El ambiente en el Congreso de los Diputados ha cambiado de temperatura en las últimas horas. Algo se mueve, algo que trasciende el ruido habitual de la política parlamentaria. El 'caso cloacas del PSOE' ha dado un giro de consecuencias imprevisibles: los últimos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyen que las siglas "P.S." anotadas reiteradamente en los cuadernos de la exmilitante socialista Leire Díez no pueden referirse a otra persona que no sea el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Y ese dato, tan aparentemente técnico, tiene implicaciones políticas y judiciales de primer orden.
Fuentes parlamentarias consultadas por este medio apuntan a que, a la vuelta del período vacacional, podrían iniciarse los trámites para solicitar un suplicatorio contra el presidente. Los tiempos procesales llevarían el procedimiento hasta finales de año, pero lo que hasta hace semanas parecía un escenario remoto o directamente inverosímil comienza a cobrar contornos reales. La diferencia fundamental respecto a etapas anteriores de esta causa es que ya no se trata de anotaciones periféricas o referencias ambiguas en torno al entorno gubernamental: Sánchez ha pasado a ocupar el centro de la diana.
Cuatro menciones que cambian el relato
La agenda personal de 2025 intervenida a Leire Díez por la UCO el día de su detención en diciembre contiene cuatro referencias directas al presidente del Gobierno. La más significativa es una anotación fechada el 3 de febrero de 2025 en la que Díez consigna una "reunión con P.S.", rodeada de referencias al entorno de la trama Koldo y de citas previstas para ese mismo mes. Una agenda de trabajo, en suma, en la que el presidente aparece como un interlocutor más de la supuesta red de operaciones políticas que los investigadores llevan meses desentrañando.
Pero no es la única mención. En otra página, la exmilitante anota: "Copia, pen, cadena custodia, consultas datos bases Ábalos y P.S.", una referencia que los investigadores interpretan como una búsqueda activa de información sobre el jefe del Ejecutivo y su exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Una tercera anotación sitúa a Sánchez en el terreno mediático: "Cuando Joseph desembarca en Prisa llega a un acuerdo con P.S. La línea editorial la marca P.S. y la estrategia Joseph", en aparente referencia a Joseph Oughourlian, presidente del Grupo Prisa. El cuaderno incluye además frases sin iniciales pero inequívocas: "UCO tiene todos los WhatsApp entre el presidente y Ábalos" o "Pedro no se fía del DAO".
El informe de la UCO es demoledor en su conclusión: las siglas "P.S." no admiten interpretación alternativa. Los investigadores analizan el contexto global de las anotaciones y descartan cualquier otra lectura. Díez y sus colaboradores llegaron incluso a estudiar la posibilidad de proponer un abogado para el hermano de Sánchez, David, cuyo caso se juzgó recientemente en la Audiencia Provincial de Badajoz, y de personarse como acusación popular en dicha causa, según recoge el propio informe. El "fin último" de la trama, subrayan los investigadores, era velar por los intereses del PSOE, del Gobierno y del propio Pedro Sánchez.
El mecanismo judicial que puede sacudir la legislatura
Para entender la magnitud de lo que está en juego, conviene repasar el mecanismo procesal que podría activarse. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del caso, llevaría a cabo una investigación preliminar mientras las sospechas sobre la participación del aforado, en este caso, el presidente del Gobierno, vayan adquiriendo consistencia. Cuando esos indicios alcancen la solidez suficiente, Pedraz deberá remitir una exposición razonada al Tribunal Supremo, único órgano competente para investigar a los aforados. Si la Sala correspondiente aprecia que las sospechas están debidamente fundadas, asumirá la causa y, si considera procedente la imputación formal, solicitará el suplicatorio al Congreso de los Diputados.
Ese suplicatorio es, en esencia, un permiso que la cámara debe conceder a la justicia para poder procesar a uno de sus miembros. El procedimiento es reglado: el Congreso dispone de cinco días para remitir la solicitud a la Comisión del Estatuto de los Diputados, que tiene un mes para debatirla y elevarla al pleno. Si en dos meses la cámara no se pronuncia, el suplicatorio se da por denegado. En un Congreso tan fragmentado como el actual, donde Sánchez gobierna en minoría y depende de apoyos externos, una votación de estas características sería un terremoto político sin precedentes.
La respuesta de Sánchez y la hipótesis que la contradice
Ante las primeras revelaciones sobre la existencia de estas anotaciones, Sánchez negó públicamente haber conocido las "andanzas" de Leire Díez, asegurando que de haberlo sabido no las habría tolerado. Sin embargo, la UCO certifica ahora que una parte significativa de los cuadernos de la exmilitante giraba en torno a informaciones, comentarios y movimientos directamente relacionados con el presidente, su círculo de confianza y la actividad política del Ejecutivo. La brecha entre la versión oficial y la que dibuja el informe policial es, cuando menos, llamativa.
Fuentes jurídicas consultadas advierten que la investigación todavía se encuentra en una "fase incipiente" y que "queda mucho por ver". La cautela es la nota dominante entre los operadores jurídicos, que recuerdan que la existencia de anotaciones en una agenda no equivale automáticamente a prueba de cargo. Pero también es cierto que el marco en que se inscriben esas anotaciones (una presunta trama que el propio juez Pedraz definió como orientada a "desestabilizar" causas judiciales) las dota de una gravedad muy superior a la de meros apuntes informales.