El recorrido y análisis exhaustivo de las propuestas de PSOE, PP, Vox y Frente Amplio en materias tan determinantes como vivienda, empleo, servicios públicos, seguridad, política exterior, impuestos, derechos civiles y pensiones dibuja una España polarizada. En ella, dos bloques irreconciliables compiten por imponer visiones del mundo casi opuestas. Sin embargo..., la brecha más preocupante que se abrirá este 29 de noviembre no es la que separa a la izquierda de la derecha. Es la grieta cada vez más profunda que distancia a los ciudadanos de una clase política percibida como mediocre, autorreferencial y desconectada de la realidad cotidiana.
A lo largo de los últimos años, la política española ha experimentado un preocupante proceso de insustancialidad discursiva. El parlamentarismo de altos vuelos y las grandes visiones de Estado han sido sustituidos por una maquinaria de propaganda hipertrofiada. Centrada en la táctica de titulares de corto recorrido. La polarización identitaria. Y el insulto como sustituto del argumento. Esta dinámica ha ahuyentado el talento de la esfera pública. Los profesionales cualificados rechazan ingresar en un ecosistema donde prima la lealtad ciega al aparato del partido sobre el rigor técnico y la capacidad de gestión.
El resultado directo de este deterioro es la sensación generalizada de que los españoles están llamados a las urnas a elegir, una vez más, la opción menos lesiva. A tener un presidente o presidenta que sea "el mal menor" . Votar ha dejado de ser un acto de ilusión cívica para convertirse en un mecanismo defensivo. Se deposita la papeleta no para respaldar un proyecto inspirador de futuro, sino para evitar la victoria del adversario. Este "voto del hartazgo" alimenta un desánimo transversal que corroe la legitimidad de las instituciones y erosiona los cimientos mismos de la convivencia democrática.
La tentación tecnocrática y el riesgo de despolitización
Ante la ineficacia de la gestión partidista y el bochorno de crisis de gobernanza como la tragedia de Urda, un sector creciente de la sociedad busca refugio en el mito de la tecnocracia. Crece la tentación de exigir que expertos independientes, al margen del escrutinio y del conflicto político, asuman las riendas del Estado para aplicar "soluciones estrictamente técnicas" .
Sin embargo..., sustituir el debate político por decisiones puramente tecnocráticas entraña un riesgo severo de despolitización y pérdida de soberanía popular. La infalibilidad técnica es una quimera. Detrás de cada decisión presupuestaria, de cada regulación urbanística o de cada reforma de las pensiones existen elecciones ideológicas sobre quién asume los costes y quién se beneficia del progreso. El reto no consiste en suprimir la política para dejar paso a los técnicos. Consiste en dignificar la política dotándola de rigor, transparencia y responsabilidad moral.
Las reformas que podrían devolver el poder a los ciudadanos
Para revertir esta deriva de alienación democrática, la sociedad española no puede resignarse al cinismo ni a la parálisis. La regeneración del sistema democrático exige acometer reformas profundas que devuelvan el poder a la ciudadanía y mejoren el nivel de exigencia hacia sus gobernantes.
En primer lugar, la reforma de la legislación electoral (LOREG) para desbloquear las listas electorales permitiría que los votantes elijan directamente a sus representantes individuales en las Cortes Generales. Quebraría la obediencia ciega a las cúpulas de los partidos y restablecería la rendición de cuentas distrito por distrito. En segundo lugar, la transparencia y despartidización de los órganos constitucionales exige mayorías cualificadas y perfiles de objetividad acreditada para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) , el Tribunal Constitucional, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la dirección de RTVE. Garantizaría la verdadera independencia de los poderes del Estado.
Asimismo, la evaluación independiente de las políticas públicas requeriría la creación de una agencia pública con autonomía garantizada. Su misión sería evaluar, antes y después de su ejecución, el impacto real de las leyes aprobadas. Sometería los presupuestos y las reformas a auditorías técnicas rigurosas de coste-beneficio social. Finalmente, la profundización en la democracia participativa a través de la incorporación de asambleas ciudadanas sorteadas y vinculantes permitiría abordar dilemas complejos a largo plazo. Como la transición energética o la reforma del sistema público de pensiones. Aliviaría la presión del tacticismo electoral de corto recorrido.
El verdadero examen comienza al día siguiente
Este 29 de noviembre, cuando millones de ciudadanos acudan a sus colegios electorales, la suma de las papeletas no resolverá mágicamente los desequilibrios del mercado inmobiliario, el colapso de las infraestructuras ni la fragilidad de las pensiones. El veredicto de las urnas determinará la correlación de fuerzas de la próxima legislatura. Pero el verdadero examen de la democracia española comenzará al día siguiente.
La ciudadanía no puede conformarse con ejercer un papel pasivo cada cuatro años como mera espectadora de un espectáculo bronco. Exigir ejemplaridad a las élites, penalizar la mentira electoral y fiscalizar de forma implacable la gestión pública son las condiciones mínimas para reconstruir el pacto cívico. La democracia no es un regalo garantizado por las leyes. Es una conquista diaria que requiere de una sociedad despierta, crítica y dispuesta a defender la dignidad de sus instituciones frente a la decadencia de la política de trinchera.
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