La imagen de Maricarmen, una anciana de 87 años, siendo desahuciada de su domicilio es muy potente humana, social y políticamente, dado que el desahucio ha generado una indignación social de tal calibre que, incluso, desde los ámbitos conservadores y ultraconservadores se han dedicado a culpabilizar a la víctima de su situación. Además, la potencia de la imagen está siendo aprovechada por la izquierda del PSOE para intentar imponer al socio mayoritario del gobierno los máximos de sus posiciones respecto a la vivienda, lo que está provocando que la tensión se pueda cortar con un bisturí en el Palacio de la Moncloa.
Con el Consejo de Ministros a menos de 24 horas de su inicio y la acampada de la Puerta del Sol convertida en el epicentro de la indignación popular tras el dramático desahucio de Maricarmen, el Gobierno apura las horas de una negociación desquiciada.
Moncloa intenta presentar el futuro real decreto ley sobre vivienda como un bálsamo institucional para apagar la protesta. Sin embargo, detrás de los discursos de unidad y de las apelaciones a la justicia social se esconde una brecha insalvable entre el Partido Socialista y la izquierda parlamentaria.
Ese abismo no responde únicamente a diferentes sensibilidades políticas, sino a un choque frontal contra la realidad del ordenamiento jurídico español y el Derecho de la Unión Europea. Ahí está el verdadero problema que el activismo de la extrema izquierda.
Mientras Sumar y los colectivos de la protesta han asumido como un ultimátum el llamado "decreto Maricarmen", un paquete de cinco exigencias innegociables presentado por el Sindicato de Inquilinas, en el ala socialista del Ejecutivo cunde el pragmatismo y el respeto por la legalidad.
En el PSOE saben bien que ceder a la presión de sus socios para retener el apoyo de la izquierda implica cruzar líneas rojas, que la Justicia constitucional y los tribunales comunitarios no tardarían en hacer saltar por los aires.
El resultado es un pulso dramático en el que el PSOE se ve obligado a actuar de dique de contención frente a propuestas que, bajo la promesa de proteger al inquilino, amenazan con dinamitar el mercado del alquiler y colisionar directamente con los tratados internacionales.
La quimera de los contratos indefinidos
El punto de mayor fricción en la negociación es, sin duda, la exigencia de implantar la renovación automática e indefinida de los contratos de alquiler. Para el Sindicato de Inquilinas y sus portavoces políticos en el espacio de Sumar, Podemos y Más Madrid, transformar los arrendamientos temporales en relaciones contractuales de por vida es la única vía para erradicar la inseguridad residencial.
Sin embargo, esta pretensión es vista, desde la cordura legal, en el Ministerio de Vivienda como una auténtica aberración jurídica.
Obligar a un propietario privado a mantener a un inquilino de forma perpetua vacía de contenido el derecho a la propiedad privada reconocido en el artículo 33 de la Constitución Española. Aproximándose, así, peligrosamente a una expropiación forzosa sin indemnización.
El propio PSOE lo ha admitido en sus análisis internos de balance legislativo: obligar a la prórroga indefinida desincentivaría la oferta. Provocaría la retirada masiva de inmuebles del mercado. Y condenaría al parque residencial al abandono sin mantenimiento. Pero el problema va más allá de la economía.
Desde el punto de vista del ordenamiento jurídico español y las normas de la UE, una injerencia de tal calibre en la autonomía de la voluntad y la libertad de contratación vulnera el principio de proporcionalidad exigido por el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ningún decreto ley puede alterar de raíz la naturaleza del derecho de propiedad sin incurrir en un vicio flagrante de inconstitucionalidad que congelaría la norma en los tribunales a las primeras de cambio.
Choque con Europa
El segundo gran obstáculo jurídico radica en la pretensión de decretar una congelación generalizada de los precios del alquiler en todo el territorio nacional y la parálisis total de los desahucios sin alternativa habitacional.
Para la izquierda, fijar por decreto estatal el tope de los arrendamientos es una urgencia de primer orden. No obstante, el bloque socialista recuerda que la regulación del mercado residencial se encuentra profundamente condicionada por la distribución de competencias autonómicas y el marco de libre competencia del mercado único europeo.
Intentar imponer una congelación estricta al margen de la Ley de Vivienda y sin contar con las Comunidades Autónomas colisiona frontalmente con el mapa de competencias del Estado autonómico. Además, la imposición de controles de precios absolutos a escala nacional roza el incumplimiento de las directivas europeas de servicios y la libre circulación de capitales.
El TJUE ha advertido reiteradamente a los Estados miembros de que las intervenciones en los precios deben ser excepcionales, temporales y estrictamente justificadas para no distorsionar de forma arbitraria la actividad económica. Convertir una medida de excepción en una regla permanente abocaría a España a expedientes de infracción desde Bruselas. Y a una avalancha de demandas de responsabilidad patrimonial contra el Estado presentadas por los propietarios.
Compromiso posible
Consciente de las costuras legales del sistema, el equipo de Pedro Sánchez ha optado por un camino que incomoda a la izquierda pero garantiza la supervivencia del decreto ante los tribunales.
El texto final que perfila el ala socialista del Gobierno deja fuera la retórica de los contratos perpetuos y se centra en un delicado equilibrio de incentivos: bonificaciones fiscales para caseros e inquilinos, la rebaja del IVA para la construcción de vivienda protegida permanentemente blindada, un recargo fiscal a los pisos turísticos y mecanismos para dificultar que los grandes fondos absorban promociones residenciales.
Medidas pragmáticas que han permitido abrir el diálogo con la derecha de Junts per Catalunya, indispensable para convalidar cualquier norma. Sin embargo, esta respuesta posibilista resulta insuficiente para una izquierda instalada en la máxima presión.
La amenaza de que el texto nazca muerto si no asume las tesis más radicales ha colocado al Ejecutivo en un callejón de muy difícil salida.
La contradicción de esta negociación agónica es transparente: cuanto más se enroca la izquierda en exigir soluciones que desbordan los límites de la Constitución y del Derecho comunitario, más difícil se le hace al Gobierno articular una regulación del alquiler de temporada y fomento de la vivienda protegida que sea jurídicamente sólida y fácticamente aplicable.
La política corre el riesgo de vender ilusiones legislativas mientras la ciudadanía, al otro lado de la moqueta de Sol, continúa esperando respuestas reales que no se evaporen en el primer examen judicial porque al final, los tribunales siempre tienen la última palabra. Y en este caso, la Constitución y el TJUE también.
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