Pedro Sánchez y el sanchismo han convertido el crecimiento macroeconómico en la pieza central de su relato político, pero los datos más recientes de la OCDE muestran una realidad mucho menos complaciente: España sigue encabezando el paro entre los países avanzados y, al mismo tiempo, figura entre las grandes economías donde menos avanzan los salarios desde 2021. Esa combinación no es un accidente estadístico, sino la evidencia de un modelo que puede exhibir indicadores absolutos favorables mientras deja atrás a buena parte de las familias trabajadoras.
La distancia entre el discurso del sanchismo oficial y la vida cotidiana se ha ensanchado. Moncloa y Ferraz hablan de recuperación, de empleo resistente y de una economía que avanza, pero la radiografía internacional dibuja otra escena: salarios reales en retroceso, poder adquisitivo dañado y una productividad estancada que frena tanto la inversión como la mejora de las nóminas. En otras palabras, España crece, pero ese crecimiento no se traduce en bienestar suficiente para una mayoría social que sigue sintiendo la presión del alquiler, la cesta de la compra y la incertidumbre laboral.
Propaganda macroeconómica que no baja a la calle
La primera gran contradicción es política antes que técnica. Pedro Sánchez ha buscado capitalizar el crecimiento del PIB, la creación de empleo y la aparente fortaleza de la economía española frente a otras de la zona euro. Sin embargo, la macroeconomía es una fotografía engañosa si no se acompaña de una mejora visible en la renta de los hogares. La OCDE indica que España está entre los pocos países donde la retribución real retrocede desde 2021, descontada la inflación, justo cuando el Ejecutivo insiste en que la economía va mejor que nunca.
Ese contraste fulmina el mensaje de la propaganda sanchista. La prosperidad no se mide solo en cifras absolutas, sino en la capacidad real de las familias para mantener su nivel de vida. Y ahí el balance de los años de gobierno de Pedro Sánchez es muy pobre: los salarios reales han caído un 2% desde comienzos de este año respecto al inicio de 2021 y no se prevé una recuperación del poder adquisitivo ni en 2026 ni en 2027. Para el Gobierno, el problema no es únicamente económico; es de credibilidad.
Paro alto y salarios bajos: la trampa del sanchismo
El informe de la OCDE insiste en una idea que desmiente la lectura más cómoda del Ejecutivo: paro elevado y salarios bajos no son fenómenos incompatibles, sino complementarios. De hecho, suelen reforzarse mutuamente. Cuando hay mucha mano de obra disponible, las empresas tienen más capacidad para contener sueldos; cuando los sueldos se estancan, muchas personas desempleadas encuentran menos incentivos y menos margen para reincorporarse con rapidez al mercado laboral.
Ese círculo vicioso explica parte de la atonía española. No basta con crear empleo si ese empleo no mejora suficientemente las condiciones de vida ni empuja al alza la productividad. Tampoco basta con anunciar avances si el mercado laboral sigue ofreciendo una base salarial demasiado débil para sostener prosperidad. España ha logrado reducir ciertas tasas de desempleo respecto a sus peores momentos, pero sigue muy lejos de resolver el problema de fondo: demasiados puestos de trabajo precarios para una economía que aspira a presentarse como moderna y competitiva.
El gran bloqueo
El gran obstáculo estructural no es solo el desempleo, sino el estancamiento de la productividad. Ahí se explica una parte esencial de la divergencia entre la narrativa política y la realidad material. Cuando la productividad avanza poco, las empresas tienen menos margen para subir salarios de forma sostenida y para invertir con fuerza en nuevas capacidades. El resultado es una economía atrapada en una zona gris: suficiente para presumir de crecimiento, insuficiente para repartir prosperidad de forma tangible.
Pedro Sánchez suele recurrir a la reforma laboral, al aumento del salario mínimo y al dinamismo de algunos sectores como prueba de éxito. Pero la OCDE recuerda que los salarios más bajos pueden subir mientras el conjunto de la masa laboral permanece estancado o retrocede en términos reales. Esa es la clave incómoda. Se puede mejorar el suelo, pero si el techo no se mueve y la mayoría se queda casi igual, la sensación social no es de progreso sino de inmovilidad.
El salario mínimo no basta
El informe reconoce que los salarios más bajos han mejorado en varios países gracias a las subidas del salario mínimo decididas por los gobiernos, incluida España. Pero también advierte de que, al mismo tiempo, se ha producido un estancamiento aún mayor en los salarios reales de buena parte de la fuerza laboral. Esa combinación deja al descubierto una paradoja política: subir el mínimo puede aliviar situaciones de pobreza laboral, pero no resuelve por sí solo el deterioro general del poder adquisitivo.
Sánchez puede reivindicar que protege a los sectores más frágiles, pero si una parte enorme de la clase trabajadora siente que no le alcanza la mejora, el relato de justicia social se debilita. La política de rentas no puede descansar solo en gestos correctores; necesita una base productiva capaz de sostenerlos. Sin esa base, la subida del salario mínimo se convierte en una medida útil pero insuficiente.
La receta nórdica y la realidad española
La OCDE vuelve a mirar hacia el modelo danés como referencia de políticas activas de empleo. La lógica es conocida: más flexibilidad para contratar y despedir, más recursos públicos para acompañar al desempleado y facilitar su reincorporación rápida al trabajo. Es una fórmula que puede mejorar la eficiencia del mercado laboral, pero exige capacidad fiscal, una administración muy eficaz y un consenso político difícil de construir.
España, en cambio, mantiene un sistema donde el despido resulta relativamente costoso para las empresas y eso contribuye a contener contrataciones. El problema es que tampoco ha desarrollado con suficiente intensidad el otro lado del modelo: un apoyo público robusto al desempleado y una reincorporación rápida y eficaz. El resultado es una solución incompleta. Se restringe la flexibilidad empresarial sin desplegar plenamente el colchón social que haría viable ese equilibrio.
Aquí aparece una de las grandes limitaciones del discurso gubernamental. El Ejecutivo presume de haber protegido más a los trabajadores, pero los datos de la OCDE sugieren que esa protección no se ha traducido en una mejora suficiente de salarios reales ni en una reducción convincente del paro estructural. La promesa de estabilidad, por ahora, sigue sin materializarse del todo.
La España sanchista crece, pero no reparte
La frase que mejor resume el problema es simple: España crece, pero no reparte bien. El PIB puede avanzar, el empleo puede aumentar y el Gobierno puede exhibir titulares favorables, pero si los salarios reales retroceden, la fotografía final es regresiva para millones de hogares. Esa es la gran fisura del relato oficial.
La economía española está generando una sensación de desenganche entre la estadística y la experiencia cotidiana. A ojos de muchos trabajadores, el país funciona mejor en la pantalla de los indicadores que en el monedero. Esa percepción no es un detalle de comunicación: es una señal de alerta política. Cuando una mayoría siente que la prosperidad existe en abstracto pero no en su vida, la confianza en el Gobierno cae aunque las cifras generales parezcan positivas.
El riesgo político para Sánchez
Para Pedro Sánchez, el riesgo es evidente. Sostener un discurso triunfalista mientras la OCDE certifica salarios reales en retroceso y desempleo alto deja al Gobierno expuesto a una acusación difícil de neutralizar: la de vivir en una economía de vencedores estadísticos y perdedores sociales. Esa brecha es especialmente peligrosa porque afecta al corazón del contrato electoral de la izquierda gobernante.
El Ejecutivo puede argumentar que ha evitado peores daños, que ha contenido la crisis y que ha mejorado algunos indicadores. Pero eso no basta cuando la sensación dominante en muchas familias es que el crecimiento no les llega. Y la política, al final, se decide tanto por los datos como por la experiencia vivida. Si el Gobierno no logra convertir el crecimiento en bienestar visible, su relato macroeconómico terminará sonando cada vez más desconectado.
España no carece de crecimiento. Lo que carece, según este informe, es de una traducción justa de ese crecimiento en salarios, productividad y oportunidades reales para la mayoría trabajadora. Esa es la diferencia entre una economía que presume y una sociedad que prospera. Y, hoy por hoy, esa brecha sigue abierta
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