La Conselleria de Justicia del Gobierno valenciano dirigido por Juan Francisco Pérez Llorca ha recortado drásticamente las funcionarias de apoyo asignadas al juzgado de Catarroja que instruye la causa de la dana, según ha podido saber eldiario.es. La medida desmantela, a efectos prácticos, la organización interna del juzgado, al retirar a cuatro funcionarias (entre gestoras y tramitadoras) y dejar únicamente al auxilio judicial.
Hay decisiones políticas que, por su forma y su momento, hablan más alto que cualquier discurso. La reducción de medios en el juzgado que investiga la actuación de Carlos Mazón durante la dana es una de ellas. No es un simple ajuste administrativo ni una reorganización técnica: es un mensaje. Y el mensaje es inquietante. Cuando el poder político se siente amenazado por la Justicia, el PP valenciano vuelve a recurrir a una estrategia conocida: debilitar al árbitro.
La instrucción sobre la gestión de la emergencia requería refuerzos, especialización y estabilidad. Lo que ha recibido es todo lo contrario. El juzgado queda bajo mínimos justo cuando debe analizar si hubo negligencias en decisiones que afectaron a miles de ciudadanos. La coincidencia es demasiado perfecta para ser casual. Y demasiado grave para ser ignorada.
No es la primera vez que ocurre. La Comunitat Valenciana arrastra un historial que debería haber servido de vacuna democrática. El caso Fabra ya mostró cómo, cuando la Justicia se acerca demasiado al poder, el poder mueve las piezas necesarias para que la maquinaria se ralentice, se diluya o se desvíe. Cambios de jueces, relevos de fiscales, maniobras que, aunque revestidas de formalidad, generaron una sombra de sospecha que nunca llegó a disiparse del todo. Aquella experiencia dejó una lección amarga: la independencia judicial puede ser frágil cuando un partido controla durante años las instituciones clave.
Hoy, esa sensación regresa. El PP insiste en que todo responde a criterios técnicos, pero la ciudadanía no es ingenua. Sabe reconocer cuándo una institución se refuerza y cuándo se vacía. Sabe distinguir entre una administración que facilita la transparencia y otra que la obstaculiza. Y sabe, sobre todo, que la Justicia no puede funcionar si se la deja sin herramientas.
El problema no es solo lo que ocurre en un juzgado concreto. Es la deriva que revela. Una democracia madura exige que quienes gobiernan acepten el escrutinio, incluso cuando es incómodo. Lo contrario (utilizar el poder institucional para blindarse) erosiona la confianza pública y alimenta la idea de que la ley no pesa igual para todos.
La resolución, firmada el pasado 7 de abril por la directora general de Justicia, María José Adalid, explica que por parte del departamento autonómico dirigido por la consellera Nuria Martínez “se ha considerado no prorrogar los refuerzos” a los órganos judiciales valencianos vigentes desde el pasado 1 de enero, entre ellos al juzgado encargado del procedimiento de la dana. El documento acuerda que el próximo 30 de junio las cuatro funcionarias abandonen el juzgado de la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, que investiga los 230 presuntos homicidios imprudentes acaecidos el 29 de octubre de 2024, con la obligación de consumir los días pendientes de vacaciones y de asuntos propios antes de esa fecha.
Según eldiario.es, se trata de las funcionarias que dan apoyo a la instrucción del complejo procedimiento, prorrogado hasta el próximo 30 de octubre, y que dependen de la Conselleria de Justicia. Además, las gestoras y tramitadoras están familiarizadas con la extensa causa, con varios centenares de piezas de fallecimientos y en el marco de la cual han declarado más de medio millar de testigos y perjudicados.
Por su parte, la instructora cuenta con un refuerzo en su juzgado, acordado por el Consejo General del Poder Judicial, que asegura su dedicación exclusiva a la causa de la dana.
El caso Mazón será, con el tiempo, un episodio más o menos relevante. Pero la forma en que se gestione marcará algo mucho más profundo: la credibilidad de las instituciones. Y hoy, lamentablemente, esa credibilidad vuelve a estar en riesgo.