El informe anual de la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos (CBO) ha caído con el peso de una sentencia a la pena de muerte. El diagnóstico del organismo público sobre la trayectoria fiscal norteamericana dibuja un horizonte desolador: en el peor de los escenarios, la deuda pública estadounidense se disparará dentro de una década hasta el 133,1% del Producto Interior Bruto (PIB), superando el récord histórico alcanzado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando la administración se endeudó masivamente para financiar la contienda global.
La principal economía del planeta cerrará este ejercicio de 2026 superando el 100,6% de endeudamiento sobre su PIB, encaminándose hacia una factura colosal de 62,2 billones de dólares en diez años. Lo verdaderamente alarmante de este colapso presupuestario no reside en una catástrofe imprevisible, sino en el resultado directo de una política económica deliberada.
Las bajadas masivas de impuestos para las grandes rentas impulsadas durante el mandato de Donald Trump, sumadas a la utopía de unos ingresos arancelarios insuficientes que apenas representan el 2,8% de los recursos federales, han dejado al Estado sin ingresos mientras el coste del servicio de la deuda se dispara debido a la subida de los tipos de interés. Este modelo de desmantelamiento de los ingresos públicos es exactamente el mismo espejo ideológico en el que se miran los programas económicos del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, la extrema derecha de Santiago Abascal y la estrategia de bajadas fiscales continuadas que encabeza Isabel Díaz Ayuso desde la Comunidad de Madrid.
La ilusión de la magia fiscal
El corazón del experimento trumpista descansa sobre una promesa tan seductora como falaz: la idea de que rebajar la presión fiscal a los grandes patrimonios e imponer barreras comerciales financiará por sí solo el funcionamiento del Estado. Los datos del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE) han terminado por demoler el mito.
A pesar de la retórica agresiva sobre el proteccionismo, los recursos obtenidos por la vía arancelaria han resultado insignificantes para cubrir el socavón presupuestario provocado por las deducciones fiscales a las grandes corporaciones y a los ricos. Con un déficit federal desbocado en el 6% del PIB en pleno ciclo de crecimiento económico y la rentabilidad del bono a diez años rozando máximos no vistos en casi un cuarto de siglo, la factura de los intereses netos engullirá casi cinco billones de dólares extra en la próxima década.
Esta misma dinámica es la que subyace en las propuestas tributarias de la derecha y la ultraderecha en España. El dogma de la deflactación de tramos, la supresión del impuesto sobre el patrimonio y las bonificaciones sistemáticas a las sucesiones de grandes fortunas, promovidas con virulencia por la Puerta del Sol e incorporadas a los programas de PP y Vox, replican punto por punto la arquitectura del colapso norteamericano.
Al mermar de forma estructural la capacidad recaudatoria del Estado en momentos de volatilidad internacional y tipos de interés elevados, la aplicación de estas medidas en España abocaría a las cuentas públicas a un abismo de endeudamiento que terminaría por comprometer la sostenibilidad del propio Estado del bienestar.
Golpe mortal a las clases medias y trabajadoras
Cuando las cuentas no cuadran y el coste de financiar la deuda engulle los Presupuestos Generales del Estado, la factura del ajuste nunca recae sobre las grandes fortunas que se beneficiaron de las exenciones. En el modelo estadounidense de Trump, el agujero fiscal se traduce de inmediato en un deterioro acelerado de la cobertura social, la sanidad pública y la red de protección a los colectivos vulnerables.
En el caso español, la importación de esta doctrina tributaria por parte del tándem PP-Vox y el ala dura representada por Ayuso supone una amenaza directa para el estándar de vida de la clase media y trabajadora. Las consecuencias de recortar los ingresos públicos para justificar el posterior repliegue del Estado ya son palpables en los servicios de titularidad autonómica.
La infrafinanciación de la sanidad pública, las demoras estructurales en la atención primaria y el trasvase de recursos hacia la red concertada y privada en regiones emblemáticas del modelo conservador prefiguran el escenario que se consolidaría a escala estatal. En un contexto marcado por la austeridad fiscal y los recortes en servicios públicos, las familias trabajadoras se ven obligadas a destinar una parte sustancial de sus salarios a sufragar seguros médicos privados, educación de pago y planes de pensiones complementarios, sufriendo una privatización encubierta que devalúa su salario real y multiplica la desigualdad social.
Deuda encarecida
La advertencia de la CBO sobre el impacto de la escalada de tipos de interés refleja otro factor crítico que los defensores de las rebajas fiscales masivas suelen ignorar: la vulnerabilidad ante los mercados financieros globales. La tensión bélica en Oriente Próximo, el mantenimiento del crudo en cotas elevadas y el exceso de apalancamiento han demostrado que los costes de financiación no van a ceder por arte de magia.
Estados Unidos, como emisor del dólar, cuenta con cierto margen de absorción; una economía integrada en la eurozona como la española, sin embargo, se enfrenta a riesgos colosales si decide dinamitar sus ingresos fiscales e incrementar el déficit estructural. La adopción de las recetas de la derecha dura situaría a España en una posición de fragilidad extrema ante los organismos reguladores europeos.
La imposición de reglas fiscales renovadas desde Bruselas obligaría a acometer drásticos recortes de gasto para compensar la pérdida de ingresos provocada por los beneficios fiscales a los sectores más opulentos. La desigualdad social por la política fiscal no es una consecuencia accidental de este modelo, sino su mecanismo funcional: transferir renta desde la base trabajadora hacia las élites financieras mediante un sistema tributario crecientemente regresivo.
Lección de urgencia para España
En última instancia, los datos oficiales emitidos por el propio Congreso norteamericano ofrecen una lección de urgencia para el debate político en España. La evidencia demuestra que la teoría del goteo y los recortes fiscales indiscriminados no generan crecimiento sostenible ni autofinancian el déficit; por el contrario, disparan la deuda a niveles propios de una economía de guerra y desmantelan el colchón social que protege a las mayorías.
La insistencia del PP, Vox y el modelo ayusista en replicar estas recetas en el contexto español no representa una vía hacia la prosperidad, sino un atajo directo hacia la fractura social y la insolvencia de los servicios públicos.
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