Ya se ha iniciado la campaña de presentación de la Declaración de la Renta y el debate fiscal en España ha entrado en una fase de tensión silenciosa pero estructural. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez defiende su política tributaria como progresiva y redistributiva, los datos oficiales revelan una realidad más compleja: la carga efectiva del sistema recae cada vez más sobre las clases medias y trabajadoras, al tiempo que las grandes bolsas de evasión y elusión fiscal continúan debilitando la base recaudatoria sin una corrección proporcional.
Impuesto invisible a los que menos tienen
El fenómeno técnico conocido como progresividad en frío del IRPF se ha convertido en uno de los mecanismos más eficaces y menos visibles de aumento de la presión fiscal. Al no actualizarse los tramos del impuesto conforme a la inflación, los incrementos salariales que apenas compensan el encarecimiento del coste de la vida terminan empujando a los contribuyentes a escalones superiores de tributación.
Desde el punto de vista fiscal, esto implica que los contribuyentes pagan más sin ser más ricos en términos reales. Un trabajador con ingresos de 25.000 euros soportará alrededor de 250 euros adicionales; uno con 30.000, cerca de 350; y quienes alcanzan los 45.000 euros asumirán un sobrecoste que ronda los 500 euros. La lógica se intensifica en niveles superiores, pero el impacto social se concentra en las franjas donde se sitúa el grueso de la población activa. Es decir, en las clases medias y trabajadoras.
Este desplazamiento silencioso de la carga fiscal no responde a una subida explícita de impuestos, sino a una decisión política del gobierno de Pedro Sánchez: no deflactar la tarifa estatal. En términos de técnica tributaria, se trata de una forma indirecta de incrementar la recaudación sin asumir el coste político de una reforma fiscal abierta.
Recaudación récord, menor prosperidad
El resultado agregado de esta estrategia ha sido un incremento sostenido de los ingresos públicos. Parte del récord de recaudación alcanzado en los últimos ejercicios se explica precisamente por este efecto. El Estado ingresa más porque los contribuyentes de clase media y trabajadora, empujados por la inflación, tributan más, no porque exista necesariamente una mejora estructural en la economía.
El argumento del Ejecutivo se apoya en la idea de que la deflactación beneficiaría proporcionalmente más a las rentas altas. Sin embargo, este planteamiento omite un elemento clave del análisis tributario: la elasticidad del esfuerzo fiscal en las clases medias y trabajadoras es mucho más rígida, lo que significa que cualquier incremento, por pequeño que sea, tiene un impacto directo en su capacidad de consumo y ahorro.
Fin de los contrapesos fiscales
Durante los años más intensos de la inflación, muchas comunidades autónomas actuaron como amortiguadores, ajustando sus tramos del IRPF para mitigar el impacto. Sin embargo, en 2026 esa estrategia ha desaparecido prácticamente del mapa, incluso en territorios gobernados por partidos que defienden públicamente la rebaja fiscal.
Este cambio consolida un escenario en el que la presión tributaria se vuelve homogénea al alza, sin mecanismos territoriales de corrección. La excepción parcial de algunas regiones con cláusulas condicionadas al IPC no altera la tendencia general: la deflactación ha dejado de ser una herramienta activa de política fiscal.
Evasión masiva y control limitado
Frente a esta presión creciente sobre los contribuyentes con un menor nivel de ingresos, emerge un contraste difícil de ignorar. La evasión y elusión fiscal de grandes empresas y fortunas genera una pérdida anual estimada en torno a los 9.400 millones de euros, según el informe State of Tax Justice. La mayor parte corresponde a multinacionales que utilizan estructuras internacionales para desplazar beneficios hacia jurisdicciones de baja tributación.
El fenómeno no es marginal. Según los técnicos del Ministerio de Hacienda agrupados en GESTHA, las grandes fortunas y corporaciones concentran cerca del 72% del fraude fiscal total, en un sistema donde la economía sumergida y la planificación fiscal agresiva alcanzan cifras que superan los 90.000 millones de euros anuales.
Las herramientas utilizadas son conocidas: deslocalización de beneficios hacia países como Irlanda o Luxemburgo, uso de sociedades instrumentales y estructuras offshore, y aprovechamiento de vacíos legales en la normativa internacional. Se trata de prácticas complejas, pero no invisibles.
Facilidad recaudatoria frente a complejidad inspectora
El contraste revela un desequilibrio operativo. Es más sencillo recaudar de las rentas del trabajo (transparentes, retenidas en origen) que perseguir estructuras sofisticadas de evasión internacional. El resultado es una asimetría en la que el sistema fiscal se apoya en su base más accesible y vulnerable: asalariados y contribuyentes medios.
La Agencia Tributaria ha intensificado sus esfuerzos, logrando recuperar cifras récord en actuaciones contra el fraude. Sin embargo, la magnitud del problema sugiere que la capacidad de control sigue siendo insuficiente frente a la ingeniería fiscal de grandes actores económicos.
La farsa progresista: redistribución declarada, presión regresiva
Un gobierno que se define como progresista sostiene un discurso de justicia fiscal y redistribución, pero en la práctica aplica una política que incrementa la presión efectiva sobre quienes tienen menor capacidad de planificación fiscal, mientras las grandes bolsas de evasión permanecen prácticamente intactas.
Esto no implica necesariamente una intencionalidad regresiva, pero sí evidencia una limitación estructural: la dificultad de trasladar el principio de progresividad del plano normativo al plano real. En ausencia de reformas profundas en la fiscalidad internacional y en los mecanismos de control, el sistema tiende a apoyarse en los contribuyentes cautivos.
El caso del IRPF y la progresividad en frío muestra una tensión de fondo en el modelo tributario contemporáneo. Por un lado, la necesidad de sostener el gasto público en un contexto de incertidumbre económica; por otro, la exigencia de equidad en el reparto de la carga fiscal.
En este equilibrio inestable, las clases medias y trabajadoras se convierten en el eje de la recaudación, mientras la gran evasión continúa representando una fuga significativa de recursos. La cuestión no es solo cuánto se recauda, sino de quién se recauda y con qué grado de justicia efectiva.