Carlos Mazón afronta una comparecencia muy delicada en el Congreso por su nefasta gestión de la dana de Valencia de octubre de 2024, marcada por las acusaciones de familiares de víctimas y por la presión política en plena transición de liderazgo en la Generalitat.
Mazón comparece en una situación extraña, tras su peculiar dimisión pese a que ha quedado como president en funciones. Esta anomalía política (pocas veces se ha visto algo así en democracia) arrastra a Alberto Núñez Feijóo, que ha apoyado a Mazón durante más de un año pese a que la situación era insostenible. Todo ello mientras PP y Vox negocian la sustitución del jefe del Ejecutivo del Consell, que podría recaer en Juanma Pérez Llorca, un candidato que no termina de gustar a la extrema derecha por mucho que él se haya posicionado públicamente en postulados ultras.
En la comisión de Les Corts, Mazón ofreció un discurso de 21 minutos sin responder a preguntas de la oposición, lo que fue criticado como insuficiente. Aquello no dejó de ser una pantomima, un teatrillo que indignó todavía más a los familiares de las 229 víctimas mortales, ciudadanos apostados a las puertas de la cámara autonómica para exigir, una vez más, que Mazón desaparezca de la vida política valenciana, que sea juzgado por sus negligencias y pague con la Justicia. En su comparecencia autonómica se descargó de responsabilidad, afirmando que la gestión operativa no dependía de él, sino de mandos técnicos con décadas de experiencia. Este argumento buscaba blindarse frente a acusaciones de negligencia. Mazón no hizo más que preparar su defensa ante la jueza de Catarroja que investiga la dana.
La imagen pública del PP sale seriamente deteriorada tras los últimos acontecimientos. Los familiares de víctimas señalan a Mazón, directamente, como responsable de la tragedia, y mientras tanto Feijóo se ha limitado a mantenerlo en el poder tratando de repartir las culpas con el Gobierno de Sánchez.
A diferencia de Les Corts, Mazón se enfrenta en el Congreso a un interrogatorio directo de pregunta-respuesta, lo que limita su margen de maniobra y le obliga a dar explicaciones más concretas. No tendrá tanto espacio dialéctico para colocar su discurso basado en bulos y mentiras. El expresident insistirá en que su figura se usa como “excusa política” para tapar las causas de la tragedia. Este enfoque puede reforzar la percepción de evasión de responsabilidades, más cuando el caso está judicializado. El cerco judicial se estrecha, y cualquier contradicción en su testimonio puede tener consecuencias legales.
Sin duda, la gestión catastrófica de la dana y la imagen de Mazón pueden afectar a la credibilidad del partido en la Comunitat Valenciana, especialmente en un contexto de negociación con Vox. La presión de las asociaciones y familiares mantiene viva la exigencia de responsabilidades, lo que dificulta que el tema se diluya políticamente. El PP se encuentra frente a un punto crítico, sobre todo teniendo en cuenta que en los próximos días empezará un carrusel de juicios por la corrupción durante los años de Rajoy. De alguna forma, el desenlace de esta comisión marcará el futuro del PP en la Comunitat Valenciana y en el resto del país. Interesante será ver cómo se comporta el partido en Extremadura, donde los populares tienen el primer test importante en medio del auge de la extrema derecha.
El Congreso indaga en esta comisión la gestión de aquella catástrofe que se saldó con 247 víctimas mortales, principalmente en Valencia (229). A la comparecencia de Mazón le seguirán las de la vicepresidenta de la Generalitat, Susana Camarero, y del presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, el 24 de noviembre. La dana promete seguir llevándose por delante carreras políticas en la derecha española.