En la segunda sesión del juicio contra el fiscal general del Estado, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso insistió en que se vio en “la obligación” de difundir a la prensa un correo relacionado con las negociaciones entre la defensa de Alberto González Amador y la Fiscalía. Dijo haber deducido que esas conversaciones se frenaron por “órdenes de arriba” y reconoció que no tenía pruebas. La declaración encaja con un patrón político ya conocido: la verdad se trata como un recurso moldeable y la narrativa como herramienta prioritaria de gobierno.
Lo que quedó claro en la sala no fue solo lo que dijo, sino desde dónde lo dijo. Miguel Ángel Rodríguez habló instalado en una posición de superioridad tranquila, como quien considera que su papel excede el puesto que ocupa. No explicó hechos: los encuadró. No defendió una decisión: la normalizó. Convirtió la filtración de un correo en un acto obligado, casi rutinario, amparado en una lógica que lleva años construyéndose alrededor de la presidenta madrileña: lo que afecta a ella justifica cualquier movimiento, porque toda crítica hacia su figura se interpreta como una agresión al propio “modelo Madrid”.
No es una defensa jurídica. Es estrategia comunicativa en directo. Su audiencia no estaba sentada en el estrado, sino en los pasillos de los medios, en las sedes del PP, en los votantes que ya dan por hecho que la política es contienda permanente y que cualquier institución puede ser tratada como actor contrario si no acompaña la conveniencia del momento.
Un relato que funciona porque es estable
La clave está en cómo Rodríguez describe su actuación: dice que “se vio obligado” a filtrar para contrarrestar lo que él consideró una información dañina. Esa expresión no apunta a un impulso, sino a una gramática política asumida: existe siempre un “ellos” y un “nosotros”. Y en ese marco, filtrar no es vulnerar una investigación, sino responder a una agresión.
La frase sobre las supuestas “órdenes de arriba” no nace de un dato, sino de una utilidad. No importa demostrarla: basta con instalarla. La veracidad deja de ser condición y pasa a ser, como mucho, un elemento accesorio. La repetición, en cambio, es la herramienta. El problema no es la hipótesis. Es la naturalidad con la que se pronuncia.
La lógica es sencilla y eficaz: si se consigue que el foco se desplace del fraude fiscal a la idea de una persecución política, la conversación pública deja de tratar de delitos y empieza a tratar de lealtades. Ahí la filtración no es una anomalía, es el método.
La protección como estructura colectiva
Rodríguez afirmó que se reunió con los abogados de González Amador porque todo lo que afecta a la reputación de la presidenta forma parte de sus funciones. Esa frase es central. No por su contenido, sino por lo que revela: la frontera entre lo personal y lo institucional no existe en este esquema.
El poder autonómico se organiza para blindar a quien lo encarna.
La estructura administrativa no se presenta como independiente, sino como un dispositivo al servicio de una figura política concreta.
La operación tiene varias capas:
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Se redefine la función institucional para justificar la intervención.
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Se desplaza el foco del hecho (un fraude fiscal) hacia el relato (una conspiración).
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Se teje una red de protección vertical que opera sin fricción visible.
Nada de esto es improvisado. Nada responde al calor del momento. Ayuso sostiene el marco emocional —la idea de una presidenta atacada por motivos políticos—. Rodríguez gestiona la ofensiva —el desprestigio, la simplificación, la acusación—. El PP nacional guarda distancia mientras observa el rendimiento electoral del modelo. La disciplina no nace de la dirección, sino del temor a romper un equilibrio interno evidente.