En su edición de ayer, Infolibre publicaba un interesante artículo firmado por Cristina Papin bajo el título Contratos públicos millonarios (y opacos) para el entramado empresarial del cuñado de Feijóo. El análisis trata de airear las jugosas adjudicaciones que empresas ligadas al clan familiar de Feijóo han obtenido del Gobierno gallego en los últimos años (incluidos los que el actual dirigente popular pasó como máximo responsable del Ejecutivo autonómico).
Papin publica que “la comisión de investigación del Congreso sobre los contratos de emergencia durante la pandemia (creada por el Pleno el 21 de marzo de 2024 y formalmente constituida el 2 de abril de 2024) incluyó entre sus primeras actuaciones un requerimiento exhaustivo de documentación a la Xunta de Galicia. Este requerimiento abarcaba los expedientes de Universal Support, Sum Talk Iniciativas y Nervo Group, empresas vinculadas al entorno familiar de Alberto Núñez Feijóo, presidente autonómico durante los años investigados”.
Según la articulista de Infolibre, “la comisión pidió contratos, adjudicaciones, comunicaciones internas y cualquier documento acerca de la relación entre la Xunta y el entramado empresarial del cuñado de Feijóo, Ignacio Cárdenas Botas. Sin embargo, como ya había sucedido en la comisión de investigación del Parlamento gallego, la documentación remitida fue calificada de parcial e incompleta”. Y es que falta una inmensa cantidad de documentos. “Más de 1.100 contratos menores adjudicados al Grupo Eulen (donde la hermana de Feijóo desempeña un cargo directivo) no fueron enviados a la comisión. En los contratos que sí se remitieron, el objeto aparece en muchos casos bajo la etiqueta genérica de ‘otros’, imposibilitando conocer qué bienes o servicios se estaban financiando con dinero público. Esta opacidad alimentó las sospechas de un intento deliberado de limitar el alcance del control parlamentario”, añade la autora.
La información confirma lo que Sabemos/Diario16 ha venido publicando en los últimos años sobre los contratos públicos adjudicados a la familia Feijóo. Ahora bien, resulta muy grave que una comisión de investigación solicite toda la información a una comunidad autónoma como la gallega y esta remita solo lo que le interesa, escamoteando lo que presuntamente le perjudica.
La comisión de investigación del Congreso continuó con peticiones adicionales y comparecencias centradas en los contratos realizados durante la pandemia, situando el caso gallego entre los más cuestionados por su volumen, urgencia y vínculos familiares. En Galicia, la oposición reclamó en varias ocasiones que la Xunta completara la entrega de documentación, incluidos los más de 1.100 contratos menores omitidos, pero la mayoría absoluta del PP bloqueó cualquier nuevo requerimiento.
La escandalosa noticia llega el mismo día en que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dictado sentencia condenatoria por la construcción del muro de seguridad en el chalé de Moaña de los Feijóo. La casa fue vendida en cuanto aparecieron los primeros rumores y titulares de prensa sobre el famoso muro, y ahora los magistrados del TSJ, pese a que el inmueble tiene nuevo dueño, subrayan que ese paredón es ilegal por altura y ocupación de espacio de cesión y no encuentran “motivo alguno para mantenerlo con base a una hipotética situación de seguridad” al haberse vendido a otra persona sin responsabilidades públicas. Si ese chalé fuese propiedad de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, a ambos se les hubiese metido ya la perpetua. Es evidente que un juez Peinado se pondría las botas con este turbio asunto de fácil bocado, pero no hay togado con arrestos para indagar en el patrimonio de un candidato conservador a presidente del Gobierno que viene ya manchado de su tierra por sus infames relaciones de amistad con un capo de la droga.
La Justicia de este país es eminentemente conservadora, además de selectiva, y ve la paja en el ojo ajeno socialista, pero no la viga en el ojo propio. Aplica el microscopio cuando el sanchismo está por medio, hace la vista gorda cuando hay un asunto peligroso para el PP. El caso Eulen es un expediente que apesta por los cuatro costados, y no solo afecta a los anteriores gobiernos de Feijóo, también al actual mandatario popular, Alfonso Rueda. Hace falta mucha luz y mucho taquígrafo para poner orden en ese maremágnum de contratos que podrían haberse otorgado a dedo, al margen de los procedimientos establecidos en la ley del Estado. Por desgracia, mucho nos tememos que no se pondrá ni la luz, ni los taquígrafos necesarios a este affaire. Se correrá un tupido velo y aquí paz y después gloria.