Hay una dificultad evidente en anunciar una catástrofe cada mañana. Al cabo de un tiempo, la catástrofe necesita ser mayor que la del día anterior para conservar su capacidad de impresionar. La política española lleva demasiado tiempo instalada en esa escalada y el Partido Popular ha hecho de ella una parte sustancial de su oposición a Pedro Sánchez.
España ha sido descrita sucesivamente como un país al borde de la quiebra institucional, sometido a una deriva autoritaria, humillado ante sus socios, amenazado en su unidad y gobernado por un Ejecutivo que, según el vocabulario habitual de Génova, prácticamente ha dejado de ser legítimo. Cada episodio debe confirmar que estamos ante el peor momento, el mayor escándalo o la crisis definitiva. El inconveniente de semejante repertorio aparece cuando pasan los meses, después los años, y la vida continúa.
No significa que no existan problemas graves ni que el Gobierno deba quedar al margen del escrutinio. Precisamente una democracia necesita una oposición capaz de fiscalizar al poder, señalar sus errores y ofrecer alternativas. El problema comienza cuando se borra deliberadamente la diferencia entre un error y una catástrofe, entre una discrepancia política y una amenaza nacional, porque entonces la denuncia deja de informar sobre la gravedad de los hechos y empieza a describir únicamente el volumen de quien denuncia. Y eso es lo que puede estar ocurriendo.
La política de la alarma
La crisis de Ceuta ofrece un ejemplo particularmente claro. El PP ha utilizado durante estas semanas palabras como «invasión», «humillación» o «emergencia nacional», ha hablado de riesgos para la seguridad y la salud pública y Feijóo ha llegado a plantear la posibilidad de un confinamiento por enfermedades infectocontagiosas. Cuando Sanidad respondió con datos epidemiológicos y situó en bajo el riesgo para la población residente, el debate apenas se corrigió. La siguiente alarma ya estaba en marcha.
La cuestión excede a Ceuta. Forma parte de una manera de ejercer la oposición que necesita mantener permanentemente abierta una sensación de excepcionalidad. Si no son los pactos parlamentarios, es la amnistía; si no, una investigación judicial; después la política exterior, la inmigración, el funcionamiento de las instituciones o cualquier declaración de un ministro susceptible de convertirse durante unas horas en prueba del deterioro general de España.
El PP tiene motivos políticos evidentes para desgastar al Gobierno y sería absurdo reprochar a una oposición que intente hacerlo. Lo discutible es si la estrategia elegida continúa siendo eficaz. Porque existe un fenómeno bastante conocido fuera de la política y perfectamente trasladable a ella. La exposición permanente a una señal de alarma reduce progresivamente la atención que prestamos a esa señal.
El escándalo también puede anestesiar. Cuando todo es extraordinariamente grave, el ciudadano pierde instrumentos para distinguir qué lo es de verdad. Cuando cada semana puede caer el Gobierno, deja de sorprender que siga gobernando. Cuando cada decisión conduce supuestamente a una crisis institucional, llega un momento en que la expresión «crisis institucional» significa bastante menos que antes.
Una sociedad agotada del conflicto
Existe además un problema que la política española quizá esté midiendo mal. El ciudadano corriente no consume política con la intensidad con la que la producen los partidos, los periodistas o las redes sociales. Trabaja, paga una hipoteca o un alquiler, lleva a sus hijos al colegio, espera una consulta médica, mira cuánto cuesta llenar la cesta de la compra y dedica a la actualidad una porción limitada de su tiempo.
Desde esa perspectiva, varios años de tensión política permanente pueden producir más agotamiento que movilización. Una parte de la ciudadanía ya no responde necesariamente a un nuevo escándalo preguntándose quién tiene razón, sino apartándose del ruido.
Ese cansancio plantea un riesgo singular para Feijóo. Su llegada a la presidencia del PP fue presentada precisamente como una corrección del exceso, la recuperación de un conservadurismo más institucional y menos estridente. Cuatro años después, buena parte del lenguaje empleado por su partido se encuentra mucho más cerca de la política de la alarma que de aquella promesa de moderación.
La presión de Vox ayuda a entenderlo. La derecha española compite también dentro de su propio espacio y el PP teme dejar libre a su derecha cualquier asunto capaz de movilizar emocionalmente al electorado. Pero competir con Vox en intensidad obliga a elevar continuamente el tono, y ahí aparece una dificultad estratégica que Génova debería considerar. Vox dispone de mayor libertad para la hipérbole porque una parte de su identidad política se construye precisamente sobre ella. Un partido que aspira a gobernar necesita además transmitir solvencia, previsibilidad y capacidad para distinguir una emergencia de aquello que simplemente no le gusta.
El desgaste tiene un límite
Pedro Sánchez lleva años siendo presentado como un presidente políticamente acabado. Ha sobrevivido a derrotas electorales, crisis internas, rupturas parlamentarias, investigaciones judiciales, campañas de enorme dureza y sucesivos anuncios sobre el final inevitable de su ciclo. Algunos de esos episodios han provocado un desgaste real y otros pueden seguir haciéndolo.
Pero existe una posibilidad que la oposición evidentemente no contempla. El exceso de ruido puede terminar favoreciendo precisamente a quien pretende derribar.
No porque desaparezcan los problemas del Gobierno, sino porque quedan mezclados en una sucesión interminable de acusaciones cuya intensidad apenas cambia. Un asunto verdaderamente grave acaba compartiendo volumen con otro secundario y ambos son presentados como acontecimientos históricos. La consecuencia puede ser exactamente la contraria de la buscada. El ciudadano deja de jerarquizar porque la política ya lo ha jerarquizado todo como máximo.
Una oposición eficaz necesitaría elegir sus batallas, administrar sus palabras y conservar intacta la capacidad de alarma para cuando realmente haga falta. También necesita explicar qué haría de manera distinta y por qué sería mejor, porque un país no cambia de Gobierno únicamente porque le repitan que el que tiene es insoportable.
El problema de anunciar todos los días el fin de España es bastante elemental. Si España vuelve a amanecer al día siguiente, tarde o temprano alguien deja de prestar atención al anuncio.
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