El asesinato de Miguel Ángel Blanco marcó un antes y un después en la historia democrática de España. Millones de personas salieron a la calle para enfrentarse moralmente a ETA. No lo hicieron porque fueran del Partido Popular, ni del PSOE, ni del PNV. Lo hicieron porque comprendieron que la democracia estaba siendo atacada y que el silencio ya no era una opción. Aquel fue el verdadero Espíritu de Ermua, un movimiento cívico que desbordó cualquier frontera partidista y que dejó a la banda terrorista más aislada que nunca.
José María Aznar ha aprovechado el vigésimo noveno aniversario del asesinato para reivindicar la actuación de su Gobierno. Recuerda que ETA utilizó la vida del joven concejal "como moneda de cambio para chantajear" al Ejecutivo y destaca que "la postura de firmeza del Gobierno no encontró contestación". Es una afirmación legítima. El Gobierno no cedió al ultimátum de la organización terrorista y aquella decisión forma parte de la historia de la derrota de ETA.
El problema comienza cuando ese recuerdo vuelve a presentarse como un relato casi exclusivo del Partido Popular. Porque Miguel Ángel Blanco no fue únicamente una víctima del PP. Fue una víctima de toda la democracia española. Su asesinato unió a ciudadanos de todas las ideologías, a instituciones, sindicatos, asociaciones y partidos que comprendieron que el terrorismo solo podía combatirse desde la unidad democrática.
Esa unidad fue mucho más amplia que cualquier gobierno y mucho más duradera que cualquier mayoría parlamentaria. Por eso resulta llamativo que cada aniversario termine convirtiéndose, una vez más, en un escenario donde el Partido Popular vuelve a colocarse en el centro del relato.
La memoria de las víctimas exige algo más que recordar el pasado. Exige también cierta coherencia con los hechos. Aznar reivindica hoy la firmeza de 1997, pero apenas un año después su propio Gobierno abrió contactos con ETA y autorizó acercamientos de presos durante el proceso que desembocó en la tregua de 1998. Aquel intento de diálogo fue defendido entonces por el propio Ejecutivo como una vía para explorar el final del terrorismo. Nadie puede borrar esa parte de la historia porque también ocurrió.
Eso no convierte en ilegítima la política antiterrorista de aquellos años. Lo que demuestra es que la realidad fue bastante más compleja que el relato simplificado que hoy pretende ofrecer el Partido Popular. La firmeza existió. También existieron negociaciones cuando el Gobierno creyó que podían contribuir al final de la violencia.
Lo preocupante no es recordar aquella etapa. Lo preocupante es seleccionar únicamente los episodios que resultan útiles para el discurso político actual.
En los últimos años el PP ha convertido la memoria de ETA en una herramienta de confrontación permanente. Bildu aparece una y otra vez como argumento central de cualquier debate político, incluso cuando el asunto nada tiene que ver con el terrorismo. La apelación constante al pasado ha terminado funcionando como un recurso electoral casi automático.
Ese uso partidista acaba produciendo un efecto perverso. Se habla más de ETA para desgastar al adversario que para explicar a las nuevas generaciones lo que realmente ocurrió. Y esa debería ser hoy la prioridad. Diversos estudios muestran que muchos jóvenes apenas conocen quién fue Miguel Ángel Blanco o qué significó su asesinato para la historia reciente de España.
La mejor defensa de la memoria no consiste en apropiársela. Consiste en enseñarla con rigor, sin convertir a las víctimas en patrimonio exclusivo de ninguna sigla. El documental estrenado estos días sobre aquellas cuarenta y ocho horas vuelve a recordar precisamente eso. El enorme movimiento ciudadano que nació en julio de 1997 fue mucho más amplio que cualquier partido político.
Miguel Ángel Blanco pertenece a la historia democrática de España, no a la estrategia electoral del Partido Popular. Cada vez que su nombre se utiliza para alimentar la confrontación partidista se debilita precisamente aquello que hizo tan extraordinaria la reacción de la sociedad española hace veintinueve años.
La grandeza de aquel momento residió en que millones de ciudadanos dejaron a un lado sus diferencias para defender un principio elemental. Ningún proyecto político puede construirse sobre el asesinato, el miedo y el chantaje. Quizá la mejor forma de honrar aquel legado sea dejar de utilizarlo como un arma arrojadiza y empezar a tratarlo, por fin, como un patrimonio democrático compartido.
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