Hay una diferencia decisiva entre una crisis sanitaria y una crisis humanitaria con consecuencias sanitarias. Confundirlas puede parecer una cuestión semántica, pero en Ceuta esa distinción determina el modo en que se interpreta una de las situaciones más complejas que ha afrontado la ciudad en los últimos años.
Mónica García ha querido fijar ese límite con datos. El Hospital Universitario de Ceuta no está colapsado. Tiene 101 personas ingresadas sobre una capacidad ampliada hasta 212 camas y solo 28 de los hospitalizados son migrantes. Ninguna consulta ordinaria ha sido suspendida y la atención sanitaria a la población ceutí continúa funcionando. Existen servicios sometidos a una enorme presión y profesionales que han realizado un esfuerzo extraordinario, pero tensión asistencial no significa colapso.
El Ministerio calcula que el sistema sanitario ha atendido a unas 5.800 personas migrantes durante los últimos quince días. La presión se ha reducido alrededor de un 70 % desde el primer gran pico de llegadas, pero miles de personas continúan expuestas a condiciones muy deficientes de alojamiento, higiene y descanso. Sanidad considera que el riesgo epidemiológico es moderado para ellas y bajo para la población ceutí.
Las personas migrantes no son una amenaza sanitaria. Las condiciones en las que se obliga a vivir a una población sí pueden convertirse en un problema de salud pública. La distinción tiene respaldo científico. La Organización Mundial de la Salud advierte de que las personas migrantes, especialmente las que se encuentran en situación irregular, sufren una mayor exposición a determinados riesgos cuando carecen de alojamiento adecuado, prevención sanitaria o acceso normalizado a los servicios de salud. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades ha señalado igualmente que el hacinamiento facilita la propagación de algunas enfermedades transmisibles.
Por eso resulta relevante que García haya afirmado con tanta claridad que asociar inmigración y enfermedad es xenófobo. No se trata de una concesión retórica al lenguaje progresista. Es una precisión sanitaria.
En Ceuta se han detectado casos de gastroenteritis, pruebas positivas de exposición a la tuberculosis y otras patologías que requieren seguimiento. También llegan personas deshidratadas, con hipotermia o traumatismos derivados de viajes y entradas realizadas en condiciones extremas. Nada de ello permite presentar la inmigración como un vector general de enfermedad ni alimentar la vieja fantasía de una población extranjera que amenaza la salud de quienes ya viven aquí.
El riesgo aparece cuando miles de seres humanos duermen hacinados, carecen de duchas suficientes, comparten espacios saturados o pasan días sin unas condiciones mínimas de salubridad. La respuesta sanitaria más eficaz consiste entonces en proporcionar techo, agua, higiene y atención médica, exactamente las medidas que el Ministerio reclama reforzar.
Este enfoque también obliga a revisar cierta política del miedo que acompaña cualquier episodio migratorio de gran magnitud. El temor de la población ceutí debe ser atendido y las administraciones tienen la obligación de garantizar que sus servicios públicos sigan funcionando. Fingir que una llegada extraordinaria de personas carece de efectos sería absurdo. La respuesta responsable consiste en reforzar recursos, trasladar población cuando sea necesario, ampliar los dispositivos de acogida y explicar con transparencia qué está ocurriendo.
Lo que no ayuda es transformar una emergencia humanitaria en una teoría sobre la amenaza que representan quienes llegan.
Sanidad ha incorporado más de 60 profesionales adicionales hasta finales de agosto y mantiene actualmente en Ceuta una plantilla superior a la dotación orgánica habitual. El Ministerio trasladará además personal especializado para reforzar la vigilancia epidemiológica.
Esas decisiones tienen una dimensión que supera a Ceuta. Una política migratoria democrática también se mide por la manera en que protege la salud de las personas cuando llegan en las peores condiciones posibles. Protegerlas no significa desatender a la población residente. Significa evitar precisamente que una crisis de alojamiento termine transformándose en una crisis sanitaria para todos.
La imagen más útil de lo ocurrido no es la del extranjero como portador de enfermedades, sino la de unas instituciones enfrentadas a una prueba de capacidad. Si miles de personas pueden ser atendidas sin suspender la asistencia ordinaria, el sistema sanitario demuestra fortaleza. Si centenares continúan viviendo hacinadas, el sistema de acogida demuestra sus límites.
Conviene saber distinguir ambas cosas. Porque el problema de salud pública no tiene nacionalidad. Tiene causas materiales. Y en Ceuta esas causas se llaman hacinamiento, falta de espacio, precariedad y una emergencia humanitaria que necesita recursos mucho antes que prejuicios.
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