La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha elaborado un informe sobre la participación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en su famoso máster para la Universidad Complutense de Madrid (UCM), según informa El Diario Vasco por fuentes de la agencia Colpisa. La información, todavía preliminar, se ha enviado al juez del caso, Juan Carlos Peinado. Pero cabe preguntarse si es procesalmente ajustado a Derecho que el informe de un organismo administrativo, bajo control de la Comunidad de Madrid dirigida por Ayuso, se aporte a una causa que ya se ha terminado con el auto de procesamiento del magistrado instructor y que está pendiente de juicio con jurado.
“Se prescindió totalmente del procedimiento administrativo establecido”, asegura el informe de la Cámara de Cuentas. Según El Diario Vasco, Intervención de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se refiere así al pago de 24.200 euros a Making Science por trabajos vinculados al software de la cátedra de Begoña Gómez, aunque la UCM autorizó finalmente el abono porque el servicio ya estaba prestado y para evitar un “enriquecimiento injusto” de la Administración.
“Este órgano ha incorporado a su programa de trabajo la fiscalización de los contratos formalizados por la cátedra de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Universidad Complutense, dirigida por la esposa de Sánchez, después de que así lo solicitara la Asamblea de Madrid, donde el PP de Isabel Díaz Ayuso tiene mayoría absoluta y ha acabado por abrir otro frente, esta vez administrativo, a la esposa del jefe del Ejecutivo”, añade el citado medio.
“La documentación, fechada el 19 de mayo y a la que ha tenido acceso este periódico, identifica seis pagos relacionados con el controvertido software investigado por el juez Juan Carlos Peinado por un importe total de 90.992 euros. Son gastos incluidos dentro de la reclamación de daños y perjuicios presentada por la Complutense como actor civil por la presunta apropiación indebida de la plataforma ligada a la cátedra”, según El Diario Vasco.
“El órgano fiscalizador –explica la información enviada al juez, que pretende sentar en el banquillo, ante un jurado, a la mujer de Sánchez– solicitó a la universidad una relación de todos los contratos celebrados para el funcionamiento y desarrollo de la cátedra desde su creación, así como un informe complementario que identificara los expedientes afectados por las denuncias contra su directora. La respuesta de la UCM acota dos planos: por un lado, los contratos directamente vinculados al software cuya presunta apropiación investiga Peinado; por otro, otros gastos menores asociados al desarrollo de la plataforma y al máster propio de Transformación Social Competitiva”.“El bloque principal de la documentación se concentra en Deloitte Consulting y Making Science. La Complutense señala dos expedientes adjudicados a Deloitte relacionados con la plataforma de gestión y medición de impacto para pequeñas y medianas empresas. Uno de ellos asciende a 60.500 euros, IVA incluido, y fue tramitado mediante procedimiento abierto simplificado. El segundo bloque corresponde a Making Science Group, que emitió una factura de 24.200 euros, IVA incluido, por trabajos ligados al desarrollo de la plataforma”, añade El Diario Vasco.
Fuentes judiciales aseguran que el informe ya no podrá ser integrado en el sumario, pero sí podrá aportarse en su fase procesal oportuna, es decir, durante la vista oral. Pero la batalla jurídica está servida. Es previsible que la defensa de Begoña Gómez impugne el dosier de la Cámara de Cuentas.
No es la primera vez que un organismo bajo control de Ayuso toma parte en el caso contra la esposa del presidente del Gobierno. De hecho, la presidenta madrileña impulsó una comisión de investigación parlamentaria en la Asamblea de Madrid, pero no tuvo efectos sobre la causa judicial, que depende exclusivamente de los tribunales. El PP quiso llevar a Pedro Sánchez a comparecer en la comisión de investigación regional parlamentaria. Sin embargo, el jefe del ejecutivo del Estado no acudió porque la ley le amparaba.
El informe de la Cámara de Cuentas prosigue. “La Intervención de la UCM advierte, en el caso de Making Science, de que la contratación prescindió del procedimiento administrativo previsto para un contrato de servicios que superaba el umbral de la contratación menor. La universidad terminó autorizando el pago porque la prestación ya había sido recibida y para evitar un enriquecimiento injusto de la administración, uno de los puntos que también ha sido señalado por la UCO en su reciente informe sobre la cátedra”, añade el Correo.
“Junto a esos dos grandes proveedores, la Complutense incluye otros tres contratos menores vinculados al desarrollo de la plataforma prevista en el convenio de la cátedra, aunque imputados al fondo del máster propio. Se trata de 3.025 euros abonados a Myriam Maneyro por el diseño y arte final de la identidad de marca de la plataforma TSC; 1.452 euros pagados a Lowpost por contenidos para el área pública y la plataforma; y 1.815 euros a Flat 101 por servicios de posicionamiento SEO”.
“La suma de esos contratos y gastos eleva a 90.992 euros el perímetro económico que la universidad identifica en relación con el proyecto digital. Es el mismo software que centra una de las acusaciones más delicadas contra Begoña Gómez: la posible apropiación indebida de una plataforma desarrollada en el marco de una cátedra extraordinaria de la Complutense y conectada después, según la Guardia Civil, con la sociedad privada Transforma TSC SL, administrada por la esposa del presidente”.
La Cámara de Cuentas no formula todavía conclusiones sobre la regularidad de esos pagos. Su actuación se encuentra en fase de fiscalización y se limita, por ahora, a recabar la relación de contratos y documentación económica. Pero la apertura de esta revisión introduce un nuevo foco institucional sobre la cátedra, paralelo a la investigación penal que dirige Peinado y al análisis policial de la UCO sobre los contratos, la plataforma, la propiedad intelectual y el papel de la sociedad privada creada por la investigada.