España no es una excepción sobre un fenómeno político que antes de 2008 sería absolutamente impensable. Gente que ha votado a la izquierda, ya sea socialdemócratas, socialistas, comunistas, trostkistas o anticapitalistas que se ha pasado a las filas de la ultraderecha. Y no son ni uno ni dos, sino que se cuentan por millones. Si uno se patea estos días los barrios obreros, de esos donde el menú del día aún se apunta con tiza en la pizarra, se da cuenta enseguida de que algo profundo se ha roto. Faltan apenas unas semanas para que las urnas vuelvan a abrirse este 29 de noviembre de 2026 y en las conversaciones la música suena muy distinta a la de los mítines.
La vieja lealtad incondicional al bloque de izquierdas, ese eje que durante años sostuvieron con puño de hierro el PSOE, el PCE, IU, Sumar y Podemos, se está agrietando por la base. No es un enfado pasajero sino la frustración acumulada de familias humildes que escuchan en el telediario o ven en su teléfono grandes discursos sobre avances históricos, sobre récords de empleo y cotizaciones, sobre que España es el motor económico de la UE, pero que, al mirar la cuenta corriente a fin de mes, ven que los números simplemente no cuadran. La gente ve que, al igual que gobernó Mariano Rajoy, la macroeconomía va bien, pero que en su casa no se puede poner la calefacción todos los días o no se puede comer carne o pescado fresco todas las semanas.
Pura supervivencia diaria
El fenómeno no es un calentón del momento ni un capricho de última hora captado por las encuestas. Qué va. Lo que estamos presenciando a pie de calle es un distanciamiento material y cultural en toda regla. Para buena parte de la clase trabajadora, la bonita promesa del Estado del bienestar ha terminado convirtiéndose en una gincana diaria para llegar a fin de mes. Alquileres por las nubes que asfixian a las familias, una cesta de la compra que no da tregua, pluriempleo para poder sobrevivir y unos servicios públicos golpeados por la falta de recursos.
Ese es el caldo de cultivo. Un terreno fértil donde el mensaje de prioridad nacional, de bajada de impuestos y mano dura que abandera la extrema derecha empieza a calar, no tanto como una revelación febril, sino como un refugio pragmático para el que se siente abandonado. La izquierda, en general, se presenta como la garante de los derechos fundamentales, como los únicos que los protegen, como los únicos que los amplían. Sin embargo, tras la crisis de 2008 el problema que viven las familias de clase trabajadora no es de derechos, sino de dinero y a la izquierda parece que aún le sigue dando repelús hablar de pasta.
Las cifras de la fuga de votantes
Si se deja a un lado las impresiones de bar y se acude a los fríos datos, la vía de agua en el barco de la izquierda es evidente. Los estudios sobre transferencia de voto publicados tras la convocatoria electoral por firmas como 40dB, Imop e InvyMark confirman que la formación de Santiago Abascal está pescando con red en caladeros que antes eran terreno sagrado de la izquierda.
Las tripas de los sondeos, que colocan a la extrema derecha por encima del 18% de votos y disputando cerca de 65 escaños, dibujan una radiografía reveladora sobre el origen de sus nuevos apoyos.
Entre un 7,7% y un 8% de los ciudadanos que apoyaron a Pedro Sánchez en las generales de 2023 se declinan hoy por la papeleta de la extrema derecha. Alrededor de un 1,4% a un 2% del electorado que apostó por Sumar abandona el bloque progresista para dar el salto directo a la formación ultraconservadora.
En términos absolutos, la transferencia de voto directa desde la izquierda se sitúa entre el 9% y el 10% de sus antiguos apoyos. Cientos de miles de votos cruzando el tablero de lado a lado. Si a esta sangría se suma la abstención y una fidelidad de voto a Vox que roza el 90%, se entiende de golpe por qué el bloque de las derechas roza la mayoría absoluta de los 200 diputados en las proyecciones más recientes.
La batalla del bolsillo
El motivo principal de este divorcio entre el votante trabajador y las formaciones de izquierda es puramente económico. Mero bolsillo. Por mucho que en los boletines oficiales se aprueben leyes de vivienda y se anuncien planes millonarios a futuro, la crisis de la vivienda en España se ha convertido en una trampa de pobreza para la gente trabajadora.
En los barrios de Madrid de Barcelona, Málaga, Baleares y Valencia, el alquiler se traga cerca del 50% (cuando no lo supera) del sueldo de cualquier currante. Y la gente se cansa. Cuando un vecino comprueba que las grandes medidas anunciadas desde el Gobierno central chocan contra el muro de las competencias autonómicas o la parálisis institucional, la desilusión se acelera y no se culpa a la presidenta ultraliberal de turno, sino a Moncloa.
Ahí es donde entra el discurso de la ultraderecha. Su receta de recortar impuestos con el mantra de "el dinero de los ciudadanos, en el bolsillo de la gente", liberar suelo y aplicar el llamado chauvinismo del bienestar, esa idea de dar prioridad absoluta a los nacionales a la hora de repartir viviendas de protección oficial o ayudas públicas, es vista por muchas familias con el agua al cuello como una respuesta rápida y sin rodeos. Es l credulidad que da la desesperación porque la urgencia provoca que se crean factibles las soluciones fáciles que ofrece la extrema derecha a problemas muy complejos.
La brecha las luchas de salón y la vida real
Pero la herida no es solo económica, es también cultural. Existe una distancia enorme entre las preocupaciones de las cúpulas políticas y la realidad cotidiana del taller, la obra, la oficina o el pequeño comercio de barrio. A ojos de muchos trabajadores, las prioridades de la izquierda alternativa representada por Sumar y Podemos se han enfocado demasiado en debates identitarios y peleas teóricas de salón, olvidándose de los problemas cotidianos.
Ese choque de realidades se ve muy claro en tres asuntos que quitan el sueño a la gente sencilla.
La seguridad en las calles. Mientras desde los despachos se tiende a quitar importancia a la delincuencia común, en los barrios con menos recursos la falta de policía se vive con angustia. Vox aprovecha ese vacío prometiendo orden y presencia policial en las esquinas.
El bolsillo frente a la transición verde. Las exigencias medioambientales, la subida de los carburantes o las restricciones para circular con coches antiguos castigan de lleno a quien no tiene dinero para comprarse un vehículo eléctrico. Para el que necesita el coche viejo para ir a trabajar a las seis de la mañana, la llamada a la sostenibilidad suena a castigo, por más que sea el cambio climático ya sea una evidencia.
El orgullo del esfuerzo. Crece la sensación de que matarse a trabajar y pagar impuestos ya no garantiza unos servicios públicos de calidad, con centros de salud de barrio desbordados y listas de espera eternas.
La papeleta del castigo
No nos engañemos: este trasvase de votos hacia la extrema derecha no significa que la clase trabajadora se haya vuelto ultra de la noche a la mañana. En la inmensa mayoría de los casos no hay un enamoramiento ideológico con el programa de Vox. Lo que hay es pragmatismo puro y un monumental enfado.
Es un voto de castigo. Un puñetazo sobre la mesa del asalariado que siente que la socialdemocracia le ha fallado, que la izquierda alternativa le ha fallado, y que decide usar la papeleta más incómoda para el poder como palanca para remover el mapa.
A medida que se acerca la fecha crucial del 29 de noviembre, el verdadero examen para las fuerzas del Gobierno no consistirá en repetir el discurso del miedo frente a la extrema derecha. Consistirá en demostrar con hechos si su proyecto es capaz de devolver la tranquilidad económica y la dignidad a la gente trabajadora. Si no consiguen reconectar con la realidad del día a día en esos barrios, la brecha en el antiguo cinturón rojo seguirá abriéndose, cambiando para siempre el mapa político del país.
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