Reconciliación, el libro de memorias del rey emérito Juan Carlos I, promete aportar datos interesantes sobre la organización del 23F. Según escribe el monarca abdicado, “no hubo un golpe, sino tres golpes: el golpe de Tejero, el golpe de Armada y el golpe de los cargos electos cercanos al franquismo”.
Pero, ¿a qué “cargos electos” próximos al franquismo se refiere el patriarca de la Transición? Sin duda, no puede tratarse más que de políticos ya con el acta y la credencial en su mano en febrero de 1981. Algunos informes no oficiales han mencionado contactos con diputados de UCD y Alianza Popular, pero nunca se ha desclasificado una lista oficial. Además, no se descarta que también estuviesen implicados en la conjura algunos destacados dirigentes de la izquierda de aquella época, que claudicaron por miedo o por razones de oportunismo personal. ¿Existe esa lista? De existir, cambiaría radicalmente la visión oficial del golpe que se ha mantenido hasta hoy. Y ya no se trataría de meras especulaciones periodísticas o de ensayos más o menos arriesgados. El propio emérito ha reconocido que hubo una trama civil, es decir política, decisiva en la organización de la asonada y encabezada por el teniente coronel Tejero, encargado de entrar en el Congreso de los Diputados, pistola en mano, para acabar con la incipiente democracia.
Se apunta a diputados conservadores y ultras que podrían haber estado informados del plan para formar un Gobierno de concentración nacional con figuras de distintos partidos. El propio emérito recuerda en su libro que el general Armada, uno de los principales conspiradores en la trama golpista, estuvo a su lado durante diecisiete años. “Lo quería mucho, y él me traicionó. Convenció a los generales de que hablaba en mi nombre”, asegura. Según investigaciones de Jesús Palacios y Pilar Urbano, el gabinete que el futuro presidente Armada tenía en mente incluía a Felipe González (secretario general del PSOE) como vicepresidente para asuntos políticos; José María López Letona (exgobernador del Banco de España, vicepresidente Económico); José María de Areilza (diputado de Coalición democrática), ministro de Asuntos Exteriores; Manuel Fraga Iribarne (presidente de Alianza Popular), ministro de Defensa; ministro de Justicia, Gregorio Peces Barba (PSOE); ministro de Hacienda, Pío Cabanillas (UCD); ministro del Interior, Manuel Saavedra (general de división); ministro de obras públicas, José Luis Álvarez (UCD); ministro de Educación y Ciencia, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD); ministro de Trabajo, Jordi Solé Tura (PCE); ministro de Industria, Agustín Rodríguez Sahagún (UCD); ministro de Comercio, Carlos Ferrer Salat (presidente de la patronal CEOE); ministro de Cultura, Antonio Garrigues Walker (empresario); ministro de Economía, Ramón Tamames (PCE); ministro de Transportes y Comunicaciones, Javier Solana (PSOE); ministro de Autonomías y Regiones, José Antonio Sáenz de Santamaría (teniente general); ministro de Sanidad, Enrique Múgica Herzog (PSOE); y ministro de Información, Luis María Anson (periodista y presidente de la Agencia Efe). Cuando Tejero supo de la existencia de esa lista, en pleno asalto al Congreso, le dijo a Armada: “Yo no he llegado aquí para esto”. Es decir, que no se había levantado en armas para colocar al partido comunista y al partido socialista en el poder. Entonces el ultraderechista García Carrés llamó a la Capitanía de Valencia, sublevada, para informar al alto mando insurrecto de que Armada les había traicionado. No se iba a instaurar una Junta Militar, sino un Gobierno repleto de rojos.
Curiosamente, pocos son los personajes de esta historia que han querido pronunciarse sobre la existencia de la famosa lista. ¿Estaban al tanto de los planes de Armada, que contaba con ellos, o se encontraron inmersos en el complot sin quererlo ni beberlo? Urbano sostiene que el rey Juan Carlos conocía el plan de Armada y que este incluía figuras de todos los partidos para formar un gobierno alternativo. Por tanto, el 23F no fue un golpe militar clásico, sino una “operación de timón” para sustituir a Adolfo Suárez por un gobierno de unidad nacional. Curiosamente, Suárez y Santiago Carrillo quedaban excluidos. El primero al ser considerado un “traidor” por la extrema derecha aún con poder; el segundo por comunista con un pasado oscuro en la Guerra Civil. Cabe recordar que el presidente del Gobierno y el secretario del PCE, junto con Gutiérrez Mellado, fueron los únicos que se mantuvieron en pie, como símbolo de resistencia. Siempre se ha sospechado que ellos también sabían lo que se estaba tramando y que la entrada de Tejero en el Parlamento no les cogió por sorpresa. Sabían que todo no era más que un teatrillo para desviar la atención de ese Gobierno de concentración nacional del que estaría al tanto el propio Juan Carlos I.
¿Quiénes más podían estar al corriente de la trama golpista? Solo se sabrá cuando se abran los archivos con las grabaciones y documentos de los servicios secretos. PSOE y PP han sido acusados de bloquear la desclasificación mientras Juan Carlos esté vivo, lo que impide conocer la implicación real de políticos en activo en 1981.
Pacto de silencio
El 23F sigue siendo un episodio rodeado de secretos. La nueva Ley de Información Clasificada podría permitir saber toda la verdad, pero habrá que esperar. Lo único cierto es que la confesión del rey emérito en su libro de memorias abre una caja de Pandora. La afirmación de que “cargos electos” estaban en el ajo no puede tener otra misión que ajustar cuentas con ellos y con el pasado. El monarca se siente solo y traicionado por los que en su día estuvieron con él durante el 23F. No le ha gustado la decisión de Pedro Sánchez de desclasificar el material reservado y confidencial, que es tanto como retirar el manto de silencio tras cuarenta años de pacto del bipartidismo. Y eso no lo perdona el emérito. No está dispuesto a pasar a la historia como el gran felón, el gran traidor, el gran golpista. Porque golpistas hubo muchos, dentro y fuera de las Cortes. En la política y en el mundo de las finanzas. En los partidos y en la sociedad civil. De ahí que Juan Carlos haya decidido ir a por todas, una huida hacia adelante. Aquello de “para cuatro días que me quedan en el convento…”. ¿Está tirando de la manta el monarca al final de sus días? ¿Ha abierto la veda y que sea lo que Dios quiera? Eso parece. De entrada, llama la atención que le haya dicho a los periodistas de Le Figaro que hubo una trama civil de “cargos electos”. Esa afirmación solo se puede entender como un intento de presionar para que se revele más información sobre los verdaderos apoyos del golpe. Para que, por fin, se sepa toda la verdad. Suena a inmolación, a confesión suicida. Y quizá por eso no ha gustado a Felipe VI. En Zarzuela cunde la preocupación por el contenido del libro.
Desclasificación
Los documentos del 23F podrían desclasificarse automáticamente a los 45 años según el nuevo proyecto de Ley de Información Clasificada aprobado por el Gobierno en julio de 2025, lo que permitiría su publicación en 2026. Sin embargo, eso dependerá (y ahí está la trampa), de que la apertura de los archivos clasificados “no suponga un riesgo para la seguridad nacional”. Es decir, el Gobierno podría bloquear o retrasar la publicación de ciertos documentos si lo estima necesario. Esa coletilla de la ley lo puede volver a dejar todo “atado y bien atado”. Es la última carta en la manga para tratar de salvar a la monarquía bajo sospecha desde aquellos turbios sucesos. Si se activa esa cláusula, el secreto quedará a buen recaudo. Volverá a restablecerse el pacto de silencio. Solo conociendo las grabaciones de los servicios de espionaje, informes militares, comunicaciones internas y testimonios que hasta ahora han permanecido ocultos, se podrá saber qué papel jugó cada cual. El rey emérito ha abierto la caja de los truenos desde Abu Dabi. Más de uno todavía en activo tiembla.