La Encuesta de Población Activa (EPA) y los datos del SEPE presentan un escenario que, a primera vista, parece alentador: la tasa de paro cae al 10,3%, la afiliación a la Seguridad Social supera los 22 millones y los contratos indefinidos marcan récord histórico. Ese es el discurso de Moncloa. Sin embargo, los mismos informes oficiales muestran un mercado laboral fragmentado, precario y profundamente desigual, donde la estabilidad y la calidad del empleo siguen siendo privilegios para unos pocos.
Más contratos, menos seguridad
El aumento de ocupados en 2025, con más de medio millón de nuevas incorporaciones, ha servido al gobierno como argumento propagandístico. Pero el análisis profundo de los datos oficiales revela un patrón preocupante: la mayoría de los empleos son parciales, discontinuos o estacionales, y no garantizan ingresos suficientes ni cotización completa. En la práctica, España crea empleo estadístico, no empleo real, y los trabajadores viven atrapados en contratos fragmentados que ocultan la precariedad estructural.
La brecha de género laboral es alarmante. Aunque los datos brutos muestran disminución del paro femenino, la realidad es que el 73% de los contratos a tiempo parcial están ocupados por mujeres, quienes acceden con mayor frecuencia a empleos inestables y peor remunerados. Esta desigualdad perpetúa la vulnerabilidad económica, limita la promoción profesional y amenaza la futura pensión de millones de trabajadoras.
Contratos “indefinidos” que engañan a la estadística
La reforma laboral de 2021 pretendía reducir la temporalidad, pero los datos demuestran que el 60% de los contratos indefinidos son fijos discontinuos o parciales, activándose solo durante picos turísticos o estacionales.
El resultado es un mercado donde los “indefinidos” funcionan como una estrategia para maquillar cifras, mientras los trabajadores viven bajo la constante incertidumbre de la rotación laboral.
Juventud atrapada
El paro juvenil alcanza el 24% en España, casi el doble de la media europea, y los ingresos de los menores de 35 años son inferiores a los de los jubilados.
El país ha convertido a la juventud en un “impuesto social” no remunerado, mientras los mayores disfrutan de seguridad económica y acumulación de riqueza. La fractura intergeneracional no es un dato menor: simboliza la ruptura del contrato social que alguna vez prometía progreso y estabilidad a las nuevas generaciones.
Estacionalidad y empleo fragmentado
La temporalidad marcada por el turismo y la hostelería demuestra que firmar contratos no equivale a generar empleo estable.
Cada otoño, miles de trabajadores pierden su ocupación, y los contratos firmados se fragmentan en jornadas parciales o discontinuas, afectando a la calidad de vida y al consumo de millones de familias.
El sueldo no alcanza ni para sobrevivir
Mientras el gobierno celebra cifras macroeconómicas, los hogares sufren un incremento sostenido en alimentos, vivienda y energía. La inflación selectiva erosiona los salarios y limita el consumo básico, demostrando que el crecimiento estadístico no se traduce en bienestar real.
El relato oficial sobre el “mercado laboral recuperado” no resiste un análisis profundo de las mismas estadísticas e informes de los que presume el gobierno de Pedro Sánchez. La España de 2025 muestra una paradoja: más contratos, más afiliaciones, más datos positivos, pero menos estabilidad, menos calidad y desigualdad estructural persistente. La precarización y la fragmentación laboral son ahora norma, y los indicadores macroeconómicos solo ocultan la realidad cotidiana de millones de trabajadores.
Para revertir esta situación, España necesita una reforma laboral integral, que priorice empleos estables, cotización plena, igualdad de género y acceso real de la juventud a trabajos de valor añadido. Solo medidas estructurales que Sánchez no se atrevió a acometer podrán transformar el mercado laboral de apariencia estadística a realidad tangible, garantizando que el empleo deje de ser un espejismo y se convierta en progreso social y económico.