Alberto Núñez Feijóo viajó esta semana a Ceuta con una solución aparentemente sencilla para uno de los problemas más complejos que afronta España tras la crisis migratoria de finales de julio. El líder del Partido Popular reclamó el retorno de todos los migrantes que hubieran entrado irregularmente en la ciudad autónoma, incluidos los menores. La fiscal de Sala Coordinadora de Menores, Teresa Gisbert, ha introducido ahora en esa propuesta un elemento bastante menos manejable para el discurso político, pero decisivo en un Estado de derecho. La ley.
Gisbert ha rechazado la posibilidad de devolver de manera inmediata y colectiva a los menores no acompañados llegados a Ceuta. Su explicación, formulada en una entrevista en la Cadena SER, difícilmente admite interpretaciones creativas. Antes de acordar cualquier retorno hay que estudiar individualmente las circunstancias de cada niño o adolescente, conocer su situación familiar y determinar si la devolución protege realmente su interés superior. La fiscal resumió la propuesta defendida por Feijóo con una expresión particularmente contundente por proceder de quien conoce la materia desde dentro. “No tiene sentido”.
La cuestión tiene importancia porque el debate migratorio español está entrando en una fase en la que la velocidad de la consigna empieza a competir peligrosamente con la complejidad del Derecho. Devolver a todos puede caber en una rueda de prensa. Devolver legalmente a un menor exige bastante más.
El procedimiento obliga a realizar entrevistas personales con intérpretes, examinar las circunstancias familiares y personales y comprobar las condiciones existentes en el país de origen para garantizar que el menor no será enviado a una situación de desprotección. Gisbert ha recordado que esas garantías no constituyen una preferencia ideológica del Gobierno de Pedro Sánchez ni una concesión extraordinaria ante la crisis de Ceuta. Proceden de la normativa española, europea e internacional de protección de la infancia.
España puede devolver menores a Marruecos, pero no puede hacerlo de cualquier manera. Esa diferencia elemental se ha ido perdiendo en una discusión política donde la contundencia verbal empieza a presentarse como sustituto de la eficacia administrativa.
La ley frente a la consigna
La intervención de Teresa Gisbert adquiere especial relevancia porque desarma uno de los marcos que el PP está intentando consolidar desde la crisis de Ceuta. Feijóo ha querido presentar el respeto de las garantías como una muestra de debilidad del Gobierno, cuando precisamente esas garantías son las que separan una política migratoria sometida al Derecho de una devolución indiscriminada decidida desde una tribuna.
La fiscal ha explicado que el sistema está actuando con las dificultades propias de una situación excepcional y que los procedimientos necesitan tiempo precisamente porque deben ofrecer garantías. La presión derivada de una llegada extraordinaria puede exigir más funcionarios, más intérpretes, más plazas de acogida y una cooperación mucho mayor entre administraciones. Lo que no permite es suspender las normas hasta que la emergencia resulte políticamente más cómoda.
Hay además un dato que complica todavía más el relato construido estos días alrededor de los menores. Según Gisbert, los entrevistados hasta ahora han manifestado que no desean regresar a Marruecos y aspiran a trasladarse a la Península. La fiscal ha asegurado asimismo que no consta que padres o madres hayan reclamado la devolución de sus hijos y que, en diversos casos, las propias familias conocen su presencia en España y esperan que puedan ser acogidos por el sistema de protección.
Nada de ello determina automáticamente que esos menores tengan derecho a permanecer en España. Sí obliga a estudiar cada expediente antes de decidir su destino. Esa individualización es precisamente el corazón del sistema de protección que Gisbert está defendiendo y el punto que la fórmula general planteada por el PP deja fuera.
El problema para Feijóo es que la desautorización de su planteamiento no procede esta vez de Moncloa, Ferraz o alguno de los ministros con los que mantiene una confrontación cotidiana, sino de la máxima responsable de Menores de la Fiscalía General del Estado, que lleva semanas explicando públicamente cuáles son las obligaciones jurídicas de las administraciones ante la situación creada en Ceuta. Ya el 31 de julio Gisbert advertía de que los menores tienen una situación radicalmente distinta a la de los adultos y situaba su protección como prioridad.
Las trabas que aparecen en las autonomías
La intervención de Gisbert contiene, además, una segunda afirmación políticamente delicada para el Partido Popular. La fiscal ha explicado que algunas comunidades autónomas ponen obstáculos cuando deben recibir menores trasladados desde territorios sometidos a presión migratoria y que, en ocasiones, la Fiscalía tiene que intervenir para recordarles que la acogida establecida legalmente no es voluntaria.
Preguntada expresamente por el signo político de esos gobiernos, Gisbert aseguró que las intervenciones personales que recuerda corresponden a comunidades gobernadas por PP y Vox. Las objeciones suelen apoyarse en la falta de plazas o en la saturación de los recursos disponibles, pero, según explicó, finalmente deben cumplir porque existe una obligación legal.
La fotografía resulta difícil de conciliar con el discurso de Feijóo. El PP exige desde Ceuta soluciones inmediatas al Gobierno central y algunas administraciones de su propio espacio político dificultan después uno de los mecanismos previstos para aliviar la presión sobre la ciudad autónoma. La cuestión deja entonces de ser únicamente migratoria y pasa a afectar a una idea mucho más elemental de responsabilidad institucional.
España tiene un problema serio en Ceuta y sería absurdo rebajarlo. La llegada extraordinaria de miles de personas ha tensionado servicios públicos, recursos de acogida y estructuras administrativas que no estaban concebidas para absorber una situación de esa magnitud. Precisamente por eso el Gobierno ha desplegado recursos extraordinarios y las instituciones deben acelerar todos los procedimientos que puedan acelerarse sin sacrificar garantías.
Lo que Gisbert ha recordado es el límite que ninguna urgencia puede atravesar. Un menor no deja de ser menor porque haya cruzado irregularmente una frontera. Antes de decidir su retorno hay que averiguar quién es, de dónde procede, cuál es su situación familiar y qué ocurrirá con él si regresa.
Feijóo ha intentado reducir esa realidad a una orden general de devolución. La Fiscalía de Menores acaba de devolver el debate al terreno del que nunca debió salir. En democracia, también cuando la frontera está sometida a una presión excepcional, la eficacia empieza por cumplir la ley y la protección de un niño no puede depender de la rentabilidad electoral de una consigna.
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