El presidente de la sala de Lo Penal del Tribunal Supremo, Andrés Martínez Arrieta, ha decidido no dar señal a las televisiones del juicio al fiscal General del Estado que comenzará el próximo 3 de noviembre. El magistrado, que ha consultado a los otros seis miembros del tribunal, argumenta que esta vista oral no tiene trascendencia penal, y, además, quiere preservar la imagen del jefe del ministerio público. Unos razonamientos insuficientes entre otras razones porque él mismo reconoce, por ejemplo, que el juicio del procès se retransmitió porque desde diversos ámbitos se había cuestionado la imparcialidad de la corte y numerosas entidades, no solo catalanas sino incluso internacionales del ámbito de los derechos humanos, habían pedido al tribunal asistir como observadores externos ante lo que la sala decidió emitirlo en directo como un signo de transparencia. Y en este caso no sucede lo mismo. Hay “suficientes garantías de imparcialidad”, dicen en fuentes próximas al tribunal. Un buen número de juristas no están de acuerdo con este planteamiento. Este juicio tiene trascendencia histórica porque es la primera vez que se sienta en el banquillo una de las más altas autoridades del Estado y, aunque no tenga esa relevancia penal de la que habla Martínez Arrieta, es evidente su importancia política porque la derecha va a estar muy pendiente del fallo final para atacar al gobierno progresista que ha defendido y defiende la inocencia de García Ortiz. En cuanto a las garantías de que va a ser un juicio justo sólo hace falta remitirse a la irregular instrucción que llegó a provocar el voto particular del magistrado Andrés Palomo, contrario al procesamiento de García Ortiz.
El juez Palomo dice que “no resulta posible con el acervo indiciario acumulado atribuir de una manera mínimamente justificada la filtración del correo al investigado". No es que discrepe en una cuestión concreta, es que disiente de la totalidad de razones que dan por válidas sus compañeros. El magistrado califica de “insuficiente” la “relativa coincidencia cronológica” señalada por el instructor, Ángel Hurtado, y considera insuficientes las sospechas hacia el fiscal general por haber borrado los mensajes de su móvil tras la apertura de una causa contra él: "su cargo no le añade exigencia suplementaria a la de cualquier otro investigado".
Hay más razones para pedir la retransmisión en directo de este juicio. Durante las sesiones van a comparecer el denunciante inicial, el novio de la presidenta de la CAM, Alberto González Amador. Su testimonio, ya de por sí, tiene una enorme carga pública porque Díaz Ayuso se ha pasado toda la instrucción argumentando que su pareja “sufre una persecución política” por haberse filtrado el famoso correo de su “supuesto” abogado, Carlos Neira, en el que asumía la responsabilidad por dos delitos fiscales cometidos en las declaraciones del Impuesto de sociedades de 2020 y 2021 solicitando un acuerdo de conformidad para abonar la cantidad defraudada, el pago de una multa y los intereses de demora, a cambio de una pena mínima de cárcel que evitaría su ingreso en prisión. Su testimonio en el tribunal tiene que escucharse íntegro, y analizarse en su contexto.
Igual que el del jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, para comprobar si vuelve a reiterarse en lo manifestado ante el instructor cuando reconoció que había acusado al fiscal general del Estado de haber cometido un delito a sabiendas de que no fue así. Hay que escuchar íntegra su declaración y comprobar si habló con González Amador y éste le comentó que Carlos Neira había presentado a varias instancias, entre ellas al fiscal anticorrupción de Madrid, Julián Salto, una oferta de acuerdo de conformidad, y si decidió darle la vuelta a esta información lanzando el bulo de que el autor de la propuesta era el propio fiscal que, posteriormente, la retiraría “por ordenes de arriba”. Y si lo filtró a varios medios conservadores que lo publicaron en sus portadas.
Hay que ver lo que dicen los doce periodistas citados que aseguran conocer detalles del correo electrónico que centra la investigación antes de que llegara al fiscal general. Además, los otros testimonios son interesantes porque está la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, testigo “de cargo” cuya enemistad hacia García Ortiz es manifiesta. Su declaración habrá que analizarla en este contexto y saber cómo la van a replicar la defensa de García Ortiz y el fiscal. Además, ese testimonio puede entrar en contradicción con el de la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez, que, en un principio, fue imputada.
Es importante saber lo que van a decir las partes personadas, y, en especial, el representante del Colegio de la Abogacía de Madrid, una institución cuyo órgano de gobierno se ha personado en la causa sin permiso de los colegiados algunos de los cuales han protestado por esta iniciativa. El decano del ICAM, Eugenio Ribón, dice que lo han hecho para salvaguardar el secreto en las relaciones entre letrado y cliente y que, según él, ha sido vulnerado por el FGE. En ámbitos jurídicos, sin embargo, se destaca la existencia de una relación entre Ribón con el entorno de Díaz Ayuso algo difícil de demostrar pero que, en cualquier caso, siembra dudas sobre el papel que juega la corporación en esta causa.
La parte más farragosa de un juicio es la primera, la que se refiere a las cuestiones previas que plantean las partes. En esta ocasión van a ser muy interesantes porque alguna va a pedir la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por el juez Hurtado como son las decisiones adoptadas durante la instrucción que pueden haber vulnerado la tutela judicial. Se va a insistir en el famoso registro de la sede de la fiscalía general por parte de la UCO. En un principio se mandó recoger todos los datos referidos a nueve meses, los que van desde febrero, un mes antes de producirse la filtración objeto del presunto delito, hasta octubre. En esos soportes había mensajes que no sólo afectaban a la vida personal de Ángel García Ortiz sino muchos otros que tienen que ver con investigaciones judiciales, entre ellas algunas que afectan a la seguridad del Estado.
Son muchos los matices que van a planear en la sala de vistas del Supremo con capacidad para setenta personas, cincuenta de las cuales serán invitados y sólo veinte están reservadas para los medios de comunicación. Sus representantes tendrán que seguir el juicio en un salón aparte mediante un circuito cerrado de televisión en el cual no hay garantía de que se vaya a dar íntegra la señal.
Si se quiere transparencia en uno los de procesos más mediáticos de la reciente historia de este país, más le valdría a Martínez Arrieta, que, en su día, estuvo al frente de las relaciones con la prensa, reconsiderar la decisión tomada y autorizar la retransmisión del juicio.