El Sindicato de Inquilinas se equivoca de enemigo

Hablar de los problemas de los inquilinos, de los precios de los alquileres, de los desahucios o de la dificultad cada vez mayor para acceder a una vivienda supone adentrarse en un terreno político y social en el que las posiciones están cada vez más enfrentadas. Precisamente por eso, también es necesario reivindicar algo que a veces parece haberse olvidado: se puede estar de acuerdo con el fondo de unas reivindicaciones y, al mismo tiempo, cuestionar el tono y las formas utilizadas para defenderlas.

El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha conseguido situar la vivienda en el centro del debate público y ha ejercido una presión que difícilmente puede considerarse ilegítima. La situación de Maricarmen, el conflicto alrededor de su desahucio, la posterior movilización y la acampada en la Puerta del Sol son ejemplos de cómo una organización social puede conseguir que un problema que afecta a miles de personas vuelva a ocupar espacio en la agenda política. También es legítimo que el Sindicato considere insuficientes las medidas aprobadas por el Gobierno y reclame actuaciones más ambiciosas. De hecho, los dos decretos aprobados esta semana por el Consejo de Ministros respondían, al menos parcialmente, a algunas de las demandas que el movimiento de vivienda viene planteando desde hace tiempo.

Pero precisamente porque las reivindicaciones pueden ser importantes, merece la pena detenerse en algo que a veces queda en segundo plano: la comunicación también es una herramienta política. No basta con tener una reivindicación que pueda ser compartida por una parte importante de la sociedad; también hay que saber cómo se transmite, a quién se dirige el mensaje y qué efecto produce en quienes lo reciben. Y en este punto tengo la sensación de que los representantes y portavoces del Sindicato de Inquilinas deberían hacer una reflexión sobre algunas de sus formas de comunicación.

No porque haya que rebajar sus exigencias, ni porque las organizaciones sociales tengan que hablar con el lenguaje que resulte cómodo al Gobierno de turno. Tampoco porque criticar determinadas formas de protesta implique ponerse del lado del Ejecutivo. Todo lo contrario. Precisamente quienes podemos coincidir con buena parte de las reivindicaciones de los inquilinos tenemos también derecho a decir que el tono importa y que determinadas formas de plantear el conflicto pueden terminar siendo contraproducentes para los propios objetivos que se persiguen.

Y hay algo más que creo que el Sindicato debería tener especialmente presente: la situación parlamentaria del actual Gobierno de coalición. España no tiene hoy un Ejecutivo con mayoría absoluta que pueda aprobar por sí solo las leyes que quiera. El Gobierno necesita negociar dentro de la propia coalición y, después, conseguir mayorías parlamentarias con partidos distintos, algunos de los cuales mantienen posiciones muy alejadas entre sí en materia de vivienda. La actual tramitación de los decretos vuelve a demostrarlo: el Ejecutivo llega al Congreso en minoría y necesita pelear cada voto para sacar adelante sus iniciativas.

Esto no convierte en intocables al Gobierno ni a sus ministros. Tampoco significa que las organizaciones sociales tengan que conformarse con lo que se les ofrece. Pero sí debería formar parte del análisis de cualquiera que pretenda conseguir cambios legislativos. Porque una cosa es presionar a un Gobierno para que haga más y otra muy diferente comportarse comunicativamente como si ese Gobierno tuviera una mayoría absoluta y pudiera aprobar cualquier medida con independencia de lo que vote el resto de la Cámara.

En búsqueda del enemigo correcto

Y aquí llega el episodio que, a mi juicio, debería hacer reflexionar especialmente al Sindicato de Inquilinas. El Congreso ha tumbado este viernes los dos decretos de vivienda aprobados el martes por el Consejo de Ministros. El primero, con medidas de protección frente a los desahucios y regulación de determinados alquileres, cayó por 178 votos frente a 172. El segundo, relativo a la renovación de contratos de alquiler, fue rechazado por 184 votos frente a 166. En ambos casos, PP, Vox y Junts votaron en contra; en el segundo también se sumaron PNV, UPN y Coalición Canaria.

Y aquí aparece una fotografía política que creo que merece ser analizada con mucha más atención. La derecha española de PP y Vox y la derecha independentista catalana de Junts han coincidido hoy en tumbar los dos decretos de vivienda del Gobierno. No es una cuestión de interpretación ideológica: es el resultado de una votación parlamentaria. PSOE y Sumar votaron a favor de ambos textos.

Por eso creo que hay una pregunta que merece la pena formular: ¿se ha equivocado el Sindicato de Inquilinas de enemigo? No en el sentido de que el Gobierno no deba recibir críticas —por supuesto que debe recibirlas—, sino en el sentido de haber empleado durante estos días un lenguaje casi bélico y extraordinariamente agresivo con un Ejecutivo al que, al mismo tiempo, se le estaba reclamando que aprobara medidas de protección para los propios inquilinos.

Porque una cosa es ejercer presión y otra muy distinta convertir cada discrepancia en una especie de batalla definitiva. Una cosa es exigir responsabilidades a un Gobierno y otra presentar cualquier desacuerdo como una traición o cualquier insuficiencia como si invalidara automáticamente todo lo demás. Cuando el lenguaje político se instala permanentemente en la confrontación, existe el riesgo de que el debate deje de centrarse en las soluciones y termine reducido a una sucesión de enfrentamientos entre bloques.

Y hay una frase que resume perfectamente hasta qué punto ese discurso puede terminar alejándose de la realidad política: “O cae el rentismo o cae el Gobierno”. Como consigna de movilización puede entenderse, pero personalmente no me parece una formulación demasiado acertada. Y no porque el Gobierno deba quedar al margen de las críticas, sino porque conviene ser consciente de las consecuencias políticas de convertir su continuidad en parte del ultimátum.

PP y Vox llevan años reclamando la salida de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones. Si a eso añadimos que Junts acaba de votar junto a ambas formaciones para tumbar dos decretos que pretendían responder, al menos parcialmente, a las demandas del movimiento de vivienda, quizá sea el momento de preguntarse si plantear la caída del Gobierno como una de las dos alternativas posibles es realmente la estrategia más útil para conseguir los objetivos que se persiguen.

No se trata de pedir al Sindicato que vote a favor del Gobierno, ni de convertirlo en su aliado político. Una organización social no tiene por qué hacerle ningún favor al Ejecutivo y tiene todo el derecho a presionarlo hasta donde considere necesario. Pero sí debería preguntarse qué estrategia resulta más útil para sus propios objetivos. Porque una cosa es decir “este Gobierno no está haciendo lo suficiente” y otra, bastante diferente, plantear “o cae el rentismo o cae el Gobierno”. La primera es una exigencia política; la segunda introduce la continuidad del Ejecutivo como moneda de cambio.

Una oportunidad para la reflexión

 Y quizá la votación de hoy permita precisamente abrir una reflexión dentro del movimiento de vivienda. No para abandonar la movilización, porque las organizaciones tienen todo el derecho a seguir movilizándose, sino para afinar el destinatario de sus críticas. El resultado parlamentario ha dejado una fotografía muy clara: cuando llegó el momento de decidir sobre los dos decretos, PSOE y Sumar votaron a favor y PP, Vox y Junts votaron en contra. Se puede considerar insuficiente el contenido de los decretos, se puede reclamar mucho más al Gobierno y se puede exigir que vuelva a intentarlo, pero resulta difícil sostener que todos esos actores se encuentran exactamente en la misma posición respecto a esas medidas.

De hecho, después de la votación, el Sindicato de Inquilinas ha mantenido la movilización y ha reclamado incluso una huelga general, denunciando que el Congreso ha dado la espalda a quienes necesitan una vivienda. El tono de la protesta continúa siendo duro, aunque el nuevo escenario podría servir precisamente para que el movimiento reoriente su estrategia y sea más preciso en su crítica a PSOE y Sumar.

Porque una cosa es reclamar al PSOE y a Sumar que hagan mucho más y otra muy distinta es ignorar que sus diputados han votado a favor de unas medidas que PP, Vox y Junts han contribuido a tumbar. Se puede considerar insuficiente ese voto afirmativo, pero no es lo mismo que votar en contra. Y esa diferencia debería formar parte también del análisis de una organización que pretende transformar la movilización social en cambios legislativos.

La cuestión resulta todavía más evidente cuando se observa lo que ocurre con la Ley de Vivienda y las zonas tensionadas. La aplicación de esta herramienta ha sido desigual entre comunidades autónomas y las 11 gobernadas por el PP han rechazado utilizarla. Al mismo tiempo, Junts ha mantenido posiciones contrarias a algunas de las políticas de regulación del alquiler y ha coincidido con PP y Vox en iniciativas dirigidas a modificar o cuestionar determinadas herramientas de intervención en el mercado de la vivienda. No todos los actores tienen las mismas posiciones, ni las mismas competencias, ni la misma responsabilidad.

Por eso, si hablamos estrictamente de la batalla política alrededor de la vivienda, quizá el Sindicato debería distinguir mejor entre quienes consideran insuficientes las medidas del Gobierno y quienes directamente se oponen a determinadas herramientas de regulación. La diferencia no es menor. Que el Ejecutivo de PSOE y Sumar deberían haber hecho más, seguramente. Pero también no estaría mal que reconociera dos cosas. La primera   que existe una distancia política considerable entre sus propuestas y las de quienes han votado en contra de ellas, y por otro, la gran debilidad del Gobierno, que no cuenta con apoyos parlamentarios suficientes que pueda aprobar sus iniciativas. Y para prueba, basta lo ocurrido en la tarde del viernes: los dos decretos fueron tumbados por la mayoría de derechas del Congreso.    

Un problema transversal

Y esto es especialmente delicado en un asunto como la vivienda, que afecta a personas con sensibilidades políticas muy diferentes. No todos los inquilinos son activistas, ni todos los afectados por el precio de la vivienda tienen una determinada ideología, ni todas las personas que consideran necesario regular el mercado inmobiliario quieren participar en una guerra política permanente. Hay trabajadores, jóvenes, familias, pensionistas y personas con salarios muy distintos que simplemente quieren poder pagar su alquiler sin dedicar una parte desproporcionada de sus ingresos a la vivienda. Si el objetivo es construir una mayoría social alrededor de ese problema, parece poco útil hablar exclusivamente a quienes ya están convencidos.

Y aquí aparece además una cuestión que me preocupa especialmente. La agresividad en el discurso puede acabar proporcionando argumentos a quienes precisamente quieren convertir la vivienda en una guerra cultural. La extrema derecha lleva tiempo intentando presentar determinados conflictos sociales como enfrentamientos entre bloques irreconciliables. Y cuando el debate público se expresa exclusivamente en términos de enemigos, culpables y trincheras, se genera un terreno favorable para quienes pretenden simplificar problemas complejos y convertirlos en una batalla identitaria.

Eso no significa que el Sindicato de Inquilinas sea responsable de los discursos de la extrema derecha ni que deba moderar sus reivindicaciones para evitar que otros las manipulen. Sería absurdo plantearlo así. Pero sí creo que cualquier organización que aspire a representar a un colectivo amplio debería preguntarse si el lenguaje que utiliza ayuda a ampliar ese colectivo o termina reduciéndolo.

El cuidado de las formas y del tono

Se puede ser contundente sin ser agresivo. Se puede denunciar un desahucio, reclamar contratos de alquiler más estables, exigir protección para las personas vulnerables o pedir al Gobierno medidas más ambiciosas sin convertir necesariamente al adversario político en un enemigo irreconciliable. Se puede mantener la presión y, al mismo tiempo, dejar abierta la puerta a quienes todavía no comparten todas las reivindicaciones. De hecho, probablemente sea esa capacidad para convencer a quienes están fuera de la propia burbuja la que determine finalmente la fuerza de cualquier movimiento social.

El Gobierno, por supuesto, también tiene que asumir su parte de responsabilidad. Si las organizaciones de inquilinos consideran que las medidas aprobadas hasta ahora son insuficientes, tienen todo el derecho a decirlo. Si creen que se está actuando demasiado tarde o demasiado poco, deben denunciarlo. Y si consideran que determinadas decisiones no responden a la dimensión del problema, deben explicarlo y presionar para modificarlas. La crítica al Gobierno no solo es legítima: es necesaria en cualquier democracia. Pero que una crítica sea legítima no significa que todas las formas de expresarla sean igualmente eficaces.

Por eso, las reivindicaciones de Inquilinato Madrid pueden ser justas y necesarias y, al mismo tiempo, algunas de sus formas de comunicación pueden resultar discutibles. No hay ninguna contradicción en defender ambas cosas. Hasta quienes estamos de acuerdo con buena parte de sus exigencias podemos rechazar que un lenguaje casi bélico termine poniendo una alfombra roja a quienes quieren que el debate sobre la vivienda se convierta en otra guerra cultural.

Identificación del adversario correcto

Quizá el resultado de hoy sea precisamente el momento adecuado para que los representantes del movimiento de vivienda hagan esa reflexión. No sobre si deben seguir protestando, porque deben hacerlo si consideran que sus reivindicaciones no están siendo atendidas, sino sobre contra quién y para qué dirigen esa presión. Porque cuando una organización social reclama medidas que el Gobierno intenta aprobar y, al mismo tiempo, las principales fuerzas de la oposición y Junts votan para impedirlas, conviene detenerse un momento y analizar el tablero político completo.

Porque al final, si se trata de conseguir derechos para los inquilinos, quizá sea mucho más útil identificar correctamente a cada adversario, cada aliado, cada competencia y cada mayoría parlamentaria que convertir a todos en el mismo enemigo.

No todo el que discrepa es un enemigo y no toda negociación es una derrota. Y después de lo ocurrido este viernes en el Congreso, quizá esa sea una de las principales lecciones que el movimiento de vivienda debería sacar de esta semana: las reivindicaciones pueden ser firmes, la protesta puede ser contundente y la presión puede ser máxima, pero elegir bien al adversario también forma parte de la estrategia.