La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en la causa que investiga el rescate de la aerolínea Plus Ultra ha reabierto un viejo debate en la política española: hasta dónde pueden escalar las responsabilidades contra un presidente del Gobierno. Y aunque la investigación se encuentra aún en fase de instrucción y no hay nada que apunte a que Pedro Sánchez hizo algo irregular en el proceso de adjudicación del préstamo, la pregunta ha irrumpido con fuerza en el debate público: ¿puede el actual presidente acabar imputado por las acusaciones contra ZP?
El ruido mediático rodea al caso. La extrema derecha de Vox y sus grupos sociales anuncian querellas contra el Consejo de Ministros. Feijóo busca los cuatro escaños que le faltan para la moción de censura. Y Miguel Ángel Rodríguez, asesor de Ayuso, da por hecho que Sánchez irá “pa'lante”. El PP está creando la realidad paralela de que el Gobierno está muerto y enterrado, una exagerada hipérbole teniendo en cuenta que Zapatero no forma parte del Ejecutivo. Pero todas esas maniobras tienen un objetivo: animar al juez Calama, convencerlo para que dé el histórico paso de sentar a Sánchez en el banquillo por el rescate de Plus Ultra.
La causa, instruida en la Audiencia Nacional, busca esclarecer si el reflotamiento de la compañía tras la pandemia (una aerolínea de tamaño reducido y con escasa cuota de mercado en España) se ajustó a los criterios técnicos exigidos por la SEPI o si, por el contrario, estuvo influido por presiones externas. La imputación de Zapatero se basa en la sospecha de que pudo intervenir de manera informal para favorecer a la empresa, algo que él niega rotundamente. Su entorno sostiene que su relación con Venezuela, país con el que la aerolínea mantenía conexiones comerciales, ha sido utilizada para construir un relato sin sustento jurídico.
Más allá de la figura del expresidente, el foco político se ha desplazado hacia Pedro Sánchez, cuyo Gobierno aprobó el rescate en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La oposición sostiene que la operación fue irregular y que el Ejecutivo debe asumir responsabilidades. Sin embargo, el rescate a todas las aerolíneas durante la pandemia se realizó siguiendo criterios estrictamente técnicos y con arreglo a la normativa española y europea, tal como han confirmado las instituciones y los tribunales de la UE. El Gobierno actuó de forma colegiada y avalado por informes internos.
En este contexto, la posibilidad de que Sánchez sea imputado ha sido objeto de especulación. Sin embargo, los juristas consultados por distintos medios coinciden en que, a día de hoy, no existe base jurídica para ello. Para que el presidente pudiera ser investigado, tendrían que aparecer indicios directos de su participación personal en decisiones ilícitas, algo que no figura en ninguna de las diligencias conocidas. Además, como presidente del Gobierno, Sánchez está aforado ante el Tribunal Supremo, lo que significa que solo este tribunal podría imputarlo, y únicamente si la Audiencia Nacional encontrara pruebas sólidas y las elevara formalmente.
El aforamiento, a menudo presentado como un privilegio, es en realidad una garantía procesal diseñada para evitar que jueces de instancias inferiores puedan iniciar procedimientos contra altos cargos por motivos políticos. En la práctica, el Supremo solo ha imputado a presidentes o ministros cuando existían pruebas directas y contundentes, no simples sospechas o responsabilidades políticas indirectas. La imputación de un presidente en ejercicio es, por tanto, un escenario excepcional.
A pesar de ello, el debate político continúa creciendo. La oposición ha encontrado en el caso un filón para desgastar al Gobierno, especialmente en un clima de polarización creciente. El hecho de que la investigación afecte a un expresidente socialista añade un componente simbólico que amplifica el impacto mediático. Cada nueva filtración, cada declaración judicial y cada movimiento procesal se convierte en munición política.
El Gobierno, por su parte, intenta contener el daño defendiendo la legalidad del rescate y subrayando que la SEPI actuó siguiendo criterios técnicos. Sin embargo, la estrategia no evita que el caso siga proyectando sombras sobre la gestión del Ejecutivo. En política, la percepción pesa tanto como los hechos, y la imagen, no ya de un expresidente imputado por un rescate económico, sino de un presidente socialista en ejercicio es un sueño húmedo de las derechas ávidas por conquistar el poder.
La pregunta clave es qué tendría que ocurrir para que la causa escalara hasta el presidente. Los expertos coinciden en que el escenario es improbable, pero no imposible. Para que Sánchez fuera imputado, la Audiencia Nacional tendría que encontrar indicios directos de que intervino personalmente en decisiones ilícitas relacionadas con el rescate. No bastaría con demostrar irregularidades administrativas o errores de gestión: sería necesario acreditar participación consciente y activa en un delito. Si esos indicios existieran, la Audiencia debería elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, que decidiría si abre o no diligencias. A día de hoy, nada de esto ha ocurrido.
Mientras tanto, el caso sigue avanzando lentamente, como suele ocurrir en investigaciones complejas. La instrucción puede prolongarse durante meses o incluso años, manteniendo el asunto en la agenda pública. Cada paso procesal será analizado al detalle por partidos, medios y analistas, alimentando un debate que, más allá de su dimensión jurídica, tiene un enorme potencial político.
En este sentido, el “caso Zapatero” se ha convertido en un espejo de la política española actual: polarizada, emocional y marcada por la desconfianza mutua entre bloques. La imputación de un expresidente es un hecho de enorme relevancia institucional, pero su lectura pública se ve inevitablemente contaminada por la batalla partidista. Para unos, es la prueba de que el PSOE ha tejido redes de influencia opacas; para otros, un intento de judicializar la política y desgastar al Gobierno.
La realidad, sin embargo, es más matizada. La investigación sigue abierta, las responsabilidades no están determinadas y el margen para conclusiones precipitadas es amplio. Lo que sí parece claro es que, por ahora, la posibilidad de que Pedro Sánchez sea imputado es baja desde el punto de vista jurídico, aunque políticamente el caso seguirá generando turbulencias.
En definitiva, el “caso Zapatero” es un ejemplo más de cómo una investigación judicial puede convertirse en un terremoto político incluso antes de que existan conclusiones firmes. Y, como suele ocurrir en España, el ruido amenaza con imponerse a los hechos. Por eso, conviene seguir el caso con prudencia, atención y espíritu crítico, y contrastar siempre la información con fuentes fiables.