependencia parlamentaria
El texto, bautizado como “Documento marco para ordenar los acuerdos y dar gobiernos estables a la España autonómica”, llega en un momento incómodo: Extremadura bloqueada, Aragón en negociación y Castilla y León en campaña. No es casualidad. La dirección nacional quiere evitar que cada barón autonómico improvise su propio guion con Vox y, de paso, proteger la marca Feijóo.
La primera clave es semántica. El PP habla de “marco único, vinculante y de aplicación en toda España”. Traducido: se acabaron los pactos ad hoc, las contradicciones territoriales y las declaraciones intempestivas que obligan a rectificar en Madrid. El problema es que la política autonómica española no suele obedecer a los manuales, sino a la aritmética.
En el decálogo hay una insistencia casi didáctica en el respeto a la Constitución, la unidad nacional y el Estado de derecho. Resulta llamativo que un partido que ha gobernado España durante décadas considere necesario explicitar estos principios en un documento de pactos. Más aún cuando su potencial socio ha cuestionado abiertamente el modelo autonómico y algunos consensos constitucionales básicos. La declaración, por tanto, no es inocente: es una advertencia preventiva, dirigida tanto a Vox como al propio electorado moderado.
Otro de los ejes es la “coherencia programática”. El PP afirma que puede ampliar su oferta electoral, pero no contradecirla. El enunciado es elegante; la práctica es más resbaladiza. Cuando Vox exige medidas que tensionan políticas de igualdad, memoria democrática o inmigración, la coherencia se convierte en un concepto elástico. La cuestión no es si habrá ampliaciones, sino qué se considerará contradicción y qué simple matiz estratégico.
El punto de la proporcionalidad merece atención. El PP subraya que el reparto de poder debe reflejar el resultado de las urnas. Es una forma de marcar territorio frente a Vox, que en ocasiones ha reclamado cuotas ejecutivas superiores a su peso parlamentario. Pero también es un reconocimiento implícito: sin Vox no hay gobierno en varias comunidades. La proporcionalidad es, en el fondo, la aceptación de una dependencia estructural.
En el capítulo programático, el documento prioriza bajadas fiscales, reducción de burocracia, defensa del sector primario y un “mix energético completo” que incluye la nuclear. También aparece el rechazo a políticas climáticas que, a juicio del PP, “destruyen empleo”. El tono es inequívoco: se consolida un giro discursivo que aproxima al PP a postulados que hace pocos años consideraba excesivos.
Especialmente significativo es el apartado migratorio. El texto denuncia “regularizaciones masivas” y exige control de fronteras y expulsiones. La formulación se acerca al léxico habitual de Vox, aunque envuelta en un lenguaje institucional. Es uno de los terrenos donde el PP parece haber asumido que la competencia con la ultraderecha no se libra solo en votos, sino en marcos discursivos.
La exigencia final —compromiso de aprobar cuatro presupuestos— introduce la variable de estabilidad. Es, quizá, el punto más pragmático del documento. El PP sabe que la repetición electoral es un riesgo real en territorios donde Vox puede optar por tensar la cuerda. De ahí la insistencia en evitar “chantajes parlamentarios”. Resulta curioso que el término aparezca cuando la negociación se produce precisamente porque ningún partido tiene mayoría suficiente.
El trasfondo político es claro. Feijóo necesita mostrar capacidad de gobierno y control interno. No puede permitirse que cada comunidad negocie bajo sus propias condiciones ni que el discurso nacional se fracture. Pero tampoco puede renunciar a Vox sin renunciar al poder autonómico.
El documento pretende fijar reglas del juego. La incógnita es si esas reglas resistirán la presión de las investiduras inminentes. Porque en política territorial, la teoría suele durar menos que el primer recuento ajustado.
En última instancia, el PP intenta resolver una ecuación compleja: mantener su identidad diferenciada mientras construye mayorías con una fuerza que cuestiona parte de los consensos que ese mismo partido dice defender.