El análisis simplista, como el que hizo Pedro Sánchez, indicaría que el ascenso sostenido de Vox suele explicarse como una importación tardía de la ola populista que recorre Occidente. Sin embargo, una mirada más fría sugiere una causa más doméstica y menos ideológica: la incapacidad deliberada del PP y del PSOE para articular una coalición fuerte y transversal que afronte las reformas estructurales que España necesita desde hace más de una década. En política, como en economía, los vacíos no duran mucho. Y Vox se ha especializado en ocuparlos.
España vive atrapada en un bipartidismo disfuncional. PP y PSOE siguen siendo los dos únicos partidos con dimensión de Estado, presencia territorial y capacidad real para gobernar en solitario o liderar mayorías. Pero ambos han optado por una estrategia de polarización rentable a corto plazo, aunque corrosiva a largo. En lugar de cooperar en los grandes consensos (financiación autonómica, sostenibilidad del sistema de pensiones, mercado laboral, vivienda, transición energética, modelo territorial), prefieren presentarse mutuamente como amenazas existenciales. El resultado es una paradoja: cuanto más se demonizan entre sí, más espacio conceden a quien se presenta como la única alternativa “antisistema”.
Vox no crece a pesar del PP y del PSOE, sino gracias a ellos.
La negativa casi ritual a explorar una gran coalición reformista, incluso limitada en el tiempo y en el programa, ha convertido la política española en un juego de suma cero. El mensaje implícito es devastador: si el adversario gobierna, el país se arruina; si no gobierna nadie con mayoría clara, mejor bloquearlo todo. Este marco no solo normaliza la parálisis, sino que legitima el discurso de Vox según el cual el sistema está diseñado para proteger a una élite política incapaz de resolver problemas reales.
El PP, en particular, ha cometido un error estratégico recurrente. En lugar de consolidarse como una derecha conservadora homologable a la CDU alemana o a los republicanos de verdad, no a la secta MAGA de Trump, ha preferido competir con Vox en el terreno cultural y simbólico, endureciendo su discurso sobre inmigración, memoria histórica o feminismo. Cada guiño a ese electorado no lo recupera: lo valida. Vox no necesita ganar debates; le basta con que sus marcos mentales se filtren en el discurso dominante.
El PSOE, por su parte, ha alimentado el fenómeno desde el otro flanco. Su dependencia de alianzas frágiles y heterogéneas —con partidos nacionalistas e independentistas— refuerza el relato de Vox sobre un Estado “secuestrado”. Aunque muchas de esas alianzas sean perfectamente constitucionales, la ausencia de un acuerdo de Estado con el PP convierte cada concesión parlamentaria en munición para la extrema derecha. El mensaje que llega a una parte del electorado es simple: la gobernabilidad depende de minorías que no creen en el proyecto común.
Mientras tanto, las reformas estructurales siguen aplazándose. España encara una combinación especialmente delicada: envejecimiento acelerado, baja productividad, déficit de vivienda asequible, un mercado laboral dual y una administración territorial crónicamente tensionada. Ninguno de estos desafíos se resuelve con mayorías precarias ni con decretos de urgencia. Requieren estabilidad, horizonte temporal y costes políticos compartidos. Exactamente lo que una coalición PP-PSOE podría ofrecer y exactamente lo que ambos rehúyen.
La experiencia internacional es clara. En Alemania, las grandes coaliciones fueron impopulares, pero blindaron reformas clave y aislaron durante años a la extrema derecha. En los países nórdicos, los acuerdos transversales en pensiones, educación o energía redujeron el atractivo de opciones antisistema. En España, en cambio, la cooperación se presenta como traición, no como responsabilidad.
Vox ha entendido mejor que nadie esta dinámica. Su discurso no gira tanto en torno a propuestas concretas como a una idea fuerza: el sistema no funciona porque quienes mandan no se ponen de acuerdo en nada que no sea repartirse el poder. Cada bloqueo presupuestario, cada reforma descafeinada, cada investidura agónica refuerza esa tesis. El partido no necesita gobernar; le basta con esperar.
Paradójicamente, la gran coalición que PP y PSOE descartan por “imposible” es la única capaz de frenar a Vox de forma estructural. No mediante cordones sanitarios retóricos, sino demostrando que la política sirve para algo más que para sobrevivir electoralmente. Un acuerdo limitado —por ejemplo, para cuatro reformas clave y una legislatura acotada— desactivaría buena parte del resentimiento que alimenta a la extrema derecha.
El coste, por supuesto, sería alto. Ambos partidos tendrían que renunciar a relatos cómodos, asumir decisiones impopulares y compartir méritos. Pero el coste de no hacerlo es mayor: la normalización de Vox como árbitro permanente del sistema, ya sea como socio implícito del PP o como antagonista necesario del PSOE.
España no es un país especialmente proclive al extremismo. Lo que sí es es un país cansado de la inacción. Mientras PP y PSOE sigan prefiriendo el conflicto identitario a la cooperación reformista, Vox seguirá creciendo no como una anomalía, sino como una consecuencia lógica.
En política, como en los mercados, la falta de confianza se paga cara. Y hoy, la factura la está capitalizando la extrema derecha.