La crisis de los menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta ha producido una escena política difícil de imaginar hace apenas unos años: el PNV, socio parlamentario del Gobierno de Pedro Sánchez, ha terminado utilizando los mismos argumentos que Vox para resistirse al reparto de menores entre comunidades autónomas. Junts, otro de los apoyos decisivos de La Moncloa, ha ido incluso más lejos y exige que Cataluña quede excluida del mecanismo. Mientras tanto, el Ejecutivo intenta convertir la obligación legal de acogida en una responsabilidad incómoda para las comunidades, como si la ley pudiera aplicarse de manera diferente según el territorio, la conveniencia parlamentaria o la capacidad de presión de cada aliado.
El resultado retrata con crudeza la debilidad del sanchismo. El Gobierno aprobó un sistema de reparto obligatorio para evitar que las comunidades y ciudades autónomas situadas en primera línea quedaran desbordadas. Ahora que Ceuta vuelve a estar bajo una presión extraordinaria, ese mismo mecanismo obliga a llamar a la puerta de las autonomías. Y es en ese momento cuando aparecen las contradicciones: los gobiernos del Partido Popular y Vox rechazan la acogida o reclaman el retorno de los menores a sus países de origen; el PNV afirma que la prioridad debe ser reunificar a los niños con sus familias; y Junts celebra que Cataluña quede fuera del reparto gracias a un acuerdo político con Sánchez. La ley dice una cosa. La aritmética parlamentaria intenta decir otra.
La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha formulado el argumento con una claridad que no deja lugar a dudas: “La primera obligación del Estado no es repartir menores, sino agotar las vías administrativas para que vuelvan con sus familias”. Añade que cualquier derivación debe realizarse con expedientes completos, financiación suficiente y garantías jurídicas y asistenciales. El planteamiento, presentado desde una perspectiva institucional y de protección de la infancia, coincide sustancialmente con el discurso que Vox ha defendido en cada crisis migratoria: antes de distribuir menores por España, deben buscarse sus familias y organizarse retornos seguros. No hay mucha diferencia con el "los niños con sus padres" de Vox.
La coincidencia no es menor. Durante años, el partido de Santiago Abascal ha sido señalado por su posición sobre los menores migrantes, acusada por sus adversarios de xenófoba o inhumana. Vox ha sostenido que España no puede convertir la acogida indefinida en una política permanente y que los niños deben ser reunidos con sus familias cuando existan condiciones legales y de seguridad para hacerlo. José María Figaredo lo expresó en el Congreso al defender que la prioridad debía ser evitar las muertes en las costas y facilitar el regreso de los jóvenes con sus familias. Santiago Abascal, por su parte, ha denunciado lo que considera una separación sistemática de menores respecto de sus entornos familiares. Ahora, un consejero del PNV, partido que sostiene al Gobierno de Sánchez, utiliza una argumentación prácticamente idéntica.
La izquierda institucional, que durante años ha convertido el discurso de Vox sobre inmigración en una frontera moral, se encuentra así ante una contradicción incómoda. Lo que en boca de la derecha radical era presentado como una amenaza a la convivencia democrática, en boca del PNV aparece como una exigencia de protección del interés superior del menor. La diferencia está en el marco político, no tanto en el contenido de la propuesta. El nacionalismo vasco no utiliza el lenguaje de la expulsión masiva ni el tono inflamado de Vox, pero sí cuestiona que el Estado pueda resolver una crisis de acogida mediante el reparto automático entre comunidades. Y esa objeción, en el fondo, coincide con la que formulan las autonomías gobernadas por el PP y Vox.
Una crisis que vuelve a Ceuta
La magnitud del episodio en Ceuta ha llevado al sistema de protección de menores a una situación límite. Tras la llegada masiva de personas desde Marruecos, la ciudad autónoma se ha quedado con más de un millar de menores que no pueden ser atendidos indefinidamente con sus recursos ordinarios. Las cifras han variado según las fuentes y el momento de la evaluación, pero el problema político permanece: Ceuta carece de capacidad material para asumir por sí sola una contingencia de estas dimensiones.
La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería y el Real Decreto 743/2025 fueron diseñados precisamente para responder a escenarios como este. El sistema fija criterios de capacidad ordinaria y permite activar mecanismos de reubicación cuando una comunidad o ciudad autónoma supera determinados niveles de presión. La norma establece una referencia de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes y asigna capacidades ordinarias a cada territorio. Euskadi aparece con 731 plazas; Cataluña, con 2.650; Madrid, con 2.325; Andalucía, con 2.827; y Ceuta, con apenas 27.boe+1
La lógica del sistema es evidente: una ciudad fronteriza no puede cargar sola con una llegada extraordinaria y el resto del Estado debe compartir la responsabilidad. El propio Gobierno defendió la reforma como un mecanismo solidario, objetivo y ágil, basado en la población, la renta per cápita, el desempleo, el esfuerzo previo de acogida, la capacidad de plazas y la condición fronteriza o insular de cada territorio. Pero el problema aparece cuando los criterios técnicos chocan con los acuerdos políticos que permitieron aprobar la norma. En ese momento, el reparto deja de parecer una fórmula objetiva y empieza a percibirse como una decisión negociada a medida de los socios de Sánchez.
Junts ha recordado que su posición será la misma que mantuvo durante el reparto de menores llegados a Canarias: no dará apoyo a ningún mecanismo que incluya a Cataluña. Miriam Nogueras ha reivindicado que el pacto alcanzado con el Gobierno dejó a la comunidad fuera del reparto anterior y pretende mantener esa excepción. El argumento de Junts es que Cataluña ya ha realizado un esfuerzo superior al que le corresponde y que no puede seguir asumiendo menores mientras otras comunidades no cumplen con sus capacidades. Pero la traducción política del mensaje es más profunda: Cataluña no acepta ser tratada como una comunidad más cuando el reparto supone una obligación, aunque sí reclama su condición diferenciada cuando esa excepcionalidad le permite recibir ventajas.
Ese es el verdadero problema del acuerdo. Un sistema común no puede funcionar si cada socio parlamentario decide en qué partes de la solidaridad participa y en cuáles queda excluido. La descentralización permite distribuir competencias, pero no convertir la ley en un menú a la carta. Si el Estado declara una contingencia migratoria extraordinaria, la obligación de colaborar no puede depender de que una comunidad tenga un acuerdo de investidura con el presidente del Gobierno. Y si Junts consigue quedar fuera mediante una cláusula política, el mensaje para el resto de territorios es devastador: quien presiona más obtiene una excepción; quien cumple acaba recibiendo la carga.
La contradicción del PNV
La posición del PNV resulta todavía más reveladora porque su partido gobierna Euskadi en coalición con el Partido Socialista de Euskadi y, al mismo tiempo, presta apoyo parlamentario a Pedro Sánchez en Madrid. No se trata de una oposición externa, sino de una discrepancia que nace dentro del propio bloque de poder. La consejera Melgosa no está hablando desde una trinchera ajena al Gobierno, sino desde una administración que comparte responsabilidades políticas con el Ejecutivo central. Su mensaje equivale a decir que La Moncloa está intentando activar un mecanismo que no ha agotado previamente todas las vías administrativas y familiares.
El PNV no utiliza el lenguaje de Vox, pero se apropia de uno de sus argumentos más eficaces: la reunificación familiar. La diferencia radica en que el nacionalismo vasco lo formula desde el principio del interés superior del menor y la exigencia de garantías. Vox lo utiliza como parte de una política migratoria restrictiva y de retorno. Sin embargo, ambos coinciden en que el reparto territorial no puede ser la primera respuesta.
El silencio del Ejecutivo alimenta la sospecha de que el reparto se ha convertido en una solución administrativa para una crisis diplomática que nadie quiere afrontar. Reubicar menores en la península permite aliviar la presión inmediata sobre Ceuta, pero no resuelve el origen del problema. Tampoco garantiza que el retorno sea posible, seguro o compatible con las obligaciones internacionales de España. La prioridad debe ser el interés del menor, no la comodidad política de quien gobierna ni la satisfacción de quienes quieren cerrar cuanto antes una frontera desbordada. Pero precisamente por eso el Gobierno tiene que explicar cada expediente, cada evaluación y cada decisión con una transparencia que hasta ahora no ha demostrado.
La exigencia de reunificación familiar no puede ser utilizada como una consigna automática para devolver a todos los menores a Marruecos. La legislación española y los tratados internacionales obligan a analizar cada caso individualmente. Hay menores cuya familia no puede ser localizada, cuya situación familiar es desconocida o cuyo retorno podría ponerles en riesgo. También hay casos en los que la reagrupación puede ser posible si se realiza con garantías. La ley no permite sustituir esa evaluación por un eslogan. Pero tampoco permite que el Estado salte directamente al reparto sin acreditar que ha realizado las gestiones necesarias. Entre la devolución indiscriminada y el traslado automático existe un espacio jurídico que el Gobierno debe ocupar con rigor.
Sánchez atrapado por sus socios
Pedro Sánchez se encuentra atrapado entre dos necesidades incompatibles. Por un lado, necesita que las comunidades colaboren para evitar que Ceuta colapse. Por otro, depende de socios que rechazan asumir el coste político de esa colaboración. Junts exige una excepción para Cataluña; el PNV reclama que se priorice la reunificación familiar; las comunidades gobernadas por PP y Vox amenazan con no acoger; y el Gobierno central intenta trasladar toda la presión a los territorios mientras sostiene que la ley es obligatoria. Es una ecuación en la que todos los actores buscan descargar la responsabilidad sobre otro. El único que no puede hacerlo es el menor que espera en un centro saturado.
La estrategia de Moncloa parece clara: presentar el reparto como una obligación legal y convertir a las comunidades que se resistan en responsables del colapso. El problema es que esa estrategia pierde credibilidad cuando los socios parlamentarios del Gobierno también rechazan el mecanismo o reclaman quedar excluidos. No se puede exigir disciplina legal a las autonomías del PP mientras se negocian excepciones con Junts. Tampoco se puede acusar de insolidario a quien plantea la reunificación familiar si el mismo argumento es defendido por el Ejecutivo vasco. La coherencia jurídica exige aplicar la misma vara a todos.
El Gobierno ha intentado construir una mayoría parlamentaria mediante pactos territoriales, pero esos pactos han terminado fragmentando la política migratoria. El acuerdo con Junts permitió aprobar la reforma del artículo 35 y sacar adelante el reparto de miles de menores, pero también introdujo criterios como el esfuerzo previo de acogida que pueden dejar a Cataluña fuera de futuras reubicaciones. El Congreso convalidó el decreto con el voto decisivo de Junts, mientras PP y Vox votaban en contra. Ahora, cuando el sistema debe utilizarse en Ceuta, el socio que ayudó a aprobarlo se niega a asumir sus consecuencias.
Es la política del “sí, pero no”. Junts apoyó la arquitectura legal cuando la necesitaba para resolver la crisis de Canarias y garantizar una excepción para Cataluña. Ahora se aferra a esa excepción y rechaza la solidaridad que la ley exige al resto. El PNV, por su parte, no cuestiona necesariamente toda la cooperación interterritorial, pero niega que el reparto sea la primera obligación del Estado. El Gobierno tiene así dos socios que lo sostienen en Madrid y que, al mismo tiempo, complican su capacidad para ejecutar una norma que depende de ellos.
La derecha también está llena de contradicciones
La posición del PP y Vox también está cargada de contradicciones. Ambos partidos rechazan el reparto o exigen el retorno de los menores a sus familias, pero gobiernan en varias comunidades que están obligadas por la ley a participar en la acogida. El Partido Popular ha intentado mantener un equilibrio: asegura que cumplirá la norma, pero exige transparencia, datos fiables y criterios objetivos. Esa posición le permite diferenciarse de Vox sin aceptar sin más el relato de Moncloa.
El problema para Alberto Núñez Feijóo es que su partido gobierna con Vox en varios territorios. Si esas comunidades desobedecen el reparto, el PP se verá obligado a elegir entre la legalidad estatal y la estabilidad de sus alianzas autonómicas. Si acepta el mecanismo, Vox le acusará de traicionar su política migratoria. Si lo rechaza, quedará alineado con una posición que puede ser jurídicamente difícil de sostener. El Gobierno central conoce ese dilema y pretende explotarlo: cuanto más se divida la derecha, más fácil será presentar a Sánchez como el único defensor de la legalidad y la solidaridad.
Pero la Moncloa no debería confiar demasiado en esa estrategia. El problema no se resuelve con propaganda. La obligación de acoger no elimina la necesidad de financiación, medios profesionales, centros adecuados y coordinación real. Si las comunidades reciben menores sin recursos suficientes, el sistema fracasará aunque la ley sea formalmente obligatoria. La solidaridad no consiste en enviar personas de un territorio a otro y abandonar después a los servicios de protección. Exige dinero, seguimiento, personal especializado y una política de integración que no puede improvisarse en función de cada crisis.
Una ley que no puede ser optativa
La cuestión central es si la ley obliga o no a las comunidades autónomas. La respuesta jurídica, según el Real Decreto 743/2025 y la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, es que el mecanismo de reubicación es vinculante cuando se declara una contingencia migratoria extraordinaria. El Tribunal Supremo ha rechazado suspender cautelarmente el sistema y ha avalado su continuidad sobre la base de una ratio común de capacidad. La norma, por tanto, no es una recomendación. Pero que sea obligatoria no significa que el Gobierno pueda ejecutarla de cualquier manera.
El Estado debe acreditar que se cumplen los requisitos de activación, que la ciudad de acogida ha superado su capacidad ordinaria, que el reparto se calcula con criterios legales y que las comunidades receptoras reciben los medios necesarios. También debe evaluar la situación individual de cada menor y explorar la reunificación familiar cuando proceda. El cumplimiento de la ley es inseparable del respeto a los derechos de la infancia. No hay una contradicción entre ambas cosas, aunque algunos actores intenten presentarlas como incompatibles.
El Gobierno tiene una obligación adicional: explicar cuántos menores serán trasladados, a qué comunidades, con qué criterios y con qué financiación. La crítica del PP sobre la falta de transparencia no puede despacharse como una maniobra partidista. No se puede debatir un reparto si las cifras no están cerradas o si las autonomías desconocen el método de cálculo. La opacidad alimenta el rechazo y permite que cada territorio construya su propia versión del problema.
Junts, entretanto, juega con la ventaja de quien ha convertido la excepción en una victoria política. Si Cataluña queda fuera porque su esfuerzo previo supera los límites fijados, el Gobierno debe explicar con precisión cómo se ha calculado esa situación y si los mismos criterios se aplican a Madrid, Andalucía, Euskadi o cualquier otra comunidad. La igualdad no significa que todos reciban exactamente el mismo número de menores, pero sí que todos sean evaluados con reglas verificables. La excepción puede ser legítima si se basa en datos; se convierte en privilegio si nace de un pacto parlamentario.
Infancia atrapada
En medio de esta batalla queda la realidad de los menores. Son más de mil, según las estimaciones manejadas, y cada uno tiene una historia distinta. Algunos pueden tener familiares localizables en Marruecos; otros pueden carecer de red familiar segura; algunos habrán llegado empujados por la pobreza, otros por la violencia o por la expectativa de una vida mejor. Tratarlos como una cifra de reparto es inhumano. Utilizarlos como arma territorial también. Pero el sistema actual los ha convertido en moneda de cambio de una negociación entre el Gobierno central y sus socios.
La política española habla de solidaridad mientras las comunidades discuten cuotas; habla de protección mientras los centros se saturan; habla de interés superior del menor mientras el debate queda dominado por acusaciones de xenofobia, chantaje nacionalista o imposición centralista. La responsabilidad de Sánchez es especialmente grave porque fue su Gobierno quien diseñó el mecanismo y quien ahora debe aplicarlo. No puede esconderse detrás de una norma que él mismo aprobó ni convertir a las autonomías en el único problema. La crisis de Ceuta tiene un origen fronterizo y diplomático, pero su gestión corresponde al conjunto del Estado.
El PNV y Junts han mostrado que su apoyo a Sánchez tiene un límite muy claro: apoyarán al Gobierno mientras las decisiones no les impongan costes territoriales o electorales. Vox, por su parte, ha encontrado una confirmación inesperada de algunos de sus argumentos en la posición de uno de los socios más importantes del Ejecutivo. Y el PP intenta aprovechar la fractura sin quedar atrapado por sus gobiernos compartidos con la derecha radical. El resultado es un mapa político donde nadie quiere asumir el coste de cumplir una ley que todos utilizan para reforzar su posición.
La crisis del reparto de menores no acompañados demuestra que Pedro Sánchez ha construido una mayoría parlamentaria capaz de aprobar leyes, pero no necesariamente de aplicarlas. Junts consiguió quedar fuera; el PNV reclama que primero se intenten las reunificaciones familiares; PP y Vox rechazan el mecanismo o plantean retornos; y Moncloa se encuentra con una obligación legal que sus propios socios intentan vaciar. La escena es el retrato perfecto de un Gobierno que confunde estabilidad parlamentaria con autoridad política.
La ley no puede ser optativa para las comunidades del PP y negociable para los socios de Sánchez. Si el reparto es obligatorio, debe aplicarse con criterios objetivos, financiación suficiente y transparencia absoluta. Si la reunificación familiar es la prioridad legal en determinados casos, debe acreditarse que se han agotado las vías administrativas antes de trasladar a los menores. Si Cataluña queda excluida, el Gobierno debe demostrar que la excepción responde a datos y no a un pacto de supervivencia. Y si Euskadi considera que su sistema está por encima de la capacidad ordinaria, debe presentar las cifras y someterlas al mismo escrutinio que el resto.
El verdadero fracaso no consiste en que PNV y Vox coincidan en un argumento. Consiste en que el Gobierno haya permitido que una cuestión tan sensible quede atrapada entre el cálculo parlamentario, el agravio territorial y la propaganda migratoria. Sánchez no puede exigir solidaridad mientras pacta excepciones. Tampoco puede acusar de insolidarias a las autonomías mientras delega en ellas la gestión de una crisis que tiene una dimensión estatal y diplomática. Y nadie debería utilizar a los menores para salvar una legislatura.
La política migratoria exige firmeza jurídica, humanidad y capacidad administrativa. Hoy España tiene la primera en el papel, la segunda sometida a la polarización y la tercera al límite de sus recursos. Mientras los partidos discuten quién debe cargar con el coste, los menores siguen esperando una respuesta que no dependa de la próxima votación de Sánchez en el Congreso.
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