El rey de Marruecos Mohamed VI maneja la presión migratoria en la frontera del El Tarajal como una herramienta de geometría política, evidenciando la vulnerabilidad diplomática de España ante los vaivenes de Rabat. Y lo hace a placer. Abre el grifo cuando se enfada porque el Gobierno español se acerca a Argelia (su enemigo tradicional); lo cierra cuando se trata de dar la apariencia de unas relaciones de amistad normalizadas entre Madrid y Rabat. Mohamed VI juega con España; trolea a los españoles.
La frontera sur de Ceuta se ha consolidado una vez más como el escenario predilecto donde el régimen marroquí pone a prueba los nervios del Estado español. Con una sincronía que rara vez responde al azar, las avalanchas humanas y los cruces masivos a nado por el espigón del Tarajal funcionan como un recordatorio fáctico de quién posee el control real del flujo en el terreno. Cuando el monarca vecino lanza a 20 o 30 mil personas sobre España, colapsando Ceuta y generando un problema de seguridad nacional en nuestro país, el mensaje que envía está más que claro: que Ceuta y Melilla deberían estar ya bajo soberanía marroquí.
Estamos ante un problema internacional de primer orden, más teniendo en cuenta que Mohamed VI cuenta con el respaldo incondicional y total de Donald Trump, ese presidente norteamericano que odia a España y califica a los españoles de “aliados horribles”. Hace solo unos días, se daba a conocer que el rey marorquí le ha dedicado al presidente de Estados Unidos una carretera de 1.055 kilómetros que atraviesa el Sáhara Occidental hasta llegar a Dakhla, la antigua Villa Cisneros española. El autócrata estadounidense respondió que estaba ilusionado con poder recorrerla algún día. Esa alianza política y militar (la colaboración en armamento entre Washington y Rabat se ha incrementado en los últimos tiempos) debería inquietar y mucho al Gobierno español.
No es la primera vez que Mohamed VI abre el grifo de la inmigración para provocar un caos demográfico en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Cada cierto tiempo se repite un episodio similar, pero cada vez más agravado, ya que a cada salto se suma un mayor número de personas. Todo ello ante la pasividad de la gendarmería marroquí y ante la falta de respuesta de un Gobierno central, el de Pedro Sánchez, que no parece haber tomado conciencia de la gravedad de la situación. Solo ayer, cuando miles de personas sin comida, ni agua, ni ropa para cambiarse deambulaban por las calles ceutíes, decidió el presidente español movilizar al Ejército de forma disuasoria. La medida llegó tarde pese a que los informes del CNI, el servicio de inteligencia español, lleva meses alertando de que esta maniobra del sátrapa marroquí iba a producirse más temprano que tarde.
Mientras las autoridades marroquíes actúan con una pasividad calculada en las horas críticas, las playas españolas se colapsan y los centros de acogida llegan al límite de su capacidad humana y material. Este fenómeno no es una simple suma de coincidencias sociales, sino la escenografía perfecta de un pulso de baja intensidad. El monarca alauí entiende como nadie el coste de oportunidad: cada vez que las relaciones bilaterales sufren fricciones o surgen discrepancias en los tableros internacionales –como la competencia por la visibilidad geopolítica o los acuerdos comerciales y deportivos globales–, la valla y el mar se convierten en el tablero de mensajes cifrados. Del lado español, la gestión oscila entre la sorpresa institucional y la improvisación de recursos sobre el asfalto. Las fuerzas de seguridad, con la Guardia Civil y la Policía Nacional desbordadas en el perímetro, cargan con el peso de una crisis que las supera y que jurídicamente se complica aún más tras decisiones judiciales recientes del Tribunal Supremo que impiden las devoluciones sumarias en caliente.
La llegada ininterrumpida de inmigrantes desborda los recursos de acogida. Ceuta está colapsada. Los vecinos tienen miedo y los comercios cierran sus puertas ante una situación inquietante. Mientras tanto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez se limita a desplegar efectivos de urgencia y a apelar a una supuesta sintonía diplomática con los ministerios marroquíes que, en la práctica, no se traduce en un freno real en origen. La incapacidad de Madrid para articular una respuesta de Estado firme y unificada –atrapada a menudo entre las urgencias de política interna y el temor a un conflicto mayor en la vecindad sur– deja al país expuesto a un chantaje recurrente. El “troleo” geopolítico de Mohamed VI consiste precisamente en eso: en obligar a España a dar explicaciones, a sobrevolar la zona en helicópteros oficiales sin asumir soluciones de fondo y a evidenciar que la llave de la soberanía en la frontera sur la giran, a su antojo, desde los palacios de Rabat.
El rey de Marruecos ha vuelto a utilizar la presión migratoria en la frontera de El Tarajal para desestabilizar a España, aprovechando el explícito respaldo geoestratégico de la administración de Donald J. Trump en el Sáhara Occidental y su creciente aislamiento internacional. La Casa Blanca culpa directamente a las políticas de Madrid del colapso fronterizo, mientras el Ejecutivo español moviliza recursos de las Fuerzas Armadas para contener la emergencia. Las críticas de socios comunitarios como Italia (Meloni amenaza con cerrar el espacio Schengen de libre circulación) evidencian una pinza diplomática que restó margen de maniobra a la diplomacia española. El Departamento de Estado reafirmó que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara es la única vía válida, blindando las aspiraciones territoriales de Rabat. España, sin embargo, sigue manteniéndose en que la única solución es cumplir con las resoluciones de la ONU sobre el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.
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