Pepa Millán, portavoz parlamentaria de Vox, lo ha vuelto a decir esta misma mañana: si el partido de Abascal llega a gobernar con el PP, promoverá la ilegalización de Bildu. Para la formación ultra, Bildu lleva a gente de ETA en sus listas, de modo que no puede tomar parte en el Parlamento. “Bildu no ha colaborado con el esclarecimiento de los crímenes, no se ha arrepentido y hacen homenajes de enaltecimiento del terrorismo”, aseguró.
La ilegalización o represión de la izquierda abertzale sería un auténtico terremoto para el país. Tanto como abrir la puerta a la crispación en el País Vasco y posiblemente al retorno de la banda terrorista, diluida desde su cese definitivo de la actividad armada el 20 de octubre de 2011. La intención de Vox de impulsar la ilegalización de EH Bildu vuelve a poner en cuestión el principio de legalidad, la memoria histórica y el pluralismo político. Aunque propuestas similares han aparecido en distintos momentos desde el final de ETA, la iniciativa adquiere un nuevo significado en un contexto marcado por la fragmentación parlamentaria, la creciente polarización y la dependencia del Gobierno de minorías para sacar adelante sus proyectos legislativos.
EH Bildu es una coalición que, pese a su pasado vinculado al entorno político de la izquierda abertzale, ha experimentado una evolución significativa desde la desaparición de la organización terrorista. Su presencia institucional es hoy amplia en el País Vasco y Navarra, y su papel en el Congreso se ha vuelto relevante en votaciones clave. La propuesta de ilegalización de Vox se fundamenta en la idea de que la coalición no ha roto de manera suficiente con el legado del terrorismo, mientras que sus defensores sostienen que cumple plenamente con los requisitos legales para concurrir a las elecciones. Pero parece evidente que los ultras tienen dos objetivos con ese plan: uno, resucitar el fantasma de ETA (en la violencia la extrema derecha se siente en su caldo de cultivo perfecto); dos, acabar con la mayoría de izquierdas nacionalistas que sostienen el Gobierno de coalición (lo cual sería un golpe de Estado, ya que se estaría manipulando el censo al prohibir a miles de votantes ejercer su derecho a optar por el partido que mejor le representa).
Marco legal y viabilidad de la propuesta
La Ley de Partidos Políticos de 2002 establece los supuestos para la ilegalización de formaciones que apoyen o justifiquen la violencia. Sin embargo, desde la sentencia del Tribunal Constitucional que permitió la participación de Bildu en 2011, los tribunales han considerado que la coalición cumple con los requisitos democráticos exigidos. Cualquier intento de ilegalización debería basarse en nuevas pruebas que acreditaran una vulneración clara de la ley, algo que hasta ahora no ha sido reconocido por los órganos judiciales. Esto significa que la propuesta de Vox tendría un recorrido jurídico limitado y dependería de decisiones judiciales, no solo políticas. Además, requeriría mayorías parlamentarias que hoy no parecen viables. Por tanto, estamos ante un nuevo brindis al sol del partido de Abascal. Eso es el trumpismo, prometer cosas que no se pueden cumplir sin dañar la democracia.
Consecuencias políticas inmediatas
La iniciativa podría tener varios efectos en el panorama político español: de entrada, un aumento de la polarización. La propuesta reactivaría un debate emocionalmente cargado, especialmente en el País Vasco y Navarra, donde Bildu tiene una base electoral consolidada. Podría reforzar posiciones identitarias y dificultar el diálogo entre partidos. También reconfiguraría las alianzas. El Gobierno central, que en ocasiones ha contado con el apoyo de Bildu para aprobar leyes, se vería obligado a posicionarse con claridad. Esto podría tensar aún más las relaciones entre bloques parlamentarios.
También repercutiría en la movilización electoral. Tanto Vox como Bildu podrían utilizar el debate para reforzar su discurso ante sus bases. Vox presentaría la iniciativa como una defensa de la memoria de las víctimas, mientras que Bildu podría interpretarla como un intento de excluir a una parte del electorado vasco.
Impacto en el País Vasco y Navarra
En el ámbito autonómico, la propuesta podría tener efectos significativos, como el refuerzo del voto nacionalista. La percepción de una amenaza externa de la extrema derecha española podría fortalecer a las fuerzas nacionalistas, no solo a Bildu, sino también al PNV. Más fanatismo en ambos polos del espectro político. Menos lugar para la moderación y el diálogo.
En cuanto a las tensiones institucionales. La ilegalización de una fuerza con representación municipal y autonómica generaría un vacío político difícil de gestionar y podría abrir un conflicto competencial entre administraciones. El debate sobre la ilegalización de partidos plantea cuestiones de fondo sobre la calidad democrática, la gestión del pasado y los límites del pluralismo. Excluir a Bildu supondría un retroceso de décadas en la normalización política del País Vasco y una medida incompatible con la libertad de representación.